Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, marzo 2024

Lanzamiento

Desde el actual gobierno del Estado nacional, se busca imponer, con prácticas intimidatorias, un modelo de sociedad basado en un individualismo egoísta que nos somete a las reglas salvajes del mercado para una brutal extranjerización de los recursos en beneficio de grandes corporaciones.

El menoscabo de nuestra soberanía se constata en los temerarios proyectos normativos impulsados por el Poder Ejecutivo nacional, en el industricidio, en la financierización, y en la primarización económica. Para ello, se excluye cualquier posibilidad de armonía política y social. No puede haber paz sin justicia social.

Una potencial destrucción de la Argentina que conocemos se evidencia en las explícitas políticas de atacar, desmantelar o liquidar cualquier herramienta estratégica de independencia, y cualquier ámbito de articulación colectiva. Se trata de dividirnos, aislarnos, terminar con todas las formas de representación organizada o simbólica.

Frente a esto, nos constituimos como grupo de acción política para responder al desafío que plantea la deshumanizadora ofensiva liberal-libertaria que pone en jaque la existencia misma de la Argentina.

Provenimos del mundo del trabajo, de la academia y del compromiso con la política para lograr el bienestar. Reivindicamos la política, la entendemos como herramienta para mejorar la vida del pueblo en el marco de un proyecto de Nación. Para nosotros, ni el mercado ni el Estado son fines en sí mismos.

Ante el actual escenario, reconocemos e impulsamos el actuar desde una imprescindible centralidad sindical. Basamento estructurador para promover la convergencia de actores que pongan freno a este proyecto desintegrador de nuestra Patria. Colegimos que, la CGT debe ser el actor aglutinador para la reconfiguración política que se necesita.

Nos proponemos, desde el propio compromiso individual y colectivo, acompañar, aportar e impulsar, propuestas y acciones que, contribuyan a la necesaria transformación que se requiere en la crisis que nos aqueja como Nación.

No luchamos por el Estado. Luchamos por la Nación. El Estado es un instrumento para la transformación, no un fin en sí mismo. Luchamos como pueblo, porque queremos ser Nación. La Nación es el pueblo que defiende los intereses nacionales.

La libertad no se limita a lo económico. La libertad sin unión e independencia es solo una farsa en favor de los más poderosos. Los intereses del pueblo deben ser los intereses de la Nación; y los intereses de la Nación deben reflejarse en la calidad de vida del pueblo. Así recuperaremos nuestra identidad, y nos encontraremos como nosotros mismos.

Nos constituimos como parte del pueblo al que pertenecemos. Por nuestro pasado, que es la historia que nos atraviesa y nos enseña a ser independientes; para contribuir a un presente más justo que nos permita una vida con dignidad; por un futuro como Nación soberana.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, abril 2024      

¿Pacto o compacto de poder unipersonal?  

El pomposamente denominado Pacto de Mayo, más que tratarse de un pacto producto de negociaciones y acuerdos podría ser definido como un contrato de adhesión (o de un pacto por adquisición hobbesiano) dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional. Es sabido que, en los contratos de adhesión, no se puede modificar el acuerdo que se propone a quien lo firmará y, en los pactos por adquisición, lo que ceden los que contratan es su propia libertad. 

Abonando lo anterior, el pacto tiene un contenido autorreferencial liberal-libertario, nombre que traiciona el tradicional sentido emancipatorio y revolucionario de esta última palabra. Más que un pacto, es una jugada táctica del Poder Ejecutivo nacional para ganar tiempo que le juegue a favor en la continuidad del brutal ajuste y transferencia de riqueza en favor del poder corporativo concentrado en Argentina.

Busca consolidar la transformación drástica en favor de sus paradigmas anarco-capitalistas, que nada tienen que ver con el anarquismo y sí mucho con el más salvaje de los capitalismos. Se retroalimenta en la destrucción social y económica de las mayorías.

El tiempo dilatorio que otorgue el pacto, solo favorece al gobierno nacional en la consolidación de su poder político y de su proyecto expoliador. Es un paso más en su camino reaccionario a consolidar el control totalizador de quienes detentan el poder real en Argentina.

Hablamos de poder real. Nunca tan bien utilizado este concepto, de origen monárquico, en vista del proyecto del gobierno para el desmantelamiento de los poderes democráticos.

El pacto propuesto por el gobierno nacional genera un escenario para facilitar la instrumentalización del acuerdo difuso que no terminó de concretarse formalmente con la administración del PRO. Suscribir el pacto es atender los objetivos que comparten los sectores más reaccionarios. El problema de fondo es que las diferencias que esgrimen algunos gobernadores con el pacto, son solo de forma.

Así, podrán sumarse al pacto otros sectores conservadores que compartan el modelo de país que busca reconfigurar un orden jerárquico casi inamovible. No se trata entonces de “una” casta. Estamos ante un proyecto de “sociedad de castas”, con parias e intocables. Una nueva sociedad estamental.

Llama la atención la semejanza instrumental con los objetivos del consenso de Washington; y probablemente, lo tendrá con sus resultados catastróficos para nuestro país.

El pacto es economicista, sectario, reaccionario y excluyente. Es un ladrillo más en una muralla que no da lugar para trabajadores con derechos, y menos aún, para sus organizaciones representativas. Busca congelar al máximo  la inserción y movilidad social, distribuyendo en un sentido regresivo.

El pacto concentra el poder en una sola persona -y en los intereses que representa-. No da margen a debates o incorporaciones más allá del dogma liberal-libertario. Es generalista para poder ser desprotectorio de los más débiles (ej: la reforma laboral que menciona). Por ello, se dirige a un escenario menos democrático y más excluyente.

Paulatina y permanentemente, el gobierno nacional trata de “normalizar” el funcionamiento de la sociedad dentro de los cánones de la nueva derecha internacional. Si lo logra, habrá completado sus potencialidades autoritarias, legitimando un nuevo fascismo, o como se lo quiera llamar.

Por todo lo anterior, no alcanza con cuestionar el Pacto de Mayo. Hay que proponer otro tipo de acuerdo que, más que un pacto sean un plan, un programa, un proyecto alternativo de país. Un proyecto como el que impulsamos desde Ofensiva Nacional Democrática; para crecer y transformar en trabajo dependiente y tutelado el trabajo informal, los programas sociales, los desarrollos precarios de subsistencia a los que se ha debido recurrir.

Un proyecto que defienda la soberanía nacional en las tierras, en el mar y en el espacio, que se quieren enajenar por desinterés, desidia o intereses mezquinos.

Un proyecto nacional. Porque no alcanza con propuestas limitadas a lo provincial. No se puede ni se debe  desarticular nuestra organización como Nación. El eje central de las políticas debe ser lo nacional; no lo regional ni lo local aislados. Estos últimos, sin menoscabarlos, son necesarios pero complementarios, y siempre pueden ser convergentes.

Milei le va a dar al PRO lo que quiere formalmente, pero sin que ellos puedan administrarlo. Los va a ubicar en función de su proyecto. Va a evidenciar su complicidad en la profundización de la concentración y dependencia económica externa. Con este pacto, intentará comenzar a construir la mayoría que necesita para, paradójicamente, absorber y excluir cualquier oposición no sumisa.

El pacto desconoce los procesos históricos de la Argentina. Limita los contenidos constitucionales a considerar a la propiedad y el triunfo del capital. El pacto se orienta a un proyecto de país pre-industrial, primarizado y extractivista.

En línea con lo anterior, el pacto con las provincias, busca recortar sus facultades constitucionales en cuanto a sus recursos naturales. Se orienta a someterlas a la lógica de subordinación que licúa el sistema federal de gobierno. Es un modelo de centralización que, paradojalmente, no deja de apoyarse en oligarquías provinciales. Es el modelo de régimen que, cuestionaron y confrontaron; primero, el yrigoyenismo, y luego, el peronismo.

Es el modelo del llamado granero del mundo. Con riqueza para pocos, y estado de sitio, para la mayoría: el vigente en el centenario de la patria en 1910.

Es el modelo de la década infame en el que se falseaban balances de frigoríficos extranjeros para llevarse nuestra riqueza.

Es el modelo de la represión sistemática a los trabajadores.

Es el modelo de la apertura de las importaciones que destruyó a las pymes y a la clase media en la dictadura.

Es el modelo que llevó al estallido de 2001.

Ante esto, sostenemos que:

Si no hay diálogo, es difícil que haya un sistema republicano.

Si se mellan las autonomías provinciales, es difícil que haya federalismo.

Si se rechaza permanentemente al Congreso, es difícil que haya un sistema representativo.

Concluyendo, este gobierno nacional pone en crisis día a día, y cada vez más; la forma de gobierno representativa, republicana y federal.

Cabe entonces preguntarnos y preocuparnos: ¿por qué engendro político la pretende reemplazar?

Un verdadero acuerdo -marco y macro-, debe construirse con actores políticos, sociales y económicos. Debe contener, atender y encausar las distintas realidades regionales hacia un proyecto de Nación; en el que converjan, se armonicen y produzcan resultados que, mejoren nuestra calidad de vida, para el conjunto de la sociedad, no solo para minorías.

La confusión generada por la desesperación nunca puede dar buenos frutos. Avancemos en la consolidación de un proyecto de Nación, no en un proyecto de desintegración.

Ratificamos que la libertad no se limita a lo económico. La libertad sin unión e independencia es solo una farsa en favor de los más poderosos. Los intereses del pueblo deben ser los intereses de la Nación; y los intereses de la Nación, deben reflejarse en la calidad de vida del pueblo.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND) 

 Argentina, abril 2024                    

Pacto de Julio para la definitiva independencia con industrialización y justicia social 

Frente al dilatorio y excluyente Pacto de Mayo del gobierno liberal-libertario, se evidencia, para el Movimiento Nacional que, no alcanza con solo dar una respuesta contra-hegemónica, sino más bien, debemos avanzar en la construcción de una propuesta alternativa.  

Hablamos de un proyecto alternativo, superador y de reconstrucción nacional.

No se trata sólo de brindar una mera respuesta coyuntural ante los padecimientos que está atravesando nuestro pueblo y que se ciernen sobre nuestra Nación. 

Impulsamos la configuración de una instancia superadora e integradora, en términos políticos, sociales y económicos, para la defensa de los intereses nacionales. Estos intereses no son otros que los que deben garantizar una vida digna a nuestro pueblo. Vida digna que, se viene diluyendo día a día. 

Es menester entonces, recuperar conceptos que son propios del Movimiento Nacional; que emergen de las luchas llevadas adelante por San Martín, Rosas, Yrigoyen, Perón y el pueblo. Luchas por la independencia, la soberanía, la democratización y la justicia social. 

Recordando nuestras luchas históricas, enarbolamos viejas banderas que son más nuevas que nunca. Banderas que deben guiar y reconfigurar al debilitado Movimiento Nacional.  

Postulamos trabajar hacia una alternativa que permita la consolidación y construcción de un modelo de Nación como el que aspiramos: signado por la industrialización y con un manifiesto anclaje humanista sustentado en la justicia social.  

En tal sentido, enumeramos los siguientes 14 puntos que sintetizan -aunque no agotan- paradigmas que debemos recuperar, reconfigurar y profundizar, para una transformación que concrete la definitiva independencia de nuestra Patria.  

Precisamente, en homenaje a la Declaración de nuestra Independencia,  a este proyecto de integración y construcción colectiva,  lo denominamos Pacto de Julio; y proponemos: 

1. Garantizar la plena vigencia de la soberanía y la defensa de los intereses nacionales. 

2. Sostener la integridad territorial de nuestro país, rechazando la entrega o facilitación de la adquisición de nuestro territorio; especialmente, por parte de grandes empresas transnacionales y sus representantes.  

3. Defender el Mar Argentino, nuestros ríos, lagos y lagunas. A tales fines, resulta imprescindible que recuperemos la soberanía de todo nuestro complejo marítimo, fluvial, portuario,  y de la industria naval, y que se implementen políticas de Estado que estructuren  un plan nacional de transporte y logística, que promocione y materialice  la construcción de barcos en astilleros nacionales, nuestra marina mercante nacional, la navegación de nuestros ríos (en particular el Paraná y el Paraguay) con buques y trabajadores argentinos, y la ejecución de las obra estratégica del Canal Magdalena. 

4. Entender como una necesidad estratégica la industrialización de la Argentina, arbitrando las políticas que la favorezcan sin precarizar la vida de quienes trabajan. En tal sentido, reconocemos a las pymes como protagonistas imprescindibles para este proceso de reconstitución soberana al que aspiramos.  

5. Impulsar un pacto político para la reactivación y recuperación nacional, que sea el resultado de un diálogo social no sesgado por el desconocimiento de los conflictos subyacentes en el seno de nuestra sociedad, encausándolos en la construcción colectiva de un modelo de Nación. 

6. Armonizar los intereses sectoriales, en el marco del objetivo general representado por la definición de nuestro modelo de Nación; enmarcado por la construcción de una comunidad organizada en la que actúan, coexisten, debaten y colaboran: Estado, trabajo y capital. 

7. Defender e impulsar la actividad científica y la tecnología conveniente, entendida como la aplicada a nuestra realidad, y para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo. Esta es parte imprescindible e inescindible de un proceso de industrialización que, debe redundar en la consolidación de la justicia social. 

8. Sostener el modelo sindical argentino como herramienta estratégica en el marco de un modelo de Nación que, debe industrializarse con justicia social.  

9. Afirmar que, los problemas estructurales de la economía, no se solucionan con reformas laborales precarizadoras que, diluyen la tutela institucionalmente configurada por el derecho del trabajo y de la seguridad social. 

10. Reconstruir el sistema nacional de salud, donde las obras sociales sindicales son parte relevante, pero sin olvidarse que, el Estado debe hacerse cargo de su responsabilidades indelegables. Ello, para superar la fragmentación, la atomización y el abandono, promovida desde el gobierno nacional mediante una provincialización de hecho que desdibuja la integración nacional. 

11. Recuperar un sistema educativo nacional que se integre en sus contenidos fundamentales y en su financiamiento, en el nivel inicial, primario y secundario, sin desatender las diversidades locales.  

12. Defender las universidades nacionales, públicas y gratuitas. 

13. Iniciar un proceso de transformación de los programas sociales hacia el trabajo dependiente y tutelado. A tal fin, el Estado nacional deberá consultar a las entidades sindicales y empresariales, en un marco de concertación social; y articular con ellas, para llevar adelante el proceso tendiente a la laboralización de las relaciones precarias o precarizadas. 

14. Recuperar y desarrollar actividades y contenidos culturales que, en línea con todo lo anterior, contribuyan a nuestra identidad, y nos permitan proyectarnos como Nación soberana e independiente hacia el futuro.  

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND) 

Argentina, abril 2024 

Vacío, proyecto y unidad transformadora 

El vacío de propuestas y objetivos, ante la brutalidad del accionar del gobierno liberal libertario en Argentina, refleja también la confusión, al momento de definir los intereses que se deben representar desde el movimiento nacional. 

No hay negociación posible cuando se trata de un proyecto previamente estructurado que, podemos categorizar como de la nueva derecha, y que sigue las mismas reglas que esta en otras latitudes. 

Estamos frente a un proyecto de destrucción no solo de estructuras estatales; sino de lo público, lo colectivo y lo comunitario como forma de vida y de integración. Es un proyecto que no quiere ni puede negociar. Se sostiene en el odio de su visión sesgada, y de los intereses concentrados y antinacionales que representa. Busca normalizar la sociedad con una nueva reconfiguración institucional unívoca. Su propuesta es totalizadora y totalitaria. 

Estamos ante un cuestionamiento directo al sistema democrático, sea el nuevo proyecto catalogado como fascista, neofascista, o como se lo quiera llamar. 

No se trata de un problema político partidario, estamos ante la continuidad o la aniquilación de un modelo nacional que viene pujando por sobrevivir, y superar la producción primaria, la financiarización y el extractivismo. Un proyecto encuadrado en el Movimiento Nacional y que no ha podido terminar de completarse. 

Un modelo nacional que, sistemáticamente, no sólo es agredido por quienes los rechazan en función de sus intereses, más foráneos que locales, sino que viene siendo vaciado mediante defecciones, retrocesos, falta de instrumentalización de la doctrina declamada, y sobre todo, la pérdida del horizonte utópico y la pertenencia histórica. 

El debate es entorno a un modelo de Nación soberana con industria y trabajo; o un modelo anárquico, librado a las fuerzas salvajes del mercado, que fortalezca el poder de las grandes empresas y neutralice las posibles respuestas. Tanto desde lo estatal, así como desde las organizaciones de la sociedad civil u organizaciones libres del pueblo. 

Impulsamos una unidad transformadora para lanzar un desafío a la inercia que nos atraviesa, a la falta de acción de muchos y muchas que, deberían estar ejerciendo la representación que les dimos, para la defensa del pueblo y la Nación. 

Debemos converger hacia una unidad de acción desde el movimiento sindical, junto al movimiento estudiantil universitario, y los movimientos sociales. Son estas las fuerzas que pueden, primero resistir, y luego estructurar la reconstrucción que necesitamos para avanzar en un proyecto de Nación. 

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND) 

Argentina, mayo 2024 

Libertad… menos para los salarios 

Al tiempo que el ministro de Economía, Luis Caputo, planteaba la imposibilidad de homologar la paritaria del gremio de camioneros, el último dato del INDEC mostraba una caída real de los salarios del 18%. 

Camioneros había acordado un aumento del 25% para el sueldo de marzo y un 20% para el de abril. Aunque el final de la historia todavía es incierto, Caputo aseguró que no se homologará el convenio. “La paritaria tiene que tener una lógica", aseguró el titular del Palacio de Hacienda. Y al término de esa frase, retrucó: "Las paritarias son libres, pero la Secretaría de Trabajo funciona como regulador, tiene que homologarlas. ¿Por qué homologar algo que no tiene ningún sentido? Sería generarse un problema propio". 

Mientras tanto, el último informe salarial del INDEC exhibe que el problema se encuentra justamente en las remuneraciones. Cuando se comparan contra precios, a diferencia de lo que dice el ministro, la situación queda de manifiesto: a nivel interanual, los salarios en enero subieron 191,5%, contra un aumento de precios del 254,2%. Es decir, quedaron 62,7 puntos por debajo del IPC en el mismo período, una caída del 18% en términos reales. 

En el desagregado, las paritarias del sector privado en enero tuvieron aumentos importantes, algunos superiores al 20%. Sin embargo, contra enero de 2023 están un 13,9% abajo. A su vez, el sector público marcó una caída más pronunciada, exhibiendo una baja del 24,3% en el mismo período. 

Claramente, la estrategia del Gobierno es bajar la inflación y disciplinar a la sociedad a fuerza de recesión. La búsqueda de recuperar algo de esta caída se lleva muy mal con el objetivo oficial, por eso la resistencia a la homologación de acuerdos en tal sentido. El gobierno nacional ha decidido utilizar los salarios como ancla inflacionaria; la peor manera de bajar la inflación ya que afecta al crecimiento y la distribución de los ingresos, y genera pobreza. 

El Gobierno plantea un programa de estabilización a como dé lugar, caiga quien caiga, sin mensurar cuánto tiempo y en qué magnitud se mantendrá sin amenazar la sostenibilidad del programa. 

A casi cinco meses del inicio del gobierno de Javier Milei se observa una absoluta falta de predisposición a generar alguna política de ingresos. No hay intención de sentar a sindicatos o cámaras empresarias para intentar moderar el efecto de la devaluación y de la inercia inflacionaria en la puja distributiva. 

La estrategia del Gobierno se ha basado en deprimir salarios a fin de conseguir mejores saldos exportables y una caída en la actividad. Con sueldos a la baja, tras la devaluación, menos presión sobre la demanda agregada. 

Atribuirle la culpa de la inflación a los salarios es perverso cuando hay precios que subieron hasta 150% en solo cuatro meses. No hay dudas que están eligiendo que sea el salario el precio que quede atrasado.  

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND) 

Argentina, abril 2024 

Universidad pública y gratuita 

Desde la asunción del gobierno liberal las universidades nacionales están siendo atacadas en varios aspectos: se las acusa de adoctrinamiento, se difunden datos distorsionados sobre alta participación de estudiantes extranjeros, y el principal de todos, se ejerce sobre ellas una política sistemática de ahogo presupuestario. 

Para el ejercicio 2024 se prorrogó el presupuesto 2023 cuando la inflación acumulada anual es de 287 por ciento. Paralelamente, se eliminaron los subsidios que las Universidades tenían en los servicios públicos, por lo que gastos como electricidad o gas se cuadruplican mientras el presupuesto es el mismo. Muchas universidades están anunciando que tienen fondos para funcionar hasta mayo o hasta Junio. Peor es la situación de hospitales universitarios como los de la Universidad de Buenos Aires, ya que los medicamentos aumentaron entre un 800 % y 1000% aproximadamente. 

Estos hechos no son casuales cuando hay un gobierno con un proyecto de país que consiste en volver a la Argentina de 1900, que era un país con especialización productiva en materias primas que basaba su crecimiento en la exportación de las mismas sin agregarles valor. Era un país que tuvo un rápido crecimiento cuando los precios internacionales de la carne y la lana subieron, dando lugar a una clase alta minoritaria muy rica con gran mayoría de pobres. El esquema económico no era sustentable, por ser altamente dependiente de los precios internacionales, cuando éstos cayeron la Argentina entró en una grave crisis. 

En un proyecto de país que propone una estrategia de crecimiento en base a la exportación de materias primas (agro, minerales, litio, gas y petróleo) el sistema universitario, científico y tecnológico no es necesario, sobra. Pero también sobran 25 millones de argentinos. 

En cambio, en un país productivo, desarrollado y con movilidad social ascendente como el que propiciamos, estas son sólo algunas de las funciones que cumple el sistema universitario:  

• Formación: Las universidades son centros de enseñanza superior que forman profesionales altamente capacitados en diversas áreas del conocimiento. Estos egresados son las/os trabajadores que aportan el talento que impulsa el desarrollo económico, social y tecnológico de un país.  

• Investigación y desarrollo: Las universidades son centros de investigación donde se generan nuevos conocimientos, se desarrollan innovaciones y se crean patentes. Estos avances contribuyen al progreso científico, tecnológico y al desarrollo de soluciones para los problemas que afronta el país, contribuyendo al logro de la independencia económica.  

• Desarrollo regional y local: Las universidades suelen tener un impacto directo en el desarrollo de las regiones donde se encuentran, al ser fuentes de empleo, fomentar la actividad económica, y contribuir a la resolución de problemas locales a través de la investigación aplicada.  

• Movilidad social: La educación universitaria brinda oportunidades de ascenso social a los individuos, independientemente de su origen socioeconómico. Esto contribuye a reducir las desigualdades y a formar una sociedad más justa e inclusiva.  

• Formación de ciudadanos críticos y comprometidos: Las universidades no solo forman profesionales, sino también ciudadanos con pensamiento crítico, valores éticos y compromiso con el desarrollo sostenible del país. 

Por todo esto es fundamental que, estudiantes, profesores y trabajadores de las universidades defiendan al sistema universitario argentino, pero es clave también que no solo la comunidad universitaria, sino la sociedad en su conjunto, salga en defensa del sistema universitario. Convocamos a todas y todos a la movilización del 23/4. 

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND) 

Argentina, mayo 2024 

Modelo de desarrollo o modelo de industrialización 

Hoy, frente a un gobierno que defiende una lógica individualista deshumanizadora autodenominada como liberal-libertaria se verifica una ausencia de definiciones en campo popular. El debate fundamental respecto de qué intereses deben prevalecer en la Argentina es inexistente en la mayor parte de las discusiones políticas. 

La falta de conceptualizaciones sobre la pugna de intereses se pone en evidencia en la carencia de propuestas y proyectos, potenciada por el distanciamiento partidario de los espacios de poder. 

Como consecuencia de ambiciones mezquinas, abandonos doctrinarios, ausencia de formación política y debilitamiento de la vocación transformadora, y con la excusa de la necesidad de posicionarse tácticamente, se ha neutralizado toda proyección estratégica. 

Tampoco existe claridad perceptiva ni conceptual en torno a la caracterización de un modelo de Nación, ni sobre sus proyecciones, implicancias y objetivos superiores. A lo sumo, a veces se habla de modelos de desarrollo, pero nunca de modelo de industrialización. 

Nosotros no aceptamos que nos impongan cualquier tipo de desarrollo, queremos un modelo de industrialización. 

Salvo en determinados ámbitos sindicales y escasos espacios políticos, que detectan la gravedad de la hora en términos de supervivencia, ya casi no se recuerda el modelo argentino industrializador impulsado entre 1946 y 1955, pieza fundamental en la conformación de una Nación con soberanía económica. 

Reivindicarlo y recuperarlo es nuestro objetivo, porque sólo avanzando en un modelo industrializador de sustitución de importaciones dirigido prioritariamente al mercado interno permitirá el crecimiento sostenido de las capacidades productivas argentinas, y garantizará el pleno empleo, pieza fundamental de un proyecto en el que el crecimiento de la economía coincide necesariamente con el incremento del consumo de la producción nacional. Reivindicarlo y recuperarlo es nuestro objetivo, porque el modelo argentino industrializador fue y será el modelo de la soberanía económica. 

Es por eso que el pensamiento liberal-económico, mediante estrategias comunicacionales en medios y redes, incide en propios y ajenos, y bloquea las posibilidades de reflexionar, comprender e internalizar el rumbo a seguir; diluyendo así una mirada nacional no subordinada a los grandes intereses transnacionales y sus cómplices locales, que buscan apoderarse, sólo en su propio beneficio, de los recursos de Argentina. 

Los grupos conservadores, y otros que se denominan como progresistas, actúan bajo la influencia del discurso dominante, se inscriben en el paradigma de la globalización económica -a la que nosotros caracterizamos como globalización económica neoliberal-, que condena a nuestro país a un lugar subordinado en el escenario internacional. 

Se nutren prioritariamente de categorías eurocéntricas, que suelen explicar, por no decir justificar, las nuevas relaciones de dominación que se vienen configurando hacia el mundo del trabajo; en el marco de la que denominamos, globalización económica neoliberal. 

Pero además de esa condena, los promotores de la inserción argentina en el modelo de globalización económica neoliberal pierden de vista otro gran inconveniente: que ese modelo atraviesa una profunda crisis, en especial por la consolidación de China como primera economía mundial y la emergencia de un mundo multipolar. 

Esos grupos presentan categorías precarizadoras como las de emprendedurismo o economía social y popular como alternativas sustitutivas, cuando no superadoras, de las relaciones laborales propias del derecho del trabajo y de la seguridad social, a las que relegan a la categorización poco valorada y hasta despectiva de “formas tradicionales del trabajo”. En su reemplazo, propician categorías desprotectorias y deslaboralizadoras, como la de flexibilidad o, para ser más precisos, actualmente en Argentina, de flexiseguridad. 

De este modo, cada vez más se ha ido erosionando y minusvalorando el trabajo dependiente y tutelado. La fantasía -más que utopía- de un supuesto emprendedor autónomo que logrará el éxito individual y así se sentirá libre (lo cual en general no se verifica), trastoca también las subjetividades de quienes trabajan. 

Sin menoscabo de las necesidades de quienes recurren a esas formas alternativas, casi a modo de supervivencia, todas ellas son formas precarias que no garantizan condiciones mínimas de bienestar, y facilitan la consolidación de un escenario de hegemonía deslaboralizadora. 

Justamente por eso, defendemos e impulsamos el trabajo dependiente y tutelado. 

No es casual que los mismos que justifican las nuevas relaciones de dominación en el mundo del trabajo suelen hacer referencia a modelos de desarrollo, pero no a modelo de industrialización. 

Las pocas veces que se dignan a hablar de modelo de industrialización, lo hacen más con la finalidad de enumerar las dificultades para alcanzarlo, que con la de construir estrategias para desarrollarlo. 

En ámbitos político-partidarios, e inclusive en espacios académicos, no suele pensarse como construir un modelo de Nación que priorice la industrialización, en el que la producción conlleve valor agregado y trabajo de calidad. Entendido, este último, como trabajo dependiente y tutelado. 

Algo tan básico, y paradójicamente tan revolucionario en los tiempos que corren, como marchar hacia un trabajo digno, tal como lo define el artículo cuarto de la Ley de Contrato de Trabajo: 

“actividad lícita que se presta en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración.” 

Tampoco resulta aceptable el cuestionamiento que, con fundamento en la alienación, se hace al trabajo dependiente desde algunos sectores de izquierda. Es una lectura incompleta y desactualizada de tal concepto, pues hoy, la alienación pasa más por el trabajo supuestamente independiente. 

Sin trabajo dependiente y tutelado se mella la plena vigencia del principio protectorio del derecho del trabajo y las reglas de aplicación con las que se proyecta en las relaciones laborales. Se contribuye, además, a debilitar la proyección representativa y negociadora de las organizaciones sindicales, que se constituyen como sujeto colectivo en nombre de los trabajadores en el contexto de los inevitables conflictos entre capital y trabajo, 

Sin industrialización, no se podrá consolidar un modelo de Nación independiente ni disminuir la desigualdad imperante en las relaciones laborales. Para ello, a la vez, se requiere sostener la organización sindical con la estructura que brinda el modelo sindical argentino. 

Queremos recuperar y fortalecer esa estructura sindical para evitar los abusos del capitalismo, y redefinir nuestro rol, dentro del sistema; superando la re-primarización, el extractivismo, y la financiarización de la economía. Postulamos un modelo de industrialización, y no meramente un modelo de desarrollo; porque no cualquier desarrollo garantiza la soberanía económica y la dignidad del trabajo dependiente y tutelado. 

Un modelo de industrialización que refleje el crecimiento estratégico en un modelo de Nación independiente, para una mejor distribución de la riqueza a partir del anclaje en la justicia social. 

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND) 

Argentina, junio 2024 

Sobre la Ley Bases y otras yerbas 

El jueves 30 de mayo, entre gallos y medianoches, el Gobierno Nacional obtuvo finalmente el dictamen en el Senado de la Nación. En particular, propone una reforma laboral más regresiva que la aprobada por Diputados. 

La podríamos sintetizar en: deslaboralización en lo individual y limitación del derecho de huelga en lo colectivo. 

¿Deslaboralización? Algo que hoy sucede en la práctica, pero en abierto fraude a la ley (igual a mucho riesgo para los empleadores). El proyecto que dictaminaron los senadores repone las modificaciones a los arts. 2 y 23 de la LCT que habían retirado los diputados. Con el nuevo texto la legislación laboral no se va a aplicar si las partes “libremente” decidieron vincularse con una locación de servicios. Este es el corazón de la reforma laboral en materia de relaciones individuales: otorgarle primacía a lo que las partes dicen (el contrato que firmaron) por sobre lo que las partes hacen (relación de dependencia entre un empleador y un trabajador).

El derecho laboral se basa en el principio de primacía de la realidad: un trabajador no está en condiciones de negociar con su empleador el tipo de contrato que va a firmar. Por ende, la legislación se aplica sin tener en cuenta lo que las partes dicen al momento de contratar. En la práctica esto implica que para estos trabajadores desaparecen los derechos laborales: vacaciones, afuera; licencias, afuera; organización sindical, afuera; convenios colectivos, afuera. Es volver a la regulación del siglo XIX en materia de relaciones laborales. 

Esta reforma está en el centro de la agenda de estudios de abogados corporativos que hacen derecho laboral. A partir de 2015, con el fallo “Cairone”, la locación de servicios le empezó a comer porciones al derecho del trabajo. Los primeros fallos de la Corte eran sobre situaciones que estaban en el borde. Anestesistas, cirujanos. Con esta reforma la línea se va a correr más y la locación de servicios, y los contratos del Código Civil y Comercial, van a ganar espacio. 

Si el Congreso aprueba esta modificación, bastará con que el empleador te haga firmar un contrato de locación de servicios para eludir la aplicación de la legislación laboral. La deslaboralización habrá dado un nuevo paso adelante. A esto se agrega la reafirmación de la figura del trabajador independiente con colaboradores. Eso sí, en el dictamen del Senado se pasa de un máximo de 5 colaboradores a 3. De a poco el universo de los derechos laborales es cada vez más chico. 

¿Y el derecho de huelga? El dictamen del Senado modifica el art. 242 de la LCT para facilitar los despidos con causa. En síntesis, cualquier manifestación de una huelga que vaya más allá de quedarte en tu casa será causal de despido (no solo los bloqueos). Por ejemplo, se habilita el despido con causa si en el marco de un conflicto se “afecta la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas”. 

Parecía difícil lograr una reforma laboral más regresiva que la impulsada por Diputados. El Senado está a punto de lograrlo. No va a mejorar la situación de quienes hoy no gozan de derechos laborales, el objetivo es reducírselos a los que todavía los tienen. 

Sobre Empleo Público no hay mayores novedades en el Dictamen a las ya conocidas en Diputados. Sí podríamos decir que a nivel nacional se perdieron 21.103 puestos de trabajo estatales (-6,2%) en los primeros cinco meses de gestión de Javier Milei, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicados el día de ayer 30 de mayo. En noviembre la cantidad de empleados públicos alcanzó los 343.353 y para abril se redujo a 322.250 personas. De los puestos de trabajos perdidos, unos 17.174 pertenecen a la administración pública: 9.066 de la administración centralizada; 6.746 de la descentralizada y 914 de la desconcentrada. Por otro lado, unos 3.909 pertenecen a empresas o sociedades del Estado. El dato confirma el ajuste en la planta permanente nacional. 

Por su parte, el empleo privado se desploma con mayor virulencia: a modo de ejemplo, entre diciembre y febrero se destruyeron 62.920 puestos de trabajo, según el informe de Instituto de Estudios y Formación - CTA. Y según proyectó CEPA, para marzo se estimó que se eliminaron otros 34.166, con lo cual el número ascendería a 97.086 puestos de trabajo perdidos. 

En el mismo sentido, según estadísticas del Banco Central, en el primer trimestre del año dejaron de tener actividad casi 275.000 cuentas sueldo en el sistema financiero argentino, una cifra que representa entre el 2 y el 3% del total de cuentas bancarias destinadas a la acreditación de salarios. 

Para finalizar, volviendo al sector público, el Gobierno informó la semana pasada, a través del vocero presidencial, que habrá una segunda revisión que tendrá efecto a partir del 30 de junio, en referencia a las contrataciones que fueron prorrogadas entre febrero y marzo pasado por 30 o 60 días. "La limpieza de la plana estatal”, manifestó; y claramente es el Plan. Un plan de miseria planificada. 

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND) 

Argentina, julio 2024 

Mejor que decir, es hacer. Mejor que prometer, es realizar

Los datos de empleo para el primer trimestre son desalentadores. El desempleo subió. Más gente está buscando trabajo incluso teniendo uno, y disminuyó la población económicamente activa, que son aquellos que se rinden en la búsqueda laboral, no por haber encontrado empleo sino por desánimo. La situación probablemente empeorará en los meses venideros.

En relación con la concentración de ingresos, Javier Milei nos transportó 16 años atrás, al periodo posterior a la crisis económica del año 2001.

Como era de esperarse, hubo un descenso significativo en el consumo. En este contexto, las ventas en supermercados disminuyeron un 17,6% respecto al año anterior en abril de 2024 y un 3,3% en comparación con el mes anterior.

Naturalmente, y considerando la influencia significativa que el consumo doméstico ejerce sobre la actividad económica, el Producto Bruto Interno experimentó una caída interanual de 5.1 puntos.

La disminución de la actividad impactó de manera significativa en la industria, que operó al 56,6% de su capacidad en abril, marcando una caída importante respecto al 68,9% del mismo mes del año anterior. Según la información del INDEC, este fue el abril más desfavorable desde 2020, momento en el cual la economía se encontraba detenida debido a la pandemia de Covid-19.

Por otro lado, en mayo de 2024, una familia compuesta por cuatro miembros necesitó ingresos de $851.350,87 para estar por encima de la línea de pobreza, lo cual representa un aumento del 290,7% en comparación al año anterior.

El Nowcast de Pobreza elaborado por Martín González Rozada, codirector de la Maestría en Econometría en la Universidad Di Tella, estimó una tasa de pobreza de 48,3% para el semestre que va desde octubre de 2023 hasta marzo de 2024.

Usando los datos recopilados y simulaciones basadas en la EPH de los trimestres finales de 2023 e iniciales de 2024, se proyectaron tasas de pobreza. Los resultados indican una tasa prevista del 48,3% para el semestre entre octubre de 2023 y marzo de 2024 (con un margen de confianza del 95% que oscila entre 46,8% y 49,8%). Esta cifra refleja un promedio ponderado de las tasas estimadas de 44,9% para el último trimestre de 2023 y de 51,8% para el primer trimestre de 2024.

La pobreza extrema se acerca al 19% a causa del alto costo de los alimentos y la disminución de los ingresos familiares.

La subida de precios en las canastas básicas (que marcan el estatus socioeconómico de las personas) se produce mientras los salarios, ajustados por la inflación, disminuyen constantemente.

En este contexto, la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) (que mide la progresión salarial de los trabajadores registrados), registra una disminución acumulada del 19.2% desde noviembre de 2023.

Es evidente que estos datos están desactualizados y al momento de su actualización, todos ellos habrán empeorado.

Todo ello, en apenas seis meses del gobierno de Javier Milei.

Al cumplirse 50 años del paso a la inmortalidad del General Perón, nunca mejor dicho:

“Mejor que decir, es hacer. Mejor que prometer, es realizar”.

Y Javier Milei, lo está haciendo y lo está realizando; la muerte por inanición del Pueblo argentino.

Como afirmamos permanentemente desde OND: frente a este desastroso escenario que profundiza, en forma deshumanizadora, en la pobreza y la marginación, por un lado; y en la concentración de la riqueza, por el otro; es necesario construir un proyecto de Nación que tenga como eje central la industrialización con justicia social

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND) 

Argentina, julio 2024 

Este 9 de julio, nuestro Pacto es prioritariamente con las y los Jóvenes 

Los datos recientes sobre el empleo publicados por el INDEC muestran un empeoramiento en los indicadores clave, con un aumento en la tasa de desempleo respecto al año anterior. Sin embargo, un análisis más detallado por grupos demográficos revela un deterioro pronunciado entre los jóvenes de 14 a 29 años, quienes presentan una tasa de desocupación de dos dígitos, el doble del promedio general. 

Este grupo etario muestra índices de actividad y empleo entre 10 y 20 puntos porcentuales por debajo del promedio general, con más de la mitad (57%) trabajando en el sector informal. Esta situación afecta negativamente sus derechos y calidad de vida, colocando a este colectivo en una marcada desventaja comparado con el resto de la población económicamente activa. 

En el empleo formal, se observa menor estabilidad y menores ingresos, lo que dificulta el acceso a bienes básicos, vivienda y educación continua. El desempleo, la informalidad y las condiciones laborales precarias son problemas críticos para los jóvenes argentinos, exacerbados por la recesión actual y la disminución general del poder adquisitivo. 

Históricamente, los jóvenes de 14 a 29 años han tenido índices más bajos de actividad y empleo en comparación con la población total. Esta menor estabilidad laboral se traduce en niveles de desocupación más elevados: tanto para mujeres como hombres jóvenes, el desempleo es el doble que el de la población en general. 

Los últimos datos del Mercado de Trabajo del INDEC confirman la persistencia de estas brechas, ahora agravadas por la recesión económica reciente. La tasa de desempleo de las mujeres de 14 a 29 años fue de dos dígitos (17,3%) en el primer trimestre de este año, 0,4 puntos más que en el mismo trimestre de 2023, y 9,6 puntos por encima del nivel de desempleo total (7,7%). 

Los hombres jóvenes de la misma franja etaria registraron un desempleo del 14,1%, 1,3 puntos más que en el primer trimestre de 2023, siendo este el segmento etario con el mayor incremento interanual en la población desempleada al inicio de 2024. La tasa de desempleo masculina juvenil superó en 6,4 puntos la tasa general. 

La tasa de actividad de los jóvenes en los primeros meses de este año fue del 52,6% entre los varones (-1,7 p.p. respecto al 1T23) y del 41,1% entre las mujeres (-2,8 p.p. respecto al 1T23), es decir, 16,8 y 11,1 puntos por debajo de las tasas totales para varones y mujeres, respectivamente. En cuanto al empleo, también se observó un deterioro comparado con el año anterior: tasa del 45,2% para varones (-2,2 p.p. vs 1T23) y del 34,0% para mujeres jóvenes (-2,5 p.p. vs 1T23), 19,3 y 13,8 puntos por debajo de los registros totales para varones y mujeres en el primer trimestre de 2024. 

Este grupo poblacional supera los 7 millones de personas, representando casi el 25% de la población relevada en la Encuesta de Hogares del INDEC. En detalle, 2,4 millones tienen entre 14 y 18 años, 2,2 millones entre 19 y 23, y 2,5 millones entre 24 y 29 años. Son jóvenes que estudian, trabajan y cuidan, aunque no en las mismas condiciones que la población de mayor edad. 

La informalidad es uno de los problemas que más afecta a la juventud. Según datos del Ministerio de Economía de la Nación de finales de 2023, el 57% de las mujeres y el 56% de los varones jóvenes no recibían aportes jubilatorios por su trabajo. De cada 5 trabajadores informales, 2 son jóvenes. 

Las principales actividades laborales para los jóvenes, tanto mujeres como varones, son el comercio (que emplea a un cuarto del total), la industria manufacturera, los servicios f inancieros, de alquiler y empresariales, la construcción, los servicios comunitarios y los hoteles y restaurantes, con altos índices de informalidad en cada sector. 

En cuanto a ingresos, los jóvenes perciben un 31% menos que el promedio general, trabajando casi las mismas horas. En el caso de su ocupación principal, los ingresos de los jóvenes son un 28% más bajos que los de la población total. A finales del año pasado, los jóvenes de 18 a 33 años tenían en promedio tres empleos para llegar a fin de mes. 

Otro dato relevante del primer trimestre de este año es el aumento de los ocupados demandantes de empleo (28 puntos), es decir, personas que buscan aumentar sus horas de trabajo para subsistir debido al deterioro salarial de los últimos ocho años. 

Las brechas de género también afectan a la población juvenil. Aunque toda la población joven tiene una tasa de actividad y empleo menor a la general, los varones jóvenes tienen una tasa superior a la de las mujeres. La brecha laboral de género en la juventud es de 11,5 puntos en actividad y de 11,2 puntos en empleo, a favor de los varones. 

Las mujeres jóvenes tienen una tasa de desempleo 3,2 puntos superior a la de los varones, lo que explica su sobrerrepresentación en los deciles de menores ingresos (6 de cada 10 mujeres jóvenes están en los deciles más bajos). Además, las mujeres jóvenes dedican más tiempo al trabajo no remunerado: 5:23 horas diarias frente a 3:06 horas de los varones, según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT). 

Los estereotipos de género también influyen, asociando a las mujeres con trabajos de cuidados tanto en el hogar como en el mercado laboral, mientras que los varones se emplean en sectores más dinámicos y estratégicos. Cuatro de cada diez mujeres trabajan en actividades de cuidados. 

En términos de ingresos, las brechas entre jóvenes son mayores que en el conjunto de la economía. Mientras que la brecha general es del 27%, entre los jóvenes es del 34%, descendiendo al 31% en el caso de jóvenes informales. La informalidad laboral afecta especialmente a las mujeres, quienes enfrentan múltiples desigualdades y, finalmente, tienen menos años de aportes que los varones, con el 80% de las mujeres jubiladas accediendo a través de moratorias. 

Por ello, desde OND, hemos propuesto el Pacto de Julio para la definitiva independencia con industrialización y justicia social, y  venimos trabajando en el diseño de políticas de empleo que garanticen el acceso al trabajo digno con derechos de nuestros pibes y pibas en una nueva Argentina basada en un fuerte mercado interno y generación de bienes y servicios con alto valor agregado. Solo de esta manera podremos reconstruir una Patria Libre, Justa y Soberana que incluya a todos y todas. 

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, julio 2024              

La crisis económica y sociolaboral evidencia cada vez más la necesidad de industrialización con Justicia Social

La situación laboral en Argentina atraviesa una crisis sin precedentes, con un desplome significativo en los índices económicos y un impacto devastador en diversos sectores industriales. Esto incide en un mayor desempleo y precarización.

Las políticas de ajuste y la devaluación han incrementado la informalidad laboral y la pérdida de puestos de trabajo en sectores clave como la construcción y la industria manufacturera. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), se han destruido 223.000 puestos de trabajo en estos sectores durante este período.

La actividad en el sector metalúrgico ha sufrido una contracción alarmante. Según ADIMRA, en junio de 2024, la industria metalúrgica registró una caída interanual del 17,3% y una disminución del 1,9% en comparación con el mes anterior. En el primer semestre del año, la contracción fue del 16,7% respecto al mismo período del 2023. Esta tendencia negativa es indicativa de la profunda recesión que afecta a uno de los sectores más importantes de la economía argentina.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) reportó un aumento del 2,3% interanual en mayo de 2024 y un incremento del 13% comparado con abril. Sin embargo, este crecimiento es engañoso, ya que se concentra en sectores específicos como la agricultura (que sufrió la sequía más severa de los últimos 100 años en el ciclo 2022/23, con pérdidas en exportaciones estimadas por US$ 21.000 millones) y la minería; que no compensan las caídas en áreas clave como la construcción y la industria manufacturera, las cuales disminuyeron un 22,1% y un 14,2% respectivamente.

Los datos preliminares de junio muestran que la caída interanual continúa. Se registraron descensos significativos en diversos sectores: automotor (40,2% interanual), despachos de cemento (32,8% interanual) y patentamientos de maquinaria agrícola (36,6% interanual). Además, la demanda de energía eléctrica de grandes usuarios industriales también siguió disminuyendo (13,3% interanual).

La destrucción de capital productivo en los poco más de siete meses del gobierno de Milei es asombrosa. Su magnitud podría compararse a la de un país en guerra.

El camino hacia el industricidio está marcado por la indiferencia del régimen conservador-liberal-libertario.

La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) muestra una contracción del empleo privado registrado del 0,3% en mayo de 2024, acumulando una caída del 2,2% desde noviembre de 2023.

La construcción sigue siendo el sector más afectado, con una contracción mensual del 0,9%, mientras que el resto de los sectores muestran caídas menores.

El salario mínimo vital y móvil ha experimentado una brutal disminución en términos reales. En julio de 2024, el salario mínimo era de $234.215, lo que representa una pérdida del 32,1% en su poder adquisitivo desde noviembre de 2023.

Los salarios promedio de los trabajadores estables se han estancado en niveles muy bajos, situándose en $730.000 netos en mayo de 2024. Esto no alcanza para cubrir la canasta básica total de un hogar tipo, valorada en $851.351.

El primer trimestre de 2024 ha visto un preocupante aumento en la concentración de la riqueza. La participación de los trabajadores en los ingresos del sector privado ha disminuido significativamente, mientras que la de las empresas ha aumentado.

En sectores como la agricultura y la minería, la brecha en el reparto de ingresos se ha ampliado, beneficiando a los dueños del capital en detrimento de los trabajadores.

El desplome de los indicadores macroeconómicos bajo la administración de Milei se mide en cifras de dos dígitos mensuales.

La magnitud de la caída fue causada por una estrategia deliberada de hundir la economía. Por ello, frente a este panorama, la Argentina necesita otro modelo de país.

La salida de esta crisis no se logrará con más ajustes y desregulaciones, sino con una estrategia integral que promueva la industrialización con justicia social.

La industrialización con justicia social no solo permitirá a la Argentina superar la crisis actual, sino que también establecerá las bases para un desarrollo sostenible y equitativo a largo plazo con crecimiento inclusivo.

La industrialización con justicia social es la clave para revertir la crisis, generar empleo de calidad, mejorar los salarios y reducir la desigualdad.

Es fundamental que las políticas se enfoquen en estos objetivos para construir un futuro más próspero y justo para todos los argentinos.

Tenemos derecho a una Patria grande con un pueblo feliz.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, agosto 2024                

Los salarios no logran revertir su caída desde el inicio de la era Milei…y el gobierno fija por decreto el salario mínimo en $254.231.-

El índice salarial de mayo 2024 del INDEC indicó un aumento del 8,3% en los salarios frente a una inflación del 4,2%, mostrando así un incremento en el poder adquisitivo de mayo en comparación con abril. No obstante, si los comparamos con el nivel de noviembre de 2023, último mes antes del cambio de gestión, los salarios han caído un 13,1% en términos reales, una caída sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. Además, están un 16,1% por debajo que en mayo del año previo.

La táctica comunicativa del Gobierno es distanciarse y no reconocer su relación con la caída de los ingresos argentinos que representó una inflación del 25.5% en diciembre. Esto supone ignorar que la inflación se disparó en parte debido a la fuerte devaluación que incrementó el tipo de cambio un 118%. 

Por otro lado, el dato salarial que destacan desde el Gobierno no refleja la realidad de todos los trabajadores. Al profundizar en las cifras salariales, encontramos diferencias significativas entre los grupos: los salarios no registrados han visto caer su capacidad adquisitiva un 22.7% de noviembre a mayo, los sueldos del sector público han perdido un 18.4% en poder de compra, y los registrados del sector privado disminuyeron un 6.5%. 

Los ingresos de los trabajadores no registrados tienen una relación directa con el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que solía definirse en el Consejo del Salario entre representantes de trabajadores y empresarios. No obstante, desde que Milei asumió el cargo, la disminución de la presencia estatal en estas negociaciones dificultó llegar a acuerdos, resultando en que el monto del SMVM fuese establecido por decreto. 

Tras no actualizar el SMVM en junio, se anunciaron aumentos en julio de 8.5% y en agosto de un 3.2% en el Boletín Oficial; cifras lejanas a lo solicitado por los representantes de los trabajadores, de un 106%, para poder subir de $234.315 en junio a $482.000 en julio. 

El pedido de las organizaciones sindicales intentaba recuperar pérdidas: durante el primer semestre de 2024. El SMVM aumentó un 50%, mientras que la inflación llegó al 80%.

A pesar de esto, la decisión del Ejecutivo se alineó más con la postura empresarial, fijando el SMVM en $254.232.- para julio, equivalentes al 62% de la canasta básica alimentaria familiar. 

En cuanto a los sueldos públicos, desde su nombramiento, Milei ha aplicado aumentos mayormente unilaterales, sin espacio para la discusión. 

Por otra parte, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de la Secretaría de Trabajo indica que las contrataciones de personal en empresas privadas están en el mismo nivel de 2002. 

Las contrataciones de personal en mayo de 2024, medidas a través de la tasa de entrada -relación entre las incorporaciones de personal y la dotación al inicio del mes- se ubicaron en 1,4%; cuando solo en plena crisis en mayo de 2002 (1,2%), y en mayo de 2020 por influencia de la pandemia (0,4%), tuvieron un nivel inferior. 

En términos interanuales, la tasa de entrada tuvo una contracción de 0,7 puntos porcentuales.

Asimismo, el empleo privado en compañías de más de 10 personas, en todos los principales aglomerados urbanos del país, se contrajo 0,3% en relación a marzo; y completó así seis meses consecutivos a la baja, acumulando -2,2% desde noviembre de 2023.

Es evidente para los habitantes de Argentina el deterioro de los ingresos durante la gestión Milei.

Sin embargo, el Gobierno ha optado por manipular la interpretación de los datos para crear una narrativa de crecimiento de ingresos bajo su administración. En este escenario, el Gobierno busca promover un mensaje de progreso que difiere notablemente tanto de los datos como de las experiencias individuales. 

¿Estamos mejor?

¿Con estas medidas del gobierno estamos yendo a un mejor escenario?

Advertimos que esto va a generar más miseria y precarización, con sus terribles consecuencias y efectos sobre la sociedad toda.

Estamos convencidos que necesitamos un proyecto alternativo.

Impulsamos otro proyecto

Un proyecto de Nación: industrialización con justicia social

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, agosto 2024              

Queremos Universidades públicas, gratuitas, y sin docentes y no docentes pauperizados

Desde OND expresamos nuestra preocupación respecto a la situación salarial que enfrentan el personal docente y no docente en el sistema universitario público y gratuito.

Rechazamos las declaraciones del Ministerio de Capital Humano que minimizan la seriedad del problema en curso; el cual impacta negativamente a miles de trabajadoras y trabajadores, y al funcionamiento adecuado de las instituciones universitarias nacionales.

La universidad pública y gratuita requiere fondos suficientes para operar correctamente, así como salarios justos para docentes y no docentes, los cuales son esenciales en la formación de profesionales altamente capacitados en variadas disciplinas.

La crisis salarial actual en el sistema universitario es sumamente grave, particularmente para aquellos con menos años de servicio, considerando que desde diciembre de 2023 no se ha producido una actualización en la garantía salarial.

En el aumento salarial del 71% que indica el comunicado del Ministerio de Capital Humano, se omite que la inflación superó el 120% en el mismo período, resultando en una reducción del 45%  del salario real del personal universitario entre noviembre de 2023 y julio de 2024, dejando a muchos trabajadores bajo la línea de pobreza; lo que afecta aproximadamente al 50% del personal.

En términos nominales el colectivo universitario ha sufrido la depreciación de un cuarto de sus ingresos (24%), siendo este comparativamente muy superior a la administración pública (10%) y al sector privado (2%), quedando así miles y miles de trabajadores y trabajadoras con únicos ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Esta circunstancia perjudica a millones de trabajadores educativos a nivel nacional y amenaza la sostenibilidad de la universidad pública y gratuita, así como su habilidad para desempeñar con excelencia su función educativa.

Resulta claro que este escenario tiene efectos múltiples y preocupantes. El declive del poder adquisitivo repercute seriamente en la calidad de vida de las y los trabajadores universitarios, lo cual incide en su capacidad para mantener un compromiso efectivo con su labor, lo que podría comprometer áreas esenciales como la investigación, el alcance comunitario y la calidad educativa.

Se ha llamado la atención sobre la gravedad de esta situación durante todo el primer semestre del año, sin que hasta la fecha haya medidas concretas para asegurar el normal desenvolvimiento de la mesa paritaria nacional, lo cual proporcionaría un foro propicio para tratar estos problemas y explorar soluciones viables.

La precariedad nunca ha sido tan provocada e impulsada por el Estado Nacional en cuatro décadas de democracia y en más de veinte años de vigencia de la negociación colectiva de las y los trabajadores universitarios.

Es ineludible y necesaria una recomposición salarial urgente mediante negociaciones colectivas que restablezcan el poder adquisitivo, para así asegurar la calidad de empleo, en línea con las funciones de las universidades públicas y gratuitas.

A la vez, es importante que se restablezca el presupuesto para becas, extensión e investigación; ya que las primeras son fundamentales para que los estudiantes de más bajos recursos puedan estudiar.

La extensión es el modo bidireccional de generación de conocimiento sobre las problemáticas de la sociedad en su conjunto; y la  investigación de las universidades públicas le ha dado a la Argentina, entre otras cosas, tres Premios  Nobel en ciencia básica. Su desarrollo constante resulta un aporte invaluable al crecimiento de la producción nacional.

Frente a políticas impulsadas por el Ejecutivo que, incrementan el desfinanciamiento de la educación pública y gratuita, y bajo las cuales, claramente, subyace la intención de mercantilizar el Sistema Universitario Nacional, aniquilando así la mayor herramienta de movilidad social y de desarrollo de la producción nacional; reiteramos nuestro compromiso con la industrialización con justicia social, en un modelo de país en que la educación, como derecho humano universal y bien público social, sea protagonista fundamental para la construcción de un país justo, libre y soberano.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, agosto 2024              

Niñez, hambre y catástrofe: ¿qué presente para qué futuro?

El 12 de agosto, UNICEF Argentina lanzó la campaña “El hambre no tiene final feliz”, basada en un estudio sobre el crecimiento y estado actual de la pobreza y la indigencia que muestra que “un millón de niñas y niños se van a la cama sin cenar en el país” -Argentina-.

El número es apabullante, porque cuantifica una de las injusticias más grandes que se pueden concebir —la miseria infantil, en donde el mérito o demérito no existen— y porque ocurre en un país ampliamente excedentario en la producción de alimentos.

¿Cómo puede ocurrir sin soliviantarnos?

Pues, desde OND no toleramos esta catástrofe.

Por eso consideramos que el antídoto para contrarrestar la pobreza es la “industrialización con justicia social”, que se concreta con políticas públicas que aseguren el trabajo, la salud pública, la educación, y la seguridad y asistencia social.

Nuestro programa, en línea con lo que expresamos en el Pacto de Julio para la definitiva independencia con industrialización y justicia social, se asienta sobre la voluntad de las mayorías y sobre el derecho de todas las familias a una vida digna, persigue terminar el espectáculo de la miseria en medio de la abundancia de unos pocos.

¿Cuáles son los medios propuestos para lograr que las y los niños de entonces se transformen en hombres y mujeres de bien, y trabajadores del mañana?: la elevación del nivel de vida hasta un nivel compatible con la dignidad humana y el mejoramiento económico general, el auspicio de la educación para todos y todas, la protección de la niñez que no puede estar desamparada, el incremento de la formación técnica y profesional, entre otros.

En suma, un vasto plan de mejoramiento de las condiciones generales de trabajo y de la seguridad social -no una mera protección asistencialista- que permita sacar a la enorme mayoría de argentinos que están sumergidos en esta triste realidad.

No nos conformamos con hablar de futuro, también queremos un presente:

Industrialización con justicia social

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, 2 de septiembre de 2024                  

A casi nueve meses del gobierno conservador-liberal-libertario

En el día de la Industria

Más que nunca impulsamos un modelo de Nación

industrialización con justicia social

El análisis del aparato productivo revela una caída, en muchas actividades, digna de una catástrofe. En general, el producto interno bruto (PIB) del primer trimestre de 2024, en comparación con el mismo periodo del año anterior, descendió un 5,1% según estimaciones preliminares.

Además, la disminución de la demanda y la desaceleración se reflejaron (en términos desestacionalizados) en una serie de indicadores negativos durante el primer trimestre de 2024 con relación al cuarto trimestre de 2023: el consumo privado se redujo un 2,6%; el consumo público bajó un 0,8%; las importaciones cayeron un 12,1%; y la inversión retrocedió un 12,6%.

Otros sectores que muestran contracciones incluyen la industria manufacturera (-13,7%), la intermediación financiera (-13%) y la construcción (-19,7%). Profundizando en este último sector, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), registró en junio de 2024 una baja del 35,2% respecto al mismo mes de 2023.

El uso de la capacidad instalada (56,8%) reflejó en mayo de 2024 un descenso del 11% en comparación con el mismo mes de 2023.

Una de las áreas más afectadas por la política económica es la industria: la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) alertó sobre la desaparición de 10.000 pymes en los primeros seis meses de la actual gestión.

 Estos datos tienen su correlato en el empleo. En diciembre de 2023 había 13,4 millones de personas con empleo registrado, pero cuatro meses después -en abril de 2024- se habían perdido 170.000 puestos de trabajo, según cifras oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

La consecuente alza de la desocupación impacta de manera diferente según las regiones geográficas: en el primer trimestre de 2024, el Gran Buenos Aires (GBA) registró la mayor tasa de desempleo, con un 9% (un incremento de 2,5 puntos porcentuales respecto al último trimestre de 2023).

La desigualdad, entre tanto, ha aumentado rápidamente, como indican las últimas mediciones del coeficiente de Gini realizadas por el INDEC. En el primer trimestre de 2024, se situó en 0,467, mientras que en el último trimestre de 2023 estaba en 0,435.

Uno de los pocos sectores con estadísticas positivas es el energético, lo que refleja que Argentina parece estar en un proceso de reformulación de su estructura productiva para convertirse a mediano plazo en un país netamente exportador de gas y petróleo (léase extractivismo).

En los primeros seis meses de 2024, las exportaciones de productos primarios crecieron un 40%, mientras que las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) cayeron un 3,4%.

Respecto a la balanza comercial energética, el primer semestre de 2024 muestra saldos positivos gracias a inversiones no convencionales, y la finalización de infraestructuras desarrolladas durante la gestión anterior (oleoductos y gasoductos), que aumentan la capacidad de evacuación de hidrocarburos desde Vaca Muerta.

En resumen, la incapacidad de las élites políticas y económicas para proporcionar a Argentina un proyecto de nación sostenible, evidencia, únicamente, la necesidad de una renovación exhaustiva y el surgimiento de un nuevo ordenamiento, basado en otros principios que fortalezcan la Nación y mejoren la calidad de vida de su Pueblo:

Una Argentina sustentada en la Industrialización con Justicia Social

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, septiembre de 2024              

El plan de Milei y el poder económico concentrado

genera más pobres, indigentes y represión

 De acuerdo con el reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), nos encontramos frente de los índices más elevados de pobreza e indigencia desde 2004.

El cálculo se basa en un promedio de los dos primeros trimestres del año, donde el observatorio reportó que la pobreza durante enero, febrero y marzo fue del 54,9%, mientras que en abril, mayo y junio fue del 49,4%.

Estos datos reflejan un aumento en comparación con el segundo semestre de 2023, cuando eran del 41,7% y 11,9%, respectivamente, según el INDEC. 

En cuanto a la indigencia, el 20,3% de la población estaba en esa situación durante el primer trimestre, y el 15,9% en el segundo, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

La disminución intertrimestral de ambos indicadores se explica por la reducción de la inflación combinada con el incremento de los salarios en el sector privado, que solo logró recuperar una parte de lo perdido en los primeros tres meses del año.

En contraste, la recuperación salarial para los trabajadores del sector informal y público fue menor. 

Dentro de sectores medios, pertenecientes al segmento técnico profesional con cierto nivel de calificación, en sectores dinámicos, fueron las que lograron alguna  recuperación.

Sin embargo, los trabajadores de los sectores de consumo, industria y construcción no vieron aumentos salariales acordes con la inflación, debido a la disminución de la actividad económica. 

El informe revela que dos factores contribuyen a mantener los altos niveles de pobreza e indigencia. En primer lugar, la pérdida de empleos en el sector informal de la economía; y, en segundo lugar, los bajos salarios de los trabajadores formales en el sector privado. 

El sector de trabajadores informales pobres, que cayó en la indigencia y depende mucho de los programas sociales, aún no se recupera.

En este contexto, se observa una mayor desigualdad entre distintos sectores laborales.

Con respecto a los trabajadores formales del sector privado, casi la mitad gana menos de la Canasta Básica Total (CBT), que en julio alcanzó $900.648.-, acumulando un aumento del 81,7% en lo que va del 2024, según datos del INDEC. 

Según la encuesta de Unicef sobre la Situación de la Niñez y Adolescencia en Argentina, hasta mayo de este año, el 48% de los hogares no puede cubrir sus gastos mensuales.

Además, un millón de niñas y niños se acuestan sin cenar; y entre las personas adultas de esos hogares que se saltan alguna comida, el número sube a 4,5 millones. 

Mientras tanto pasó un miércoles más de vergonzante represión, en este caso a nuestros jubilados y jubiladas.

El plan de Milei y el poder económico concentrado es un plan de inacción, salvo en los pocos temas que hacen a sus intereses, y de represión ante cualquier manifestación o petición cuestionadora.

No hay lugar para especulaciones, urge una ofensiva nacional democrática; para terminar con tanto daño a la Nación argentina y sufrimiento a su pueblo; y así, construir otro modelo de Nación:

Industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, septiembre de 2024              

La movilidad jubilatoria y el veto presidencial

Finalmente, Milei vetó (represión vergonzante por medio), el incremento de 8,1 puntos porcentuales (7,2% efectivo) en las jubilaciones que fue aprobado por ambas cámaras del Congreso Nacional. Este veto presidencial confirma la tendencia de las decisiones del presidente desde su asunción: que los jubilados sostengan el superávit fiscal.

Desde diciembre de 2023, la política previsional ha tenido varias medidas regresivas, incluyendo la pérdida del poder adquisitivo por la inflación, la disminución real de los bonos a jubilaciones mínimas y el intento de eliminar la moratoria previsional y vender activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

El gobierno se paró sobre un ajuste brutal previsional, sin miedo a decir que lo utilizó para que el superávit dependa de los jubilados. Y lo mantuvo más allá del primer trimestre: en el período enero-julio de 2024, el 27,7% del ajuste del gasto del Estado estuvo explicado por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones.

En marzo, Milei ajustó la fórmula jubilatoria mediante el DNU 274/24, vinculando las pensiones a la inflación y derogando la Ley 27.609, vigente desde 2021. Si bien la fórmula atada a inflación permitió recuperar parte del terreno perdido, a esta altura podemos concluir que la fórmula anterior, en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios; y se la eliminó intencionalmente antes de que se produjeran las mejoras.

En septiembre, de haber continuado la fórmula anterior, la jubilación mínima (sin bono) se ubicaría en $253.225.- mientras que con la fórmula de Milei se ubicará en $234.540.- (7,4% debajo).

Además de lo previamente mencionado, desde marzo, el bono compensatorio recibido por el 70% de los jubilados se estancó en $70.000.-, ocasionando una disminución gradual en su poder adquisitivo.

Los datos revelan que, aunque las pensiones aumentaron un 74,3% entre marzo y septiembre; la jubilación mínima, incluyendo el bono, solo se incrementó en un 48,9%. De haberse ajustado proporcionalmente, el bono debería ser en septiembre de $122.010.-, es decir, $52.010.- más que lo actualmente recibido.

En concreto, a contramano de los dichos de Milei, los jubilados no le ganaron a la inflación. Las jubilaciones sin bono en el trimestre septiembre-noviembre de 2024 se mantendrán 4,6% por debajo del mismo trimestre de 2023, mientras que las jubilaciones con bono, lo harían 13,6% por debajo.

El Congreso sancionó la Ley 27.756 que incluía: una recomposición por única vez de 7,2% para todos los haberes, un haber mínimo equivalente al 109% de la Canasta Básica Total (CBT) de un adulto, y una cláusula gatillo, una vez al año (en marzo), si hubiere recuperación real de los salarios en el año calendario anterior.

Sin embargo, esta iniciativa fue vetada. Estamos hablando de $13.300.- para el jubilado que cobra la mínima.

A esta altura no queremos olvidar señalar que, la sustentabilidad del sistema no se resintió con las moratorias. De hecho, mejoró la sustentabilidad ¿Cómo es posible?

El financiamiento se basa en la cantidad de trabajadores activos, sus ingresos, las contribuciones y aportaciones efectuadas, y su registro respectivo.

En 2015, con 2,5 millones de personas ya incorporadas al sistema vía moratorias, el gasto contributivo de seguridad social era cubierto en más del 80% por la recaudación del propio sistema de la seguridad social. Esto se debía al aumento salarial, el empleo y la recaudación. 

Por el contrario, durante el menemismo y el macrismo, esta relación disminuyó sistemáticamente hasta 64,9%, por la merma de ingresos por cuatro vías:

a) la pérdida de puestos de trabajo,

b) la caída del poder adquisitivo de los salarios,

c) las políticas de reducción de contribuciones patronales,

d) el incremento de la informalidad y la promoción de mecanismos de contratación con menores aportes. 

Lamentablemente, en el mismo camino vamos. Pero más rápido.

Está en manos de nuestros representantes en el Congreso, mitigar, al menos un poco, la situación de sufrimiento de millones de argentinos.

¿Cómo?  Insistiendo en la Ley vetada, a través de las mayorías necesarias para lograrlo.

No es momento de especular ni estar a la defensiva.

Es momento de fortalecer cada vez más la movilización popular organizada.

Es momento de una ofensiva nacional y democrática que represente a las grandes mayorías que, hoy esperan ser representadas en otro modelo de Nación:

Industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, 12 de septiembre de 2024              

Día de la Industria Naval

Una industria estratégica para la Argentina

La industria naval es una actividad emblemática y estratégica para la industrialización y para la soberanía nacional, forma parte de la industria pesada, e integra el inescindible complejo marítimo, fluvial, portuario y de la industria naval.

Está conformada por las construcciones navales (buques mercantes: petroleros, gasíferos; graneleros, mineraleros, de ganado en pie, portacontenedores,  pesqueros, remolcadores, dragas, barcazas; buques militares: portaaviones;  submarinos;  patrullas de alta mar; estructuras especiales: plataformas de explotación petrolera, plataformas marítimas, submarinos civiles de investigación científica, motores; embarcaciones de placer, deportivas y artefactos de esparcimiento: veleros, lanchas, catamaranes, canoas, botes); y por la prestación de servicios para la misma (reparaciones navales).

Se la suele denominar como “industria de las industrias” debido a que demanda materias primas de todo tipo y además impulsa el desarrollo y crecimiento de otras actividades industriales conexas como: materiales y elementos de metal, plástico, madera, instalaciones y servicios varios como la hidráulica, neumática, diseño y calderería.

Genera valor agregado y trabajo de calidad y especializado, e impacta generando lo mismo en otras industrias de las que necesita para proveerse.

Su rol es estratégico en el fortalecimiento y defensa de la soberanía nacional y en el control de nuestro comercio exterior.

Somos un país fluvial y marítimo por lo que contar con buques construidos en Argentina, que enarbolen nuestra bandera nacional y sean tripulados por trabajadores argentinos nos permitiría tener un mayor control sobre el transporte de lo que producimos y en materia de comercio exterior.

La plataforma continental argentina cuenta, entre otros, con importantes recursos pesqueros e hidrocarburíferos.

Argentina llegó a tener la cuarta flota mercante del mundo. Se construían barcos de 280 metros, junto a plataformas submarinas para el offshore; con destinos de exportación a países como Estados Unidos.

Lamentablemente el proceso de desindustrialización iniciado el 24 de marzo de 1976 con la dictadura cívico-militar, y profundizado con las políticas liberales de  la década del 90, llevaron a su desmantelamiento.

Se privatizaron los puertos, desapareció nuestra marina mercante de bandera (ELMA) y se abrió la navegación de nuestros ríos, mar y el transporte de nuestra carga a empresas transnacionales que utilizan el régimen de bandera de conveniencia.

Se inició  el proceso de importación de buques usados, y como consecuencia de todo ello, el avance hacia la desindustrialización naval.

Se pasó de emplear 30.000 trabajadores a tan solo 1.000.

Con el gobierno de Néstor Kirchner se retomó la idea de reconfigurar la industria naval impulsando políticas que lograron reactivarla  debido al nuevo rol que se le dio al Estado.

Este nuevo proceso de industrialización fue nuevamente interrumpido por políticas liberales llevadas adelante por el gobierno de Mauricio Macri.

Necesitamos volver a tener control sobre nuestros puertos, ríos y mar (incluyendo la conexión fluvial marítima por medio del Canal Magdalena).

Resulta imprescindible en un proyecto de Nación, que sintetizamos en la idea de  industrialización con justicia social, fomentar el desarrollo de esta industria de industrias; reconfigurando el modelo productivo, tecnológico y científico, desde la defensa de nuestra soberanía y de nuestros intereses nacionales.

Para ello, debe darse una articulación permanente de los actores sociales (sindicatos y empresas argentinas) con la gestión a cargo del Estado.

Así lo señalamos en nuestra propuesta, Pacto de Julio para la definitiva independencia con industrialización y justicia social. Sosteniendo, en su punto 3, la necesidad de: “Defender el Mar Argentino, nuestros ríos, lagos y lagunas. A tales fines, resulta imprescindible que recuperemos la soberanía de todo nuestro complejo marítimo, fluvial, portuario,  y de la industria naval, y que se implementen políticas de Estado que estructuren  un plan nacional de transporte y logística, que promocione y materialice  la construcción de barcos en astilleros nacionales, nuestra marina mercante nacional, la navegación de nuestros ríos (en particular el Paraná y el Paraguay) con buques y trabajadores argentinos, y la ejecución de las obra estratégica del Canal Magdalena.”

Estamos convencidos de un proyecto alternativo frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país. 

Un proyecto de Nación para la industrialización con justicia social. 

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, 16 de septiembre de 2024                  

¿Quién se cree que es?

Hablando como economista, Milei demuestra que es un reduccionista, o sea un economicista. 

No entiende -o no quiere entender- que el rol del Estado no se limita a la economía.

La libertad tampoco se limita a la economía. Así, solo ganarán los más poderosos. Es lo que viene favoreciendo Milei con su discurso y práctica política.

Con el presupuesto, parece que estuviera saneando más una empresa que una Nación. Se olvida que las empresas también necesitan actividad, inversión, trabajo, consumo y financiamiento.

Enarbola un conjunto de frases hechas sin sustento:

·      No es el único que tuvo superávit; pero si el único que lo ha hecho a este precio de desintegración social.

·      La Argentina no es el país con más impuestos del mundo ni donde más se paga. Tendría que revisar que, varios de esos son de los países más ricos y con mejor calidad de vida.

·      Tampoco Argentina nunca fue el país más rico del mundo. Ni la crisis argentina comenzó con el voto secreto, obligatorio y universal; y menos con la justicia social. Se olvida (?) de los golpes de 1930, 1955 y 1976.

Cada vez más, es un “economicista”; y así y todo, casi no pudo señalar datos y porcentajes, porque los ha tornado devastadores para nuestro pueblo. No ocurre lo mismo a un reducido número de empresas a las que protege.

Milei no entiende que la historia ha existido antes que él, y seguirá luego de él. No demuestra ser un estadista.

No puede entender que, si bien hay gastos malos, también los hay imprescindibles en una sociedad desarrollada (y humanizada), que no se limitan a la economía y a su modelo de seguridad.

Sin embargo, el régimen conservador-liberal-libertario también gasta. Gasta, entre otras cosas, para profundizar la represión ante las manifestaciones populares, pero: -“ese gasto si estría bien.”

De igual modo, se nos presentan, otras falacias argumentales, para justificar “sus” gastos:

·      Subsidio a grandes empresas, si; aumento a los jubilados, no.

·      Atención de las necesidades de las universidades, no; más partidas para los servicios de inteligencia, si.

·      Superávit primario para los intereses de la deuda, si; generación de infraestructura para crecer, no.

Concibe un Estado que no va a hacer nada más que: “…establecer estabilidad macroeconómica y el imperio de la ley…”, en la medida que le permita continuar con el ajuste.

Y, paradójicamente, aunque hablen de estabilidad; la emisión no se ha detenido.

Todo esto, nos deja ante un vacío de propuestas y de futuro que asusta.

Se ratifica lo antedicho, cuando Milei dice que:  “…cualquier otra cuestión puede resolverse a través del mercado, o es competencia de los gobiernos sub-nacionales.”

Pero, simultáneamente, plantea un ajuste adicional a las provincias de u$s 60.000.- millones de dólares.

Sin desmedro de la brutalidad de lo expuesto, encima el dato está mal.

Sí, nos está diciendo que la Nación no va a hacer nada, que la Nación -para él Estado- va a ir dejando de existir…

A nuestro juicio, este gobierno pone en riesgo la continuidad misma de la Argentina como Nación soberana.

Evidencia una voluntad de paralizar todo para lograr un superávit fiscal que: ni derrota a la inflación, ni permite crecer. Solo empeora nuestra calidad de vida, destruye pymes, despide gente; tal como lo venimos explicitando en declaraciones anteriores

En síntesis, suele decir cualquier cosa y encima de las peores formas -no solo groseras sino también autoritarias-. Nunca habla de crecimiento, menos de industrialización. Bastardea al sistema democrático y a las mayorías populares.

¿Cuál es su modelo? Más ajuste, más pobreza, más exclusión; y al final, la desintegración política, para que el mercado reine en beneficio de las minorías extranjerizadas y extranjerizantes.

La brutal deuda externa y el ajuste que padecemos hoy; no son, meramente, un producto del déficit. Provienen de decisiones políticas. Inclusive se operativizan con el mismo ministro (de Macri y Milei).

La violencia no está en la justicia social, sino en su ausencia. Doscientos años de luchas frente al abuso y la injusticia lo demuestran.

La actual gestión solo aumenta la pobreza, la indigencia, y la informalidad laboral. Queremos dignidad como seres humanos, no como números muertos.

No se puede ni se debe permitir a este gobierno erigirse en dueño de la verdad.

En la democracia la verdad se debate, es antagónica, compartida y confrontable; da lugar a nuevas construcciones colectivas. No es de un dueño de la verdad que, caprichosamente, agravia, insulta y endilga responsabilidades a quienes no piensan o no hacen lo que dice; o peor aún, por lo que no sabe hacer en su gobierno.

Su odio por la política encubre y facilita la brutalidad del libre mercado, y la de quienes dictan sus reglas, en contra de las mayorías nacionales.

Citamos al propio Milei: “Los argentinos son un pueblo rebelde y cansado de las avivadas de los políticos. Estamos viviendo un momento bisagra en la historia argentina. No lo subestimen.”

Así, las proyecciones y traslaciones psicológicas que burdamente refleja, pueden regresar, volverse en su contra, desenmascararlo. Probablemente, y de seguir con este modelo; ese momento, cada vez se acerque más.

Eso evidenciaría quien es en verdad, a quienes representa, y su desprecio, inclusive por los que lo acompañan.

Su permanente huida hacia adelante y su maltrato, a propios y ajenos, tiene el límite que el sistema democrático pueda articular en el funcionamiento de sus institucionalidades.

Frente a alguien al que, solo le importaría encabezar “…los rankings de libertad económica en el mundo.” Frente a los ultimátums que lanza al Congreso Nacional y al pueblo todo; responderemos rechazando los falsos profetas, y recordando nuestra historia y los grandes patriotas.

No queremos que se nos presente, como únicos modelos posibles, a economicistas, como Friedman, Hayek y Mises.

Tenemos otros modelos: San Martín, Belgrano, Güemes, Rosas, Yrigoyen, Perón, Kirchner, y muchas y muchos más, que construyeron y construyen el Movimiento Nacional.

Reivindicamos nuestra historia, la de nuestros héroes destacados, y las de nuestros héroes desconocidos pero no por ellos menos importantes en la construcción de una Patria. Es la historia de nuestro pueblo, de nuestra Nación; que pese a todo, continúa. La Patria existe y vencerá, decía San Martín.

Sugerimos entonces, reflexionar sobre quien está “…en la esquina de los mezquinos que apostaron contra el país y su gente.”  Tales encasillamientos son una muestra más de lo que Milei viene haciendo desde antes de asumir.

Por eso, apelamos, sin mucha esperanza, para que entienda que debería ser un presidente para todos. No solo para los minoritarios intereses que prioriza, en una sesgada visión de la realidad, y un peor modelo de país.

Basta de encasillar, estigmatizar y sentenciar.

Basta de hacerlo para justificar su proceder en cuanto no atender a las mayorías populares (a las que también tacha de la peor manera, y desprecia indolentemente).

La libertad no se limita a lo económico. La libertad sin unión e independencia es solo una farsa en favor de los más poderosos. Los intereses del pueblo deben ser los intereses de la Nación; y los intereses de la Nación deben reflejarse en la calidad de vida del pueblo. Así recuperaremos nuestra identidad, y nos encontraremos como nosotros mismos. -Declaración Nro. 1 Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)-.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país. 

Un proyecto de Nación: industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, 20 de septiembre de 2024                  

-50 años de la LCT-

50 años de la Ley de Contrato de Trabajo. Cuanto sintetiza de nosotros como pueblo; cuando en ella convergen tantos hitos de nuestra historia, nuestras luchas; derrotas y triunfos; los pasados, actuales y por venir

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación:

industrialización con justicia social

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, septiembre de 2024              

Ni la oposición colaboracionista se salva con Milei

La tasa de desocupación en la Ciudad de Buenos Aires aumentó del 6,8% al 7,3% en el segundo trimestre de 2024, alcanzando su nivel más alto en dos años, según el informe "Indicadores laborales" del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA). Traducido a números absolutos, el desempleo afectó a 124.500 porteños.

Las zonas más afectadas por el desempleo incluyen el Sur de la Ciudad, con la tasa más alta de 11,4%, unos 3,7 puntos porcentuales por encima del promedio. El Centro porteño registra una tasa de 6,4%, y el Norte, de 5,4%.

En este mismo período, la tasa de subocupación horaria alcanzó el valor más alto de los últimos tres años (10,9%), mientras que la población subocupada demandante representa un poco más de la mitad de la población subocupada (50,6% frente al 41,8%).

La Población Económicamente Activa (PEA), compuesta por personas ocupadas y desocupadas, muestra una reducción interanual del 1,9%, con diferencias por sexo: la PEA femenina disminuyó un 4,3%, mientras que la masculina casi se mantuvo constante (+0,5%).

En la Ciudad de Buenos Aires, el empleo formal sigue siendo problemático.

En el segundo trimestre de 2024, el 71,3% de la población ocupada, trabajó en condiciones de asalariados el porcentaje más bajo desde 2014.

Finalmente, casi una cuarta parte de los trabajadores se encuentra dentro de la población que trabaja por cuenta propia (24,7%), la incidencia más alta registrada. En términos absolutos, esto representa un aumento interanual del 5,4%, contrariamente a la reducción total de la población ocupada.

Es hora de enarbolar en la Ciudad la bandera de la industrialización con justicia social.

 Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación:

industrialización con justicia social 

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, septiembre de 2024              

Hemos dejado de ser neutrales…

¿En qué conflictos va a involucrarnos?

El discurso de Milei en Naciones Unidas es profundamente peligroso y de consecuencias impensadas para la Argentina. Nos afecta como Nación y como pueblo.

La declamación en cuanto a que la Argentina deja de ser un país neutral, no solo evidencia alineamiento total y a cualquier precio con EEUU, y sobre todo, con Israel (como el que ya Milei expresara en su campaña); sino la temeraria incursión en un escenario desconocido.

Una decisión tan preocupante, y con potenciales consecuencias lesivas para nuestra Patria y sus habitantes, no debe ser tomada entre gallos y medianoches, y menos aún, en forma individual e inconsulta.

Sin embargo, esa es la práctica habitual de este gobierno, en cuanto se mueve por una fascinación por agradar a los poderosos; sin medir consecuencias, ni obtener reciprocidad, o resultados favorables, en lo que hace a los intereses nacionales.

Milei no es rey. Argentina es una república democrática, aunque no le guste.

Debe entender que no debe involucrar a la Nación y su pueblo en conflictos que no nos son propios, de cuestionable moralidad, y que tampoco nos beneficiarían en nada. Más bien, pueden dar lugar a daños y víctimas argentinas.

Nos expone a represalias de factores de poder e intereses que nos son ajenos.

Juega a ser transgresor, no mide consecuencias. Probablemente, cuando todas estas políticas fracasen, solo seguirá diciendo que las y los argentinos no lo entienden.

Su proyecto de país no nos considera ni nos incluye. Es para él y solo algunos de sus amigos.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación:

industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, 1 de octubre de 2024              

Queremos universidades públicas y gratuitas,

sin docentes y nodocentes empobrecidos

Este miércoles habrá una nueva marcha en defensa de la universidad pública y, como es habitual en sus prácticas políticas; antes de la movilización, el gobierno intentó deslegitimar la protesta.

El secretario de Educación de la Nación, acusó a las universidades de "inventar alumnos" para obtener fondos.

Una vez más, el gobierno nacional muestra una combinación preocupante de prejuicios, desconocimiento, y desinterérs hacia la gestión pública.

Desde OND reiteramos nuestra preocupación por la situación salarial de docentes y nodocentes en el sistema universitario público y gratuito.

La situación actual afecta negativamente a miles de trabajadores, y al buen funcionamiento de las instituciones universitarias nacionales.

La universidad pública y gratuita requiere suficientes fondos para operar correctamente, así como salarios justos para sus docentes y nodocentes.

La crisis salarial en el sistema universitario es extremadamente grave. En términos nominales, el colectivo universitario ha sufrido una brutal depreciación de sus ingresos, dejando a miles de trabajadores con ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Esta circunstancia perjudica a millones de profesionales educativos a nivel nacional, y amenaza la sostenibilidad de la universidad pública y gratuita; así como su capacidad para desempeñar con excelencia su función.

Se afecta la capacidad para mantener un compromiso efectivo en la calidad educativa, lo que podría comprometer áreas esenciales como la investigación y extensión universitaria.

Durante todo el primer semestre del año se ha señalado la gravedad de esta situación, sin que hasta ahora haya medidas concretas para garantizar el normal funcionamiento de la mesa paritaria nacional; -ámbito adecuado para abordar estos problemas y explorar soluciones viables.

Es imprescindible y urgente una recomposición salarial mediante negociaciones colectivas que, restablezcan el poder adquisitivo y aseguren la calidad del empleo, en consonancia con las funciones de una universidad pública y gratuita.

Asimismo, es importante restablecer el presupuesto para becas, que son fundamentales para que los estudiantes con menos recursos puedan estudiar.

Frente a las políticas del Ejecutivo nacional que incrementan el desfinanciamiento de la educación pública y gratuita, con una clara intención de mercantilizar y/o privatizar el Sistema Universitario Nacional; reiteramos nuestro compromiso con la educación como derecho humano universal y bien público social, en la construcción de una Nación justa, libre y soberana.

Por nuestra parte, postulamos que, así como el movimiento universitario fue y será apoyado por amplios sectores de la sociedad, como sindicatos, jubilados y movimientos sociales; también es imprescindible que, dicho movimiento, acompañe a otros sectores en sus demandas.

Nadie se salva solo frente a este desastre gubernamental.

La salida está en una articulación colectiva.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación:

industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, 5 de octubre de 2024              

El ajuste motosierra llegó a la salud

El gobierno nacional acaba de comunicar el cierre total del servicio de internación del Hospital Nacional de Salud Mental Lic. Laura Bonaparte, donde actualmente hay pacientes internados.

También ordenó el cierre total del servicio de guardia, haciendo abandono de pacientes de salud mental.

El cierre de dichos servicios es el preludio del cierre total del hospital dejando sin tratamiento a  miles de pacientes en salud mental, incluyendo niñas, niños y adolescentes, sin mencionar que aproximadamente unos 600 trabajadores pierden sus puestos de trabajo.

Dentro de la internación cerrada por este gobierno, actualmente hay aproximadamente 50 pacientes internados, sin tener conocimiento aún qué pasará con ellos. Y un dato no menor, que en lo que va del año, se atendieron a más de 25 mil personas.

Era noticia días atrás que el hospital pasaría a manos del GCBA, pero con el nuevo flamante Ministro de Salud Dr. Mario Lugones, ese traspaso quedó en la nada, con las versiones del cierre total del hospital pedida por el nuevo Ministro.

Estas medidas profundizan la crisis en salud, ya golpeada por el desfinanciamiento continuo y el maltrato y explotación al personal de salud.

Asociaciones sindicales que nuclean el trabajo de los profesionales de la salud vienen advirtiendo, ya en reiteradas oportunidades, que la falta de políticas precisas en salud desembocaría en una crisis profunda del sector. El sistema de salud, en su totalidad, se sacude violentamente frente a cada una de las crisis socioeconómicas que sufre nuestra población.

Consideramos que la salud, junto con la educación y el trabajo, son los pilares que sustentan una Nación. No podemos dejar pasar este atropello continuo de este gobierno de régimen conservador-liberal-libertario.

Frente a las políticas del Ejecutivo nacional, que incrementan el desfinanciamiento de la educación pública y de la salud pública, como tambien flexibilizando los derechos laborales para beneficio del empleador, llevando nuevamente al trabajador al siglo XIX, lo que podemos denominar como una esclavitud moderna, estamos persuadidos de la necesidad de torcer el rumbo por el bien de la Nación.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación:

industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, octubre de 2024              

Es hora de empezar a decir basta

construyendo un proyecto alternativo

La brutal caída del consumo interno en Argentina está generando honda preocupación. Las políticas económicas actuales buscan disminuir al máximo el consumo doméstico para aumentar las exportaciones de minerales, energía, forraje y alimentos. Sin embargo, esta estrategia tiene consecuencias directas y negativas en el Producto Interno Bruto (PIB) y en el bienestar de la población y profundizando las desigualdades sociales.

Debido a que una devaluación de la moneda nacional no es viable -ya que provocaría una inflación descontrolada y podría llevar al default de la deuda, dado que gran parte de los títulos en pesos están ajustados por inflación- se recurre a la depresión económica como herramienta para reducir el consumo interno. No obstante, considerando que aproximadamente el 70% de la producción nacional se vende en el mercado interno, la disminución del consumo implica inevitablemente un descenso del Producto Bruto Interno. Esta recesión se intensifica, afectando directamente al empleo, aumentando la desocupación y precarizando las condiciones laborales.

El impacto de este tipo de políticas se refleja en el alarmante incremento de la pobreza. Entre jubilaciones, universidades y programas sociales se explica el 40% del ajuste propuesto por el gobierno.

No es sorprendente, entonces, que la pobreza haya escalado 13 puntos porcentuales en un año, siendo más acentuado el aumento entre los mayores de 65 años: en el primer semestre de 2023, el 13,2% se ubicaba por debajo de la línea de pobreza, mientras que en 2024 alcanza el 29,7%. Es decir, la pobreza entre los adultos mayores aumentó 16,5 puntos porcentuales. Este incremento evidencia cómo las políticas económicas actuales agravan la situación de los sectores más vulnerables, erosionando sus ingresos y su calidad de vida.

Esta situación se enmarca una fuerte caída de la ejecución real del gasto público respecto al mismo período del año anterior, del orden del 31%, lo cual implica un significativo ajuste en áreas sensibles de la administración.

Paralelamente, se verifica un gran peso de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos, representando el 12% del total.

Al analizar el gasto por organismos públicos, se detectan fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud (–67%), la ANMAT (–19%), hospitales nacionales y en instituciones clave como el Instituto Nacional del Cáncer (–29%) y la Agencia Nacional de Discapacidad (–15%). En el caso del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, del cual el gobierno anunció su intención de cerrarlo, el ajuste interanual es de casi el 20%.

En materia científica, la situación no es mejor, con fuertes caídas en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y en organismos como la CONAE, CONICET y CONEAU. Los organismos de la Seguridad Social también están sufriendo recortes significativos en la ejecución de sus partidas presupuestarias. La ANSES, responsable de la Seguridad Social, registra un recorte del 18% respecto al año pasado. Asimismo, se detectaron reducciones del 65% en el INAES y del 41% en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

En un contexto recesivo y de caída de ingresos, los programas de desarrollo social carecen del financiamiento necesario. El programa Potenciar Trabajo recorta un 79% de su ejecución. Situación similar vive el programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia, con una caída del 79%. El programa de Comedores Comunitarios y Merenderos sufre un ajuste real superior al 85%.

Estos recortes afectan directamente al mundo del trabajo, ya que disminuyen las oportunidades de empleo y precarizan aún más las condiciones laborales, además de limitar el acceso a servicios esenciales como salud y educación.

En materia de desarrollo productivo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca experimenta un recorte del 96%, mientras que la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo cae un 89%.

Otros organismos como el INTA y el INTI también registran disminuciones en su ejecución presupuestaria. Esto implica menos apoyo al sector productivo nacional, lo que podría traducirse en más pérdida de empleos y oportunidades de desarrollo económico.

Los organismos de seguridad también muestran caídas en su ejecución, especialmente las fuerzas federales. Es el caso de la Policía Federal (–26%), Gendarmería Nacional (–26%), Policía de Seguridad Aeroportuaria (–17%) y Prefectura Naval (–25%). La misma realidad se presenta para las Fuerzas Armadas, con reducciones en las partidas del Ejército (–15%), la Armada (–19%) y la Fuerza Aérea (–16%). No obstante, contrasta el incremento real del 19% interanual en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Al profundizar en la ejecución presupuestaria, se observan caídas en los principales programas de la Seguridad Social. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sufre un ajuste del 43%; las pensiones no contributivas, una caída del 28%; y las transferencias a la Seguridad Social y organismos descentralizados, fundamentalmente el PAMI, registran un recorte del 44%.

En materia educativa, se observan fuertes caídas en la ejecución de partidas sensibles como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (–98%), el Programa Conectar Igualdad (–85%) y el programa de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría de Educación (–94%).

En el sector de la salud, programas críticos están virtualmente paralizados por falta de fondos. Es el caso de "Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica" (–58%), "Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra" (–75%), Atención Sanitaria en el Territorio (–96%) y el Fortalecimiento del Sistema Público de Salud (–90%). Los programas de prevención de enfermedades no transmisibles, endémicas y patologías específicas sufren recortes de entre el 67% y el 82%.

En materia de obra pública, el escenario es de una paralización casi total de las partidas presupuestarias, con caídas cercanas al 100% en programas como Apoyo para Infraestructura en Municipios, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica.

Finalmente, en cuanto a las transferencias del Tesoro Nacional a las provincias y municipios, los ajustes son muy marcados, encabezados por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (–100%), la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios (–100%) y la Asistencia Técnica a Municipios (–92%).

La situación general de la Administración Pública Nacional es de una fuerte reducción en la ejecución presupuestaria. En algunos casos, esto está llevando a la paralización de programas de alto impacto social y de salud. Incluso en un escenario fuertemente recesivo, no se están ejecutando programas de ayuda social ni de estímulo al desarrollo productivo, profundizando así la crisis en el mundo del trabajo y afectando no solo a los trabajadores del sector público, sino también a los del sector privado que dependen de estos programas y servicios.

Es imperativo detener el avance hacia la degradación económica, social y cultural del país. Los sectores vinculados al mundo del trabajo y la educación deben unir esfuerzos para construir un modelo de políticas económicas que priorice el bienestar de la población, promueva el desarrollo sostenible y garantice la justicia social.

Fortalecer las instituciones y las empresas públicas es esencial para asegurar un futuro equitativo y sostenible. Solo a través de la acción colectiva y el compromiso con un proyecto nacional inclusivo se podrá revertir el impacto negativo de las políticas actuales en el mundo laboral y las relaciones de trabajo.

El camino hacia la recuperación requerirá de una mirada integradora que considere el efecto de las políticas económicas y sociales en todos los sectores de la sociedad.

Es momento de que todos los actores políticos, sociales, culturales y académicos del campo nacional unan esfuerzos para construir un modelo de industrialización que priorice el bienestar de la población, promueva el desarrollo sostenible y asegure la justicia social. Solo así se podrá garantizar un futuro equitativo y sostenible para Argentina.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación:

industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, 27 de octubre de 2024                

Hay que pagar el precio -unos y otros-

El sistema republicano-democrático actual evidencia la debilidad de sus instituciones; especialmente, cuando quienes deben motorizarla pierden el rumbo, y desatienden -o no les importa-, la necesidad de estructurar un proyecto colectivo, integrador y democrático.

Se trata de una crisis en la cual la Nación, ha quedado a merced de un proyecto oligárquico-reaccionario que, cada día evidencia más que no le importa otra cuestión que su mirada economicista, focalizada en lo financiero, y la permanente reducción del déficit fiscal. Así, entiende como negativo todo gasto o inversión que realiza el Estado.

Lo anterior no es inocente. A partir de la invocación del ajuste, el objetivo es transferir al sector privado todas las riquezas explotables, así como áreas del Estado que puedan ser nichos de negocios.

En el gobierno de Milei, se trata de llevar adelante una enorme transferencia regresiva. Se emprobrece a la clase media, y se profundiza la exclusión de los más postergados.

Todo es para el beneficio de una minoría, que no llega al 5% de la población y que, ha perdido todo vínculo de compromiso y pertenencia con la Argentina.

Estos negocios no consideran ni contemplan si la mayoría de la población de Argentina se beneficia, aunque más no sea un poco, de alguna actividad o servicio.

Solo se rigen por una idea rectora de maximización de la rentabilidad, limitada a los actores concentrados económico-financieros, para que obtengan ganancias exacerbadas y a cualquier precio.

No hay otro anclaje que un proyecto económico experimental (combinación de monetarismo con la escuela austríaca) que, desprecia lo social, la sociedad y la dignidad humana; sobre todo cuando se refleja en el ideal de la justicia social.

Se está liquidando el Estado nacional, para luego liquidar la Nación argentina como entidad histórica y política.

Por ello, cómo o cuándo mejorarán nuestras vidas, son preguntas insondables.

No hay más que ajuste y negocios para pocos. El horizonte se nos aleja cada vez más al avanzar. No hay fecha cierta para terminar este calvario.

Los pasos futuros se presentan cada vez más dolorosos que los anteriores, para un pueblo que, está solo y espera.

Mientras tanto, la mayoría de su dirigencia disputa espacios para sí, que no explicitan un proyecto alternativo a este modelo deshumanizador y anticivilizatorio.

El pueblo no existe en esta realidad virtual que, tarde o temprano, se desmoronará o será demolida; desde dentro o fuera, de la fantasía instaurada y adoptada.

Todo es al revés. Como en el libro 1984; como en el XVIII Brumario de Luis Bonaparte, solo que la historia no se está repitiendo. Es una farsa. Más aún, una fantasía; casi una alucinación colectiva, que marcha a convertirse en tragedia.

En el actual régimen conservador-liberal-libertario, la historia no se repite. Se altera. Se construye adulterada. La realidad debe adaptarse a ella.

Nunca hemos tenido protagonistas tan primarios; una realidad tan lineal y devastadora. La teoría de la estupidez nos regala una verificación empírica de sí misma, y de nosotros mismos.

Hay un encantamiento vertido sobre gran parte de nuestra sociedad. Su efectividad se podrá atribuir a que tantas veces fue, y sigue siendo defraudada por su dirigencia; pero sin por ello olvidar que, otras tantas veces, se vió incursa en sus propias simplificaciones, inmadurez y caprichos.

Comienzan a cosecharse las tempestades a las que tantas veces temimos, y quisimos enfrentamos; erróneamente o sin convicción.

Jugamos con fuego, jugamos con el huevo de la serpiente. Creímos en la serpiente, la subestimamos, nos sobreestimamos.

Nos arrojamos al abismo estando convencidos que los abismos no pueden devorarnos.

La tempestad como respuesta, viene marcando la profundización de lo vacío, lo partido, las partidas. Es inducida o tolerada, se comparte, se baila, coexiste con los propios demonios que nos amenazan. Impone un precio que pagar; para los que la disfrutan, y los que no.

No hay exorcismo; hay paroxismo en la liviandad; en los pocos conceptos que acuñamos, en las falsas y cobardes expresiones en las redes, en el ocultamiento mentiroso, en la imposibilidad de mirar desde otro lugar nuestros privilegios y nuestra marginalidad.

No se gana, pero se festeja la pérdida de quienes van dejando de ser prójimo.

Hay tanta confusión y desorientación que, hasta se cree que el mal se neutraliza con la potenciación de la maldad.

Por el contrario, el mal nos envuelve, y se evidencia en la indiferencia, la provocación despectiva hacia los más débiles, la expoliación de las migajas, la detracción del saber, la traición a la propia tierra.

Tanta injusticia clama al cielo. Exige un punto de bifurcación. Un proyecto alternativo a partir de un nuevo pacto entre los postergados: la emergencia de lo nuestro, conseguir ser nosotros mismos, soberanos de nosotros mismos.

Tener Patria y ser Nación. Accionar para ello desde un proyecto alternativo. Ser un pueblo que es Nación.

Porque nosotros nos vamos a quedar aquí cuando ellos se vayan; como lo hacen siempre.

Ellos pueden irse. Pueden esperar que regrese el olvido sobre sus actos. Y así, volver a atacar, volver a saquear.

Se van, pero vuelven cuando algo se empieza a reconstruir. Es un eterno retorno del saqueo que hay que terminar.

Saben hacerlo. Ensucian todo y a todos para engañar. Manchan todo para montarse en la estupidez simplificadora de los mediocres. A esta altura, quizás cómplices.

Se enriquecen con la destrucción. Con nuestra destrucción. La de los que nos quedamos, los que seguimos. La de los que ganamos y luego perdimos -perdimos pero habíamos ganado-. La de los que no nos rendimos por mal que estemos. Los que volveremos en nosotros o en otros.

Fue posible, debemos organizarnos más y mejor para que sea nuevamente posible. Entonces habrá que arbitrar que no se sigan escapando impunemente como suelen hacerlo. Que no sigan siendo y haciendo: Que la hegemonía sea otra, la del pueblo cuando es Nación.

Nosotros tenemos en claro quién es el adversario que, irresponsablemente, juega con ser enemigo.

Es hora de iniciar otro camino; de quebrar la inercia del remanido no se puede; enfrentar a los poderosos; realizar y profundizar una transformación.

Necesitamos otro paradigma de realización individual y colectiva.

Es hora de pagar el precio por ello y para ello, y que también lo paguen ellos.  Ser iguales en alegrías y dolores.

Unos queremos ganar para quedarnos; otros para saquear, irse y volver, y volver a irse.

Elijamos el proyecto. Paguemos el precio del proyecto.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación:

industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, noviembre de 2024              

Los soñadores contagian

pero se necesitan nuevas perspectivas de reflexión en el movimiento nacional

Si tus fuerzas son iguales en número, lucha si te es posible. Si tus fuerzas son inferiores, mantente continuamente en guardia, pues el más pequeño fallo te acarrearía las peores consecuencias. Trata de mantenerte al abrigo y evita en lo posible un enfrentamiento abierto con él; la prudencia y la firmeza de un pequeño número de personas pueden llegar a cansar y a dominar incluso a numerosos ejércitos.

 Sun Tzu, El arte de la guerra

Partiendo de esta frase de Sun Tzu, nos preguntamos: ¿cuál es la correlación de fuerzas entre el movimiento nacional y el actual régimen conservador-liberal-libertario?

El debate no puede ser acotado. Menos aún, solo hacia lo que acciona o no, el movimiento sindical.

El movimiento sindical no puede suplir lo que no hace una conducción política -que debería ser estratégica-; y en la que, aclaramos, debe estar el movimiento sindical.

Entonces, ¿qué hacer?

Antes que nada, se necesita un debate con mayor profundización en torno a un diagnóstico que, a menudo, damos por sentado. Es decir, se requiere un más preciso y claro, marco referencial-doctrinario.

El diagnóstico tampoco alcanza para superar la auto complacencia, de una agotada contra-hegemonía argumental, de tiempos pasados.

Se trata entonces de avanzar hacia un proyecto que se encamine a estructurar una hegemonía alternativa; la de los intereses nacionales soberanos, a partir de la integración de los conceptos y realidades, de pueblo y Nación.

Postulamos liberar nuestras potencialidades transformadoras para un proyecto de industrialización con justicia social; superando la destructiva “liberación de las fuerzas del mercado”, que redunda en reprimarización, especulación financiera, más precarización y pobreza.

Para ello, necesitamos impulsar y consolidar nuevas perspectivas de reflexión; para percibir y entender, los contextos e intereses en juego; para ser pueblo y Nación.

Hoy, el proyecto hegemónico es otro, es antagónico al pueblo y la Nación. Por eso, hay que detectar y evidenciar “las camisas de fuerza”, que se diseñan estratégicamente, desde las formaciones hegemónicas reaccionarias, contra los movimientos nacionales en Suramérica.

Lo expresado en cuanto a que, con los gobiernos de derecha se quitan derechos y con los progresistas se los recupera, ha devenido en paradoja. Los derechos se confunden ante los ajustes que los demuelen. Las minorías excluyentes, priorizan, tergiversan e imponen sus intereses, como si fueran los de toda la sociedad.

Perder la última elección presidencial en noviembre de 2023, ha sido desastroso para el movimiento nacional; pero ganar una elección tampoco solucionará en el futuro, por sí misma, los viejos y persistentes problemas; menos aún, los que viene agregando el gobierno de Milei.

Se necesitará construir un proyecto alternativo, comprometer como partícipe, a una gran parte de la sociedad; para las transformaciones imprescindibles; para la supervivencia de cualquier futuro gobierno que surgiere desde el movimiento nacional.

Se deberá cumplir el proyecto alternativo que venimos proponiendo, con esfuerzo y lucha; desde una institucionalidad que, seguramente, volverá a ser cuestionada desde las formaciones hegemónicas reaccionarias -más fortalecidas por el actual gobierno-.

La categorizable como “nueva o extrema derecha”, llegó para quedarse; porque pudo revivir las concepciones totalitarias que subyacían en, al menos, un tercio de la sociedad argentina; porque quienes debían defender y promover derechos, no lo hicieron o no tuvieron suficientes convicciones para hacerlo.

Las concepciones totalitarias habían dejado de ser percibidas. Estuvieron encorsetadas por la hegemonía del sistema democrático, recuperado de la dictadura. Pero nunca dejaron de estar latentes.

A esa caja de Pandora, jugaron a abrirla los liberales, y la terminaron de desatar los libertarios, con la desorientación o complicidad, de sus aliados colaboracionistas.

El núcleo duro reaccionario, que permanece y se replica en nuestra historia; podría definirse como: “la oligarquía con olor a bosta” como la señaló Sarmiento; “el régimen falaz y descreído”, enfrentado por Alem, iniciando el camino al voto universal; “los conservadores-liberales-fascistoides” que se vengarían no aceptando la elección democrática, y derrocando a Yrigoyen; “los gorilas de la revolución fusiladora” que, proscribieron a Perón; “los del golpe económico” que forzó a Alfonsín a renunciar.

Esta formación hegemónica transhistórica y antinacional, nos desprecia; desprecia al pueblo trabajador, y lamenta haber nacido en nuestra Patria. Pero, a la vez, nos increpa; evidenciando la necesidad de construcción de nuevas perspectivas de reflexión en el movimiento nacional.

Por ello, no podremos generar transformaciones sin discurso, ni organización, ni conducción, para instrumentalizarla.

Solo tendremos alguna posibilidad de triunfar, si soñamos un proyecto alternativo, y sabemos presentarlo; primero, a nuestras y nuestros compañeros y, luego, a la sociedad toda.

Venimos sosteniendo que, hay que hablar primero a los propios. Hay que consensuar a los fines de construir una nueva correlación de fuerzas.

Mientras no se pueda confrontar al régimen, hay que organizarse. Detectar los actores políticos con los que hay que articular, a los que apoyar, y cómo generar las respuestas.

La lucha es en todos los terrenos, pero no todo el tiempo.

Hay que accionar, sin exponer los flancos, hasta que los fortalezcamos. Hay que actuar como si no se estuviera en la superficie.

Se requiere alcanzar consensos, establecer categorías conceptuales para la transformación, transmitir coherencia y claridad discursiva. Ser ejemplo en la organización; actuar, disciplinadamente, en las articulaciones transformadoras.

El proyecto es político. Por eso, hay que re-pensar los caminos a seguir, para cumplimentar los fines políticos del movimiento nacional.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación:

industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, 11 de noviembre de 2024              

El industricidio es una verdadera amenaza

a nuestro futuro como Nación

Desde diciembre de 2023 hasta noviembre de 2024, el contexto económico del país se ha caracterizado por un deterioro del poder adquisitivo de los ciudadanos, un aumento en las tasas de pobreza y una recesión que ha puesto en jaque el bienestar de la población.

La llegada de Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023 generó expectativas en determinados sectores de la sociedad, a partir de un supuesto cambio superador en las políticas económicas.

Su propuesta de un régimen conservador-liberal-libertario y de “shock” atrajo a una parte del electorado que priorizó la lucha contra la inflación.

Sin embargo, desde el inicio de su mandato, las medidas aplicadas han resultado en un efecto adverso para la economía nacional.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reflejan un aumento drástico en la inflación. Durante el primer semestre de 2024, la inflación acumulada fue del 79,8%, y en la comparación interanual, el incremento alcanzó el 271,5%, convirtiéndose en una de las más altas de la región.

Este incremento ha sido impulsado por diversas políticas de ajuste fiscal y la liberalización de precios de servicios públicos, que han encarecido notablemente los costos de vida, a causa de la devaluación de casi un 120% a mediados del mes de diciembre 2023, post asunción al gobierno.

La devaluación de la moneda que siguió creciendo los meses posteriores, llegando a la actualidad a un 24%, post devaluación de diciembre, aumentó la recesión económica y hundió aún más el consumo.

El poder adquisitivo de la población ha disminuido dramáticamente, según estimaciones del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE), el salario real se ha reducido en un 25%.

Lo anterior, en términos interanuales, significa que, en promedio, los hogares argentinos pueden comprar considerablemente menos bienes y servicios que hace un año.

Este fenómeno ha llevado a un aumento en la demanda de productos básicos, mientras que las familias luchan por cubrir sus necesidades esenciales.

Todo esto converge en un "industricidio", entendido como la destrucción sistemática de la capacidad industrial de un país que, derivará en peores consecuencias económicas y sociales de las que ya estamos padeciendo. Este es el fenómeno que viene cobrando relevancia, especialmente, bajo la administración de Milei.

En el mismo sentido, desde su llegada al poder, diversas políticas implementadas han llevado a un deterioro significativo de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs), fundamentales para el tejido económico argentino.

Las PYMEs representan aproximadamente el 99% del total de las empresas en Argentina, y son responsables de alrededor del 70% del empleo privado.

Sin embargo, según un informe de la Secretaría de Coordinación de Producción, en el primer semestre de 2024, el 42% de las PYMEs reportó una caída en sus ventas; indicador alarmante que refleja el impacto negativo de las políticas económicas de este gobierno.

Asimismo, una de las decisiones más polémicas del gobierno de Milei ha sido la flexibilización de regulaciones laborales y fiscales, en un intento por atraer inversiones.

Estas medidas han creado un clima de incertidumbre.

En un estudio realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se reveló que el 65% de las pequeñas y medianas empresas considera que las nuevas políticas han aumentado el riesgo de quiebra.

La política de apertura comercial impulsada por el gobierno también ha contribuido al deterioro del sector industrial.

Se estima que la eliminación de aranceles y la reducción de barreras comerciales han permitido la entrada de productos extranjeros a precios competitivos, lo que ha obligado a muchas PYMEs a cerrar sus puertas o reducir su producción.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las importaciones crecieron un 75% en el primer trimestre de 2024, lo que desplaza a los productores locales en un mercado ya golpeado por la crisis económica.

Por otro lado, en otro informe de la CAME, indica que el Índice de Producción Pyme (IPIP) sigue con números negativos, una variación interanual de -6,6%, una acumulada de -15,1% y una capacidad industrial utilizada del 60,6%.

Asimismo, en el transcurso de este año, cerraron 16.500 PYMEs, según lo informado por el Frente Productivo Nacional.

En cuanto a la inversión en infraestructura, el gobierno de Milei ha desatendido las necesidades de las PYMEs.

El presidente ha argumentado que la modernización de la infraestructura beneficiará a todos, pero la realidad es que muchas pequeñas empresas se ven excluidas.

La falta de acceso a financiamiento asequible ha hecho que sólo el 30% de las PYMEs pueda invertir en tecnología o mejoras necesarias para ser competitivas. 

A medida que se oscurece el panorama económico para las PYMEs argentinas, se hace más evidente que, el industricidio está en curso.

La combinación de políticas económicas ineficaces, la flexibilización desprotectoria del marco regulatorio laboral, y la apertura indiscriminada al comercio exterior; están llevando a un círculo vicioso de cierre de empresas y aumento del desempleo.

Uno de los indicadores más preocupantes es el aumento de la pobreza en Argentina. A fines de 2023, el 42% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza, pero en el primer semestre de 2024 alcanzó al 52,9%; la cifra más alta en 20 años,potenciando la indigencia, duplicándola en el primer semestre de 2024 (de 2.700.000 a 5.400.000).

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales reporta que el incremento en el costo de los alimentos, sumado al desempleo y la precarización laboral, ha empujado a millones de argentinos a situaciones críticas.

El consumo interno, que históricamente ha sido un pilar de la economía argentina, ha experimentado un fuerte retroceso.

Indicadores de la Secretaría de Coordinación de Producción muestran que, entre enero y agosto de 2024, las ventas en el sector minorista cayeron un 35% en comparación con el mismo período del año anterior. Esto refleja un cambio drástico en las pautas de consumo: las familias han priorizado gastos en alimentos y servicios esenciales.

El consumo privado, una de las principales variables económicas, se ha visto afectado drásticamente. Según estadísticas del Banco Central, cayó un 15% interanual, reflejando la disminución del poder adquisitivo de la población.

La caída del consumo también se ha visto reflejada en los índices de producción industrial, que se contrajeron un 15% en el último año.

La incertidumbre económica y la falta de crédito han llevado a muchas empresas a reducir sus operaciones, generando un círculo vicioso de desempleo y menor actividad económica, posicionando la tasa de desocupación alrededor del 8% (1,4 puntos porcentuales más respecto al mismo período de 2023), complicando aún más la situación económica de las familias argentinas.

Con Milei, las reformas económicas rápidas y drásticas han llevado a un nivel de inflación y pobreza sin precedentes.

Las medidas iniciales de Milei, que incluyeron la eliminación de controles de precios y la reducción del gasto público, han tenido un efecto negativo inmediato sobre la calidad de vida de la población. La estrategia de apertura comercial y su promesa de atraer inversión extranjera fueron puestas a prueba rápidamente.

La inflación, el deterioro del poder adquisitivo, el incremento de la pobreza, y el retroceso en el consumo, son indicadores claros de una crisis que se agudiza.

Los resultados son desalentadores, salvo para un reducido grupo de privilegiados, vinculados, fundamentalmente, al sector financiero.

Es necesario un cambio en las políticas económicas, orientándose a estrategias que prioricen el bienestar general y el desarrollo sostenible.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario. 

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación:

industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, 18 de noviembre 2024

A cinco meses de nuestro surgimiento para impulsar un proyecto de Nación:

“para un industrialización con Justicia Social”

Hoy celebramos un hito importante para nosotros como construcción colectiva.

El 18 de junio de 2024, llevábamos adelante el lanzamiento de nuestro Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND) que comenzó a gestarse en marzo del mismo año con las primeras declaraciones. El lanzamiento de un proyecto de nación. Un proyecto de lucha y compromiso para impulsar la  industrialización con justicia social.

El Grupo Ofensiva Nacional Democrática fue concebido para ser parte de una necesaria e imprescindible alternativa, contra la ofensiva del régimen conservador-liberal-libertario.

Este régimen amenaza con deshumanizar nuestra sociedad; buscando imponer, con prácticas intimidatorias, un modelo basado en el individualismo egoísta. Quiere someternos, a cualquier precio, a  las reglas salvajes del mercado. Por ello y para ello, pone en jaque la justicia social; a expensas de industricidio, financierización, y primarización económica.

Las y los integrantes de nuestro Grupo provenimos del mundo del trabajo, los sindicatos, la academia y la participación política, nos unimos priorizando la defensa de los derechos de los más postergados, vulnerables y descartados; para promover una sociedad más justa, equitativa e integrada.

Nos guía la defensa de nuestros intereses soberanos.

En estos cinco meses, hemos trabajado incansablemente para aportar a construir un movimiento que, represente los intereses de las mayorías nacionales, y no los de  las minorías privilegiadas, excluyentes  y sectarias.

Nuestra lucha es contra la explotación, la injusticia y la desintegración. Por un futuro donde todos tengan, a partir del acceso al trabajo digno, educación, salud y felicidad.

No luchamos por el Estado. Luchamos por la Nación. El Estado es un instrumento para la transformación, no un fin en sí mismo.

Luchamos como pueblo, porque queremos ser Nación. La Nación es el pueblo que defiende los intereses nacionales.

Seguiremos adelante, unidos y firmes en nuestras convicciones, hasta lograr consolidar una sociedad más justa y democrática para todos y todas.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

 Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación:

industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, 20 de noviembre de 2024              

En el día de la soberanía nacional, advertimos:

Hay un proceso de normalización de la entrega en marcha,

y de naturalización del totalitarismo del régimen conservador-liberal-libertario

Desde el gobierno de Milei se ha iniciado el camino político para la imposición de un nuevo régimen que neutralice cualquier capacidad de respuesta desde el movimiento nacional, tanto en términos de pensamiento como de acción.

El reciente lanzamiento de una agrupación conservadora-liberal-libertaria que, se autodefine como “brazo armado” y “guardia pretoriana” del actual régimen, permitiría inferir un potencial impulso a la creación de formaciones irregulares con las que planificar confrontaciones; no sólo en el terreno de las ideas -en términos de disputa de proyectos-, quizás también en términos de aniquilación ¿psíquica y física?

El marco estético adoptado por los conservadores-liberal-libertarios, de raigambre filofascista, sumado a un discurso de intolerancia; apelan a la consolidación de un imaginario colectivo direccionado hacia una suerte de miedo paralizante.

Se valen de una premisa, no articulada pero efectiva, en torno a una violencia simbólica y potencialidad de acciones directas sobre las personas.

No consideran al oponente político como tal. Lo construyen como un enemigo, denigrándolo, y borrando su humanidad. Así, se facilitaría la ausencia de remordimiento para la eliminación “del otro” en el marco de los territorios en disputa -virtuales o situados-.

La división entre “el bien y el mal”, “entre la gente de bien y los malos”; no por lineal e infantil, deja de contribuir a, deshumanizar primero; para atacar y destruir después.

En este proceso de desarticulación y demolición de pertenencias y proyectos; todo lo sectario y excluyente, se retroalimenta en función de una desconfiguración de la Argentina como país soberano.

El objetivo económico se ratifica a sí mismo, en un modelo de primarización, extractivismo, aperturismo financiero, e industricidio.

El objetivo político es una internalización de valores de colonialidad, sumisión, y desintegración, como pueblo y Nación.

Frente a esto, las distintas expresiones de la dirigencia política parecen no entender, no querer entender, o no interesarle, lo que nos ataca; un escenario que, más tarde o temprano, los devoraría.

Las permanentes claudicaciones ante un adversario que, cada vez más, avanza y se enorgullece de su configuración como enemigo implacable; sólo fortalecen un ideario totalizador y totalitario.

Se evidencia un vacío de poder alternativo al régimen, por la ausencia de una oposición que debería estar, integrada en, y comprometida con, los soberanos intereses nacionales.

A su vez, esto demuestra un agotamiento de las argumentaciones de muchos quienes integran la dirigencia política; solo esgrimidas, precariamente, como justificaciones de claudicaciones y ausencias.

Se olvidan o no se asumen; tanto las transformaciones que deberían haberse realizado, como las que tendrían que proponerse hoy, en beneficio del pueblo y la Patria.

Claudicaciones producto también de una confusión teórica y doctrinaria; no sólo desde las izquierdas sino de muchos progresismos neoliberales (o neoliberales progresistas), incorporados en diversos ámbitos del movimiento nacional.

La caída del Muro de Berlín fue inexorable para habilitar la potenciación de los neoliberalismos económicos en forma global. A ello, se sumó una coherencia implacable de los pensamientos de derecha, y la profundización de su brutalidad; la cual se viene incrementando, especialmente, y casi sin haber sido entendida, en los últimos 70 años.

Frente a esto, y con el pretexto de una necesidad de adaptación o modernización, progresismos e izquierdas, adoptaron como propios muchos de los postulados liberalizadores extranjerizantes del neoliberalismo global.

Lo anterior, se articuló y permeó en Argentina, en un continuo de referenciación en categorías eurocéntricas que, en su momento, dinamitaron movimientos de izquierda y progresistas en la Europa occidental, y movimientos populares en Latinoamérica.

También ocurrió en sectores de los principales partidos nacionales y populares de Argentina. Simplemente, se trasvasaron ideas que sonaban bien, pero que nos dejaron mal.

Afectaron al peronismo y al radicalismo, como parte del movimiento nacional y popular; cuando convergieron en postulados ajenos y distantes, en términos teóricos y prácticos, ante la necesidad de reforzar la defensa de intereses nacionales.

Todo esto se facilitó cuando, sin contextualizar, no se tuvo en claro un modelo de Nación para nuestra Argentina.

Así, sin tener en claro cuáles debían ser los principales actores y protagonistas para la construcción de un modelo de Nación, se fue naturalizando, con diversas justificaciones, una fragmentación en la sociedad, sus movimientos, y organizaciones.

Se justificaron las transformaciones supuestamente modernizadoras que se planteaban desde los centros de poder. Adoptadas, ilusoria e irresponsablemente, por progresismos que las receptaron como novedosas o inexorables.

Se contribuyó desde dentro al debilitamiento del movimiento nacional, limitando el accionar del actor sindical y, consecuentemente, dejando de lado el proceso de industrialización.

Todo esto degeneró en una licuación de las relaciones del mundo del trabajo y, sobre todo, en un debilitamiento del movimiento sindical como actor político-gremial.

Consecuentemente, en la afectación de un elemento de base para sostener posiciones y eventualmente confrontar, desde la propia identidad vinculada a la prevalencia del trabajo dependiente y tutelado, sobre el capital.

De este modo, se logró uno de los grandes objetivos de los neoliberalismos que, aunque no lo pudieron aniquilar todavía, han logrado que, el movimiento sindical fuera perdido de vista en su centralidad, para un modelo de Nación, industrializada y con justicia social.

El propio accionar de las nuevas derechas, y las defecciones en el movimiento nacional; contribuyeron al resurgimiento y consolidación de una formación hegemónica reaccionaria, transhistórica y antinacional; hoy, el régimen conservador-liberal-libertario.

Si entendemos por revolución la modificación y quiebre de estructuras. En Argentina, se está dando una revolución. Una revolución reaccionaria.

Se manifiesta descaradamente entonces, un camino al totalitarismo desde la revolución reaccionaria; en este caso, de una de las denominadas nuevas derechas: el régimen conservador-liberal-libertario de Argentina.

En esta revolución reaccionaria, las lógicas aplicadas por el gobierno; sistemáticamente, convergen en una construcción apoyada en permanentes purgas, hacia dentro y hacia fuera -internas y externas-. Porque…

Quieren a toda costa liquidar definitivamente la industria.

Quieren a toda costa liquidar definitivamente la justicia social.

Por ello, la defensa e impulso de los intereses nacionales soberanos, son nuestro desafío y nuestro objetivo.

Por ello, estamos dispuestos a trabajar y a confrontar la revolución reaccionaria.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación:

industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, noviembre de 2024  

La Salud en el gobierno de Milei:

un modelo que prioriza las ganancias sobre las vidas

En Argentina, la industria farmacéutica está sacando provecho de un contexto económico marcado por la desregulación impulsada por el régimen conservador-liberal-libertario de Javier Milei, quien, desde su asunción, ha promovido un modelo económico basado en la liberalización de precios, y la eliminación de controles sobre distintos sectores, incluyendo el farmacéutico.

Esta postura, respaldada por organizaciones empresariales de la industria farmacéutica, ha redundado en un incremento exorbitante de las ganancias de las grandes empresas del sector, a expensas de la salud de la población más vulnerable, en particular los jubilados.

Es sabido que la industria farmacéutica se caracterizó por ser la más beneficiaria, en términos de ganancias, en los últimos años, y los números lo demuestran.

Con relación a los balances o estados contables, en el segundo trimestre de 2024, se observa un aumento de la facturación del 326,7% respecto al segundo trimestre de 2023 (INDEC), como consecuencia del incremento registrado en la facturación de producción nacional (298,7%), y en la reventa local de importados (398,3%).

En la facturación de producción nacional se observa un incremento de ganancia del 293,6%, en las ventas al mercado interno, y de 351,6% en las exportaciones.

Los laboratorios han incrementado sus márgenes de ganancia de manera significativa, gracias a la desregulación de los precios de los medicamentos que promueve el gobierno de Milei.

Estos aumentos se explican por la falta de control sobre los precios de los medicamentos por parte del Estado, que han subido sin control por encima del IPC, desde diciembre del 2023 a noviembre de 2024, más allá de lo que la inflación oficial del país refleja.

Las grandes farmacéuticas, como consecuencia de esta liberalización, han visto multiplicadas sus ganancias, mientras que la población enfrenta un acceso cada vez más limitado en los tratamientos médicos esenciales.

Considerando la evolución de la venta al público, en 2021 se registró un aumento anual de 42,9%, lo que representó un 3% mensual acumulativo.

Por su parte, en el 2022 la variación anual de precios llegó al 82,8%, con un incremento mensual acumulativo de 5,1%.

Al observar el año 2023 de manera global (enero-diciembre), donde se registró una inflación anual del 211,4%, los precios de los medicamentos más consumidos por las personas mayores han sufrido, en promedio, un incremento del 271,2% en sus precios.

En los últimos dos meses del año 2023, la inflación escaló a un 41,6%, y los precios de venta al público de los medicamentos más consumidos por las personas mayores, habían ascendido, en promedio, un 78%.

Esta tendencia se explica, principalmente por el comportamiento de precios del mes de diciembre (ya iniciado el gobierno de Javier Milei), sólo en el último mes del año 2023 los medicamentos más consumidos por las personas mayores aumentaron en promedio un 40,9%.

En 2024 han aumentado considerablemente, especialmente los de los medicamentos con cobertura de PAMI:

·         En enero de 2024, los precios de venta al público de los medicamentos aumentaron un 13,6%, mientras que los precios con cobertura de PAMI aumentaron un 33,8%.

·         Desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2024, los precios de los medicamentos con cobertura de PAMI registraron una inflación acumulada del 300,6%.

·         El promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron en el último año alcanza una suba interanual del 282%.

Comparado con la inflación general:

●        Índice de Precios al Consumidor (IPC): +35,2% en el mismo período.

●        La inflación de medicamentos supera en 10,4 puntos porcentuales la inflación general.

El impacto que genera en la población es que:

●        7 de cada 10 argentinos consideran que el aumento de precios de medicamentos afecta negativamente su calidad de vida.

●        4 de cada 10 pacientes abandonan tratamientos médicos debido a la falta de acceso a medicamentos asequibles.

Mientras tanto, los cambios en el sistema de salud, como las modificaciones en el PAMI, han reducido aún más el acceso a los medicamentos para los sectores más necesitados, lo que genera una creciente desigualdad en el acceso a la salud.

Según un informe reciente del Centro de Economía Política (CEPA), el superávit fiscal (festejado por el gobierno) se logró por un brutal ajuste.

De cada $100.- recortados, las jubilaciones continúan siendo la principal variable ($24,2), seguida por la obra pública ($23,6%) y las prestaciones sociales ($12,8). Otros ajustes son: $12,7 subsidios, $12,6 salarios y otros gastos, $7,8 transferencias a provincias, $2,5 universidades y $3,8 otros gastos.

En paralelo, la situación de los jubilados es cada vez más alarmante.

Según los últimos datos de la ANSES, los aumentos en las jubilaciones (que fueron por Decreto, y contando los bonos) no han logrado compensar la inflación.

Se ha provocado una fuerte pérdida en el poder adquisitivo de los pensionados, sin mencionar que el Ejecutivo decidió congelar el bono de 55.000 pesos para quienes cobraban haberes menores a $160.712,61.- en enero y febrero, y aumentarlo a $70.000.- en marzo, para volver a quedar congelado hasta octubre para quienes cobran la mínima, y actualmente manifestando que se mantendrán para todo el año 2025.

Esto genera que millones de jubilados vean su capacidad de compra reducida, y muchos de ellos no puedan acceder a los medicamentos necesarios para su salud.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), más del 40% de los jubilados no tienen acceso a medicamentos básicos debido a los altos costos, lo que ha generado un aumento de las enfermedades no tratadas y una mayor presión sobre el sistema de salud público.

Para empeorar este contexto, las modificaciones en el PAMI, el sistema de salud para jubilados y pensionados, han agravado aún más la situación.

A partir de diciembre de 2023, con el recorte realizado por Milei de la cobertura de medicamentos y tratamientos, se ha obligado a los jubilados a recurrir al mercado privado para obtener lo que necesitan.

Con esta medida, muchos de los jubilados, cuyo ingreso ya es insuficiente, no pueden hacer frente a los costos adicionales que implica la compra de medicamentos sin la cobertura estatal.

Por su parte, el consumo de medicamentos en Argentina ha mostrado un crecimiento sostenido desde diciembre de 2023 hasta noviembre de 2024.

Según la Asociación Argentina de Droguerías (AAD), el consumo de fármacos crónicos ha aumentado en un 18%, destacándose el consumo de medicamentos para enfermedades cardiovasculares y diabetes, dos de las patologías más comunes entre los adultos mayores.

Sin embargo, el 60% de los argentinos, y en particular los jubilados, no pueden acceder a estos medicamentos debido a los precios, lo que los deja en una situación de vulnerabilidad constante.

En resumen, el modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei, caracterizado por la desregulación de precios y la falta de controles, ha favorecido a los laboratorios, permitiéndoles obtener ganancias multimillonarias, mientras que jubilados y sectores más vulnerables del país, sufren falta de acceso a los medicamentos.

El abandono de tratamientos médicos debido a la falta de recursos económicos y la ausencia del Estado puede tener consecuencias graves y devastadoras para la salud y el bienestar de las personas. A falta de estadísticas por parte del Ministerio de Salud, podemos mencionar algunas de las posibles consecuencias:

1.   Agravamiento de la enfermedad (mayor morbilidad y mortalidad).

2.   Pérdida de la calidad de vida (lo que puede afectar la capacidad de las personas para realizar actividades cotidianas y disfrutar de la vida).

3.   Aumento de la mortalidad (especialmente en personas con enfermedades crónicas y graves).

4.   Aumento de la discapacidad.

5.   Aumento de la desigualdad: La falta de acceso a tratamientos y medicamentos puede exacerbar la desigualdad en la salud, ya que las personas con mayores recursos económicos pueden acceder a tratamientos y medicamentos que no están disponibles para las personas con menores recursos.

6.   Aumento de la carga para el sistema de salud, ya que las personas pueden requerir tratamientos más intensivos y costosos en el futuro, en un gobierno que se jacta de priorizar la economía.

7.   Aumento de la ansiedad y el estrés.

8.   Aumento de la mortalidad infantil (especialmente en niños con enfermedades crónicas y graves).

9.   Aumento de la carga para las familias.

Todo pone en evidencia la desconexión de las políticas públicas con las necesidades reales de la población.

Garantizar el acceso a la salud a nuestros ciudadanos es un derecho, en especial, a las y los jubilados.

El libre mercado no trae soluciones, si no beneficios para unos pocos privilegiados.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

 Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación:

industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND) 

Argentina, 3 de diciembre de 2024  

3 de diciembre, día del médico;

una profesión precarizada y banalizada

El sistema de salud en Argentina se encuentra en una crisis profunda, afectando la calidad de vida de millones de personas. 

La precarización y banalización del trabajo médico son algunos de los problemas más graves. 

Se ha advertido ya en reiteradas oportunidades que, la falta de políticas precisas en Salud desembocaría en una crisis profunda del sector, estas políticas deben estar enfocadas en el rol presente del Estado, y este, tiene que ser responsable en asumir a través de la producción de los bienes y servicios necesarios, que puedan lograr niveles adecuados de salud a través de la prevención y atención de enfermedades, garantizando acceso a la salud de toda la población.

El actual contexto político del régimen conservador-liberal-libertario que habilita que, el DNU 70/2023 siga vigente y la aprobación de la Ley Bases, que implica liberación de precios, desregulación de las prepagas y formas de contratación no registradas, impacta de lleno en los sectores de la salud pública, tanto de gestión pública como privada, dándole un golpe de «knockout» al sistema en su conjunto

El sistema de salud, en su totalidad, es sacudido violentamente frente a cada una de las crisis socioeconómicas que sufre nuestra población. 

Enfocándonos en el mundo del trabajo, vemos cómo se acelera la caída del empleo de los médicos en relación de dependencia, mientras crece la precarización laboral; con la proliferación de contratos de monotributo que conlleva, entre tantas pérdidas, el desfinanciamiento de las Obras Sociales y el deterioro en las condiciones de trabajo.

Los profesionales de la salud enfrentan condiciones laborales inaceptables, con salarios en caída libre, agudizados por las políticas de libre mercado.

Según datos estadísticos, desde noviembre de 2023 hasta noviembre de 2024, el salario general en Argentina experimentó fluctuaciones significativas debido a las políticas económicas implementadas por el gobierno. Los aumentos salariales, fijados por paritarias, no lograron igualar el ritmo inflacionario y devaluatorio de la moneda, lo que deterioró el poder adquisitivo de los trabajadores, y los médicos no están exentos de esta tendencia.

La situación es dramática. Los médicos, que deberían ser los pilares del sistema de salud, se ven obligados a trabajar en condiciones de estrés y desgaste, con recursos insuficientes, y sin posibilidad de planificar su futuro.

Una serie de factores está impulsando, desgraciadamente, el abandono de la profesión médica. 

Estos factores incluyen la disminución irresponsable de los presupuestos de salud por parte de los gobiernos en todos los niveles (municipales, provinciales y nacional).

Los salarios de las y los médicos no alcanzan niveles razonables para una actividad indispensable. Los sacrificios realizados por el personal de salud no suelen ser reconocidos. La precarización laboral y la banalización de la profesión médica, permite clasificar todos estos procesos en lo que podemos denominar como “una suerte de esclavitud moderna”.

Si bien en 2024 se presentó al Examen Único de Residencias un 15% más de postulantes que en 2023, eso no deja de ser un mero dato estadístico, la realidad es que existe una falta de cobertura de vacantes en especialidades críticas que se encargan de las patologías más prevalentes, desde enfermedades infectocontagiosas hasta las crónicas no transmisibles.

El orden de mérito publicado por el Ministerio de Salud reveló que, fueron 4.890 los recibidos en Medicina que se presentaron a dar el examen para cubrir 4.556 cargos repartidos en 45 especialidades. 

Detalladamente, las principales especialidades médicas afectadas:

• Medicina General y/o Medicina de Familia, vacantes 415, postulaciones 100.

• Clínica Médica, vacantes 613, postulaciones 256. 

• Pediatría (un área con un faltante crítico de profesionales desde hace un tiempo), vacantes 759, postulaciones 388.

• Terapia Intensiva, vacantes 256, postulaciones 105.

• Emergentología, vacantes 96, postulaciones 30.

• En otras especialidades las cifras son más acotadas, pero consideramos que el impacto puede ser grande (Infectología, Neumonología, Nefrología, Anatomía Patológica, Hematología, etc.).

A estos números hay que sumarles que una cantidad considerable emigra a otros países, al finalizar su residencia, buscando un futuro prometedor, con mejores condiciones de trabajo, y salarios dignos acorde a su función.

Es hora de reconocer el valor del trabajo médico y garantizar su derecho a condiciones dignas y equitativas de labor, como expresa nuestra Constitución en el artículo 14 bis. 

Para eso, es necesario:

• Mejorar las condiciones laborales y salariales

• Incrementar la inversión en salud pública

• Fortalecer la formación y capacitación continua

• Fomentar la registración laboral

• Apuntalar el fortalecimiento de la inspección laboral para prevenir la explotación y la evasión impositiva

• Impulsar la promoción de espacios de diálogo entre los actores involucrados para generar consensos y soluciones sostenibles a largo plazo.

La salud es un derecho fundamental, y los médicos merecen respeto y reconocimiento. 

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación:

industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, 10 de diciembre de 2024   

"Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”

A un año del gobierno de Milei

A un año de la asunción del régimen conservador-liberal-libertario del presidente Milei, las consecuencias de su plan económico han recaído con fuerza sobre los sectores más vulnerables: los jubilados, los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas (PyMES), todo a causa del fuerte ajuste para ordenar algunas variables macroeconómicas con un costo catastrófico a nivel social.

El llamado “mayor ajuste de la historia” se tradujo en pérdida de poder adquisitivo, contracción de la actividad productiva y el cierre masivo de PyMES, impactando de manera desigual y regresiva sobre el entramado social y económico del país.

La actividad económica en Argentina en 2024 ha mostrado una caída brusca en los primeros dos trimestres del año (datos oficiales del INDEC), para tener en cuenta, en el segundo trimestre de 2024, el producto interno bruto (PIB) cayó un 1,7% en comparación con el mismo período del año anterior, con recuperaciones parciales y rebotes erráticos a la actualidad, que no mejoraron la licuación, a causa de la gran devaluación del 118% al inicio del mandato, de los ingresos de la sociedad.

El ajuste fiscal, festejado por esta gestión, tuvo en los jubilados su principal variable de recorte.

En los primeros nueve meses del año, el 25,3% del ajuste del gasto público provino de la pérdida de poder adquisitivo de este grupo, según datos del CEPA: el principal mecanismo fue el congelamiento, desde marzo, del bono de quienes perciben la jubilación mínima, anclado en 70 mil pesos, proyectado a mantenerse así todo el año 2025.

Como resultado, la suba acumulada en sus haberes entre enero y diciembre no superó el 105%, frente a una inflación estimada en el 120% para el mismo período.

Es decir, los adultos mayores nuevamente pagaron con menos ingresos el costo de la estabilización.

Por otro lado, recibieron por parte de esta gestión, la quita de medicamentos otorgados por el PAMI, generando una crisis de salud en el sector realmente grave, sin mediar consecuencias de ello.

El otro dato para resaltar es que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la pobreza entre los adultos mayores de 65 años aumentó del 13,2% en el primer semestre de 2023 al 29,7% en el primer semestre de 2024.

La llamada “desaceleración inflacionaria” tuvo un reverso amargo: la recesión y el deterioro de los salarios.

Según datos del INDEC, el poder adquisitivo (desde noviembre de 2023 a septiembre de 2024) tuvo una caída en promedio ponderado de -9,6% (privado registrado -1,5%, público registrado -16,1% y trabajador no registrado -20,1%).

La caída de la actividad económica también afectó la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas.

Según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2024, se perdieron más de 261 mil puestos: de 9.857.173 a 9.596.156.

En el plano productivo, la industria y el comercio exhibieron un retroceso aún mayor que durante la crisis sanitaria de 2020.

Entre enero y septiembre de 2024, la industria se contrajo un 12,4%, mientras que el comercio cayó un 10,8%.

La construcción, por su parte, se desplomó un 19,5 % en el mismo período.

Estos números no solo reflejan la profundidad del ajuste, sino que también revelan un tejido productivo que se desangra.

Según el Frente Productivo Nacional, 16.500 PyMES han cerrado sus puertas, provocando la desaparición de 160.000 puestos de trabajo.

A un año del gobierno de Milei, el resultado es un país con menos empleos, salarios debilitados, jubilaciones desvalorizadas y una actividad económica en franca retracción.

Mientras algunos celebran la menor velocidad de la inflación, la gran mayoría de la sociedad padece las consecuencias de políticas que, lejos de apuntalar la producción y el bienestar general, han afianzado el ajuste sobre las espaldas de los más débiles.

Hoy, más que nunca, se hace evidente que la pena es de nosotros, mientras las “vaquitas” siguen siendo ajenas.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación:

industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, diciembre 2024

Reivindicación de la Política

para una Industrialización con Justicia Social

La política, como pilar fundamental de la sociedad, sigue siendo objeto de una manipulación sistemática por parte de medios de comunicación y actores políticos que, alineados con un régimen conservador-liberal-libertario, han debilitado su estructura desde adentro.

Este fenómeno no solo erosiona la confianza pública en las instituciones, sino que también promueve una ideología que prioriza intereses individuales sobre el bienestar general.

Es imperativo reivindicar la política, recuperando su esencia como herramienta de transformación, garantizando así un Estado que responda a las necesidades del pueblo y la Nación.

La reconstrucción del discurso, la configuración de una nueva narrativa, es esencial para restaurar la democracia como tal, en el marco de un proyecto alternativo.

Para lograrlo, es fundamental reivindicar la política, fomentando un marco industrial que no solo impulse la economía sino también garantice la justicia social.

La industrialización, entendida como un proceso de transformación económica que promueve el desarrollo y la creación de empleo, debe ser un pilar fundamental en esta revitalización de la política.

La democratización, la generación de trabajo registrado y de calidad, y la redistribución de la riqueza; son los beneficios más significativos que se podrían obtener a través de una industrialización con justicia social. Esta, debe facilitar la creación de empleos formales y estables, contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad. Los trabajadores deben recuperar su acceso a la tutela laboral. Para ello, también se debe impulsar la negociación colectiva en su función redistributiva de la riqueza producida.

La industrialización también tiene un impacto positivo en cuanto fomenta la innovación, el desarrollo científico-tecnológico, la productividad y la competitividad. En tal sentido, consideramos prioritario que los gobiernos, los sindicatos y los empresarios, trabajen coordinadamente para impulsar y sostener la industrialización; creando tanto oportunidades comerciales como empleos dignos.

Consecuentemente, se deben sostener políticas públicas que fomenten la inversión en infraestructura, la investigación, prioricen el financiamiento productivo por sobre el especulativo; configurando institucionalmente un crecimiento distributivo.

Las políticas industriales deben estar diseñadas, no solo para impulsar el crecimiento económico sino también para garantizar que, los beneficios de dicho crecimiento se distribuyan equitativamente entre todos los sectores de la población. No se trata de una industrialización a cualquier costo; es imprescindible que esta se realice con un anclaje en la justicia social.

Así, la cooperación entre el sector público y privado se presenta como esencial para lograr, una industrialización efectiva y socialmente justa.

Por su parte, es crucial que la ciudadanía y sus organizaciones recuperen su papel protagónico en los procesos políticos. El movimiento obrero organizado, los movimientos sociales, el movimiento universitario, y otros actores de la sociedad;  deben impulsar su integración en la construcción de un modelo de Nación.

Es el momento de reivindicar la política desde una perspectiva ética con centralidad en el trabajo digno, donde la industrialización y la justicia social, sean los pilares fundamentales.

La promoción de una industrialización equitativa no es solo tarea del Estado, sino de una comunidad organizada.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación:

industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, enero de 2025  

El futuro que ofrece el régimen es un mayor contexto de desigualdad;

OND propone políticas de integración democratizadora

En el contexto político actual, el régimen conservador-liberal-libertario busca establecer una alianza estratégica con el PRO de Mauricio Macri.

Esta convergencia tiene como objetivo principal manifestar una firme resistencia a todo lo popular (que peyorativamente denominan populismo), para profundizar en una agenda de brutales cambios estructurales; culturalmente deshumanizadores en la economía, la administración pública, la salud, la educación; solo en favor del libre mercado.

A través de estas alianzas, pretende consolidar una formación histórica hegemónica antinacional y antipopular, que impulsa políticas orientadas a “regular” la desregulación del mercado. Todo, en beneficio de grupos económicos concentrados, y cada vez más extranjerizantes en la economía.

Así, la gastada bandera del cambio se erige nuevamente como símbolo de “otro” rumbo para el país. Un rumbo que se repite. Cuyo resultado es la destrucción de la industria, la minimización de la clase media, y la profundización de la pauperización de asalariados y cuentapropistas.

En suma, la fragmentación y atomización de la sociedad: por un lado, unos pocos privilegiados beneficiados por éstas políticas neoliberales y, por otro, un alto porcentaje de la población sumido en la pobreza.

El régimen busca consolidar un contexto de desigualdad. Ese es el futuro que ofrece.

Trata de naturalizar un escenario de imposibilidad, en cuanto se pretenda articular respuestas a demandas populares; frente a la desigualdad social, económica y política, o ante cualquier otra injustica. Por eso, lo exaspera el concepto de justicia social.

Lo que estamos debatiendo es, finalmente, la dicotomía entre "pueblo" y "élite" para la toma de decisiones.

El régimen conservador-liberal-libertario detesta todo lo popular. Lo percibe como un riesgo para “su” orden, y para la hegemonía hiperideologizada con que sostiene sus intereses políticos y económicos que, por cierto, benefician a unos pocos privilegiados.

Las consecuencias de una economía de libre mercado pueden ser diversas y complejas, pero en Argentina, hoy se evidencian en detrimento de la mayoría de la población.

En el actual sistema, con un mercado -supuestamente- libre, según el modelo de convergencia monetarista y de la escuela austríaca-estadounidense, se da lugar a monopolios u oligopolios; a través de los cuales, unas pocas empresas dominan el mercado, limitando las opciones de los consumidores y pequeños-medianos productores, en función de la maximización de sus ganancias.

La liberalización exacerbada incrementa la desigualdad, la explotación y la extranjerización. En síntesis, limita la soberanía, incrementando la dependencia.

Mientras que algunos sectores de la población pueden beneficiarse de este entorno de libre mercado, muchos quedarán rezagados, exacerbándose la pobreza y la exclusión social.

Esta disparidad puede llevar a tensiones sociales y una mayor polarización política, cuando los grupos menos favorecidos demandan políticas públicas que protejan sus menguados intereses.

Por otro lado, la libre importación indiscriminada, generaría un déficit comercial, en el que la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas no podrían competir, generando pérdidas de puestos de trabajo, y deterioro del desarrollo industrial local.

Por todo ello y mucho más, equilibrar la microeconomía con la macroeconomía, atendiendo, especialmente, el mercado interno, requiere una estrategia integral y coordinada; con la participación de actores económicos y sociales, como empresas, sindicatos, universidades, y otras organizaciones. En tal sentido, es que continuaremos sosteniendo e impulsando, la formulación e implementación de lo que concebimos como políticas de integración democratizadora.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación: industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, enero de 2025  

2025

Sombrío escenario socio-económico-laboral para nuestra Argentina

La gestión de Javier Milei durante el 2024 ha delineado un panorama sombrío para las estructura productivas del país. Las políticas de desregulación, la drástica reducción de las dependencias organizativas estatales y la falta de protección del empleo registrado han tenido consecuencias devastadoras para el mundo del trabajo.

Los resultados no solo evidencian un escenario de deterioro continuo en el mediano y largo plazo sino que anticipan una crisis.

La destrucción del empleo registrado en el sector privado superó los 123.000 puestos durante el primer año de gestión, una pérdida que refleja la incapacidad de este modelo económico para sostener la generación de trabajo formal y de calidad.

El sector de la construcción, históricamente vinculado a la dinamización de la economía, fue particularmente afectado con más de 69.000 empleos eliminados, lo que pone en evidencia los efectos de la paralización de la obra pública y la falta de inversiones productivas.

La industria manufacturera también sufrió un fuerte retroceso, con una pérdida superior a 25.000 puestos, un golpe que debilita uno de los pilares de la economía nacional, exponiendo al país a una mayor dependencia de productos importados.

La precarización del trabajo ha sido otro factor alarmante. La reforma laboral promovida con la Ley Bases consolidó un marco de flexibilización que erosiona los derechos de las y los trabajadores, alentando la contratación bajo modalidades y figuras que eluden aportes y garantías fundamentales.

La expansión del monotributo, que creció en número pero no en calidad, simboliza la tendencia hacia formas de empleo precarias que condenan a millones de trabajadores a la incertidumbre económica y social.

A esto se suma la pérdida de más de 19.000 puestos de trabajo del personal de casas particulares (domésticas), y más de 43.000 en el sector público.

En el plano salarial, el deterioro es igualmente alarmante. Aunque las cifras nominales indican una leve recuperación, en términos reales, el poder adquisitivo de los trabajadores continúa cayendo.

La inflación descontrolada, más allá de los festejos sobreactuados, ha llevado a que tanto el promedio como la media salarial se encuentren por debajo de los niveles de hace un año.

Este estancamiento, combinado con el aumento exponencial de los costos de servicios esenciales para las familias y las empresas, reducen drásticamente la capacidad de consumo y socava las bases del crecimiento económico.

El impacto territorial de estas políticas es y será cada vez más desolador.

Las provincias menos desarrolladas han experimentado una caída sostenida del empleo registrado, profundizando las desigualdades regionales y condenando a vastas zonas del país a la marginalidad económica.

Formosa, con una pérdida superior al 10% del empleo privado, es sólo un ejemplo de cómo estas medidas han afectado desproporcionadamente a las jurisdicciones más vulnerables.

El balance del primer año de gobierno de Javier Milei deja un escenario negativo para las y los trabajadores en Argentina. La destrucción de empleo, la precarización laboral y el debilitamiento de los sectores productivos dibujan un panorama donde la inequidad, la inseguridad económica, y la exclusión, son y serán protagonistas.

De continuar estas tendencias -conforme el gobierno continua haciendo, y para ello, propone otra reforma laboral más- el país enfrentará una crisis socio-económico-laboral de magnitudes dramáticas, con consecuencias devastadoras para el desarrollo industrial y el bienestar del pueblo.

Las políticas implementadas vienen a desmantelar las bases mismas de la estabilidad laboral, dejando a la sociedad ante un futuro de creciente pobreza, desigualdad y marginalidad.

Durante todo el año pasado, desde OND, advertimos que las principales víctimas de este modelo económico serían la producción y el trabajo. Lamentablemente, no nos equivocamos.

Tampoco nos equivocamos en insistir que, la salida será con un proyecto alternativo de Industrialización con Justicia Social.

En un contexto en el que el régimen conservador-liberal-libertario prioriza -por sobre el bienestar general de la población-, el libre mercado, la primarización, la especulación financiera, y el extraccionismo de nuestras riquezas; ratificamos un modelo de industrialización con la justicia social.

Y ante este sombrío escenario socio-económico-laboral, ratificamos como síntesis de nuestros objetivos:

1. Desarrollo industrial con trabajo digno, como elemento de integración de la sociedad.

2. Innovación tecnológica, para contribuir a mejorar la productividad y competitividad de empresas y trabajo argentino.

3. Sostenibilidad de la producción, fortalecimiento del mercado interno, y protección de los recursos y el medio ambiente; como responsabilidades sociales para el bienestar general.

4. Reducción de la desigualdad para la integración económica, social y cultural; mediante la complementariedad del crecimiento, y la redistribución del ingreso y la riqueza.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación: industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, enero de 2025  

La esencia del régimen de Milei: un discurso de odio y persecución

El discurso de Javier Milei en Davos revela una vez más la esencia de su régimen conservador liberal libertario: un discurso de odio y persecución que busca dividir a la sociedad y retroceder en los derechos ganados. Es inaceptable que un presidente de la Nación promueva una ideología que atenta contra la dignidad y la igualdad de todos los ciudadanos.

Milei habla de "libertad" y "progreso", pero su discurso esconde una realidad de exclusión y discriminación. Su régimen busca desmantelar los avances sociales y laborales conseguidos después de años de lucha y sacrificio.

La igualdad de género, los derechos de las personas con discapacidad, la libertad de expresión y la justicia social son algunos de los objetivos que este régimen busca destruir.

La sociedad, el movimiento obrero organizado, el movimiento universitario y los movimientos sociales deben unirse en la defensa de nuestros derechos. Debemos luchar para mantener la democracia viva, fomentando la industrialización con justicia social. No podemos permitir que este régimen nos siga llevando hacia un futuro de desigualdad y exclusión.

La unión y la solidaridad son nuestras mejores herramientas para enfrentar este desafío. Debemos trabajar juntos para construir un futuro más justo y equitativo para todos. No podemos permitir que el odio y la intolerancia se apoderen de nuestra sociedad. Es hora de actuar y defender nuestros derechos y valores.

Desde el grupo OND creemos que es fundamental abordar las desigualdades económicas, sociales y culturales que afectan a la población, a través de políticas públicas que promuevan el trabajo, la educación, la salud y la justicia social.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación: industrialización con justicia social 

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, enero de 2025  

El ancla salariales una estrategia tramposa de este gobierno:

Pretende castigar a los trabajadores y sus organizaciones

por los problemas que continúa generando en la economía

Las perversas estrategias del Gobierno, de cara al desafío electoral de 2025, descansan en tres “anclas” principales: el tipo de cambio, las tarifas de los servicios públicos, y las negociaciones colectivas.

El “ancla salarial” involucra de manera directa el poder adquisitivo de los trabajadores y distorsiona la dinámica de las relaciones laborales; viola la libertad de negociación, es decir, la libertad sindical.

Desde el inicio del año, la injerencia indebida gubernamental en las paritarias ha sido explícita: el gobierno, luego de los desequilibrios que generara en la economía, ahora busca que los acuerdos no superen la inflación proyectada. Para ello, promueve incrementos escalonados -por debajo del 2% mensual-.

En realidad, lo anterior, ha sido y sigue siendo parte de una falacia, para atribuir a los trabajadores y sus organizaciones, la culpa de la inflación.

Los sindicatos persisten en tratar de recomponer el poder de compra perdido durante 2024; cuando, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la masa salarial se contrajo con mayor fuerza que las ganancias empresariales, lo que implicó una pérdida de participación relativa de los trabajadores en el valor agregado.

La masa salarial se incrementó un 114,1% nominal entre finales de 2023 y el tercer trimestre de 2024, pero la inflación superó el 130%. Así, se erosionaron esos aumentos de manera determinante: la caída en términos reales fue del 8,1%.

El deterioro, desde la perspectiva laboral, se agrava cuando se advierte que los trabajadores asalariados representan alrededor del 73% de la población ocupada, mientras que los empleadores apenas superan el 3%.

En un contexto de contracción del Producto Bruto Interno (PBI) y de recesión en varios sectores clave (construcción, industria manufacturera y comercio), la tensión es evidente.

Para el gobierno nacional, el supuesto éxito político-electoral en 2025 pasaría también por exhibir un índice de inflación que, al menos por unos meses, se ubique por debajo del 2%.

Este objetivo, se sobrecarga con la limitación de los incrementos salariales y, por ende, en que los trabajadores resignen poder adquisitivo. Además, se da en un mercado laboral en que el oficialismo potencia la precarización.

En línea con lo anterior, el empleo total no aumentó, y el segmento asalariado formal (registrado) sufrió una caída del 2% interanual; pero el empleo no asalariado (trabajadores por cuenta propia y monotributistas) y el asalariado informal, ya anotaron ligeros incrementos.

Para las relaciones laborales, este fenómeno implica:

-       menor calidad de los nuevos puestos

-       dificultad para la acción colectiva

-       reducción de la capacidad de los sindicatos de incidir en la configuración de los acuerdos.

Esta es la estrategia tramposa del gobierno para simular contener la presión inflacionaria:  Pone el foco en los trabajadores y los sindicatos, para luego echarles la culpa por los desequilibrios que él generó con las variables económicas y financieras.

Por otra parte, el llamado “ancla salarial” también contribuye al debilitamiento de la negociación colectiva, y neutraliza las potencialidades más amplias y profundas que esta institución del derecho del trabajo puede brindar. Ello, en términos de crecimiento y distribución armonizados.

En la práctica, esta estrategia solo refuerza la caída de la participación de los asalariados en el reparto de la riqueza que también contribuyen a generar.

De persistir el retraso del salario real, se amplificaría la brecha entre la evolución de los ingresos empresariales y los de la clase trabajadora. Esta última, es la gran perjudicada.

Se trata de una estrategia que no solo responde a mezquindades, ante la proximidad de las elecciones, sino también encierra un ataque  a la dinámica y autonomía colectiva que debe imperar en la negociación colectiva.

Esta injerencia estatal, visible en expresiones en cuanto a que no se convalidarían porcentajes que superen las metas inflacionarias; cristaliza, una vez más, la abusiva y permanente subordinación -por parte del régimen conservador-liberal-libertario- de los derechos laborales, individuales y colectivos, a los intereses en torno a la macroeconomía.

Resulta claro que en 2025, el gobierno seguirá recurriendo a este ancla; en paralelo con la intervención en los mercados cambiarios, para sostener un crawling peg de solo el 1% mensual.

Cabe reflexionar sobre la viabilidad y los costos humanos que traerá aparejada esta hoja de ruta. Multiplicado por la creciente precariedad de las formas de empleo, devendría en un deterioro más profundo de las condiciones socio-económicas-laborales.

El debate abarca aspectos estructurales de la distribución del ingreso, el debilitamiento de la negociación colectiva, la ampliación de sectores precarizados, y la definición de los límites a las injerencias indebidas del Estado, en general, y en especial, en el proceso paritario.

No caigamos en la estrategia tramposa de este gobierno, para castigar a los trabajadores y sus organizaciones, por los problemas que ellos generaron y siguen generando en la economía.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación: industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, 5 de febrero de 2025

El seguidismo de Milei y su impacto en la salud de nuestro pueblo

La derecha política internacional (a la que Milei pertenece) y sus medios de comunicación reaccionarios, plantean el cuestionamiento de la «agenda 2030» para el Desarrollo Sostenible, adoptada por las Naciones Unidas en 2015.

Buscan deslegitimar luchas históricas por derechos civiles, políticos y sociales; como el reconocimiento de la diversidad racial, de género y sexual, y la vigencia de la justicia social. Todo lo que puede llevar a diversos retrocesos, como los que vimos recientemente en el discurso de Milei en Davos.

Al trivializar las luchas por la justicia social, generan el riesgo de marginar aún más a grupos vulnerables, perpetuando desigualdades que la «agenda 2030» busca erradicar.

El régimen conservador-liberal-libertario de Milei copia a rajatabla las acciones conservadoras de Donald Trump.

Esta agenda reaccionaria tiene consecuencias graves y duraderas para la diversidad y la inclusión en nuestra sociedad, tanto en el ámbito social, como en el económico y ambiental.

Así, repitiendo lo realizado por el presidente de EEUU, Milei hoy ha dispuesto la salida de la Argentina de la Organización mundial de la Salud (OMS).

La decisión de un país de salir de la OMS tiene consecuencias graves y duraderas para la salud pública (ya atacada por los despidos y cierres de programas de salud fundamentales), y para la economía del país.

Podemos enumerar varias consecuencias generadas por la salida de la OMS:

1. Pérdida de acceso a información y recursos: La OMS es la principal fuente de información y recursos para la salud pública a nivel mundial. Al salir de la OMS, el país perdería acceso a información crítica sobre enfermedades, vacunas, medicamentos y tecnologías médicas.

2. Reducción de la capacidad de respuesta a emergencias de salud: La OMS juega un papel fundamental en la respuesta a emergencias de salud, como brotes de enfermedades y pandemias. Sin la participación en la OMS, el país podría tener dificultades para responder de manera efectiva a estas emergencias.

3. Pérdida de financiamiento y apoyo técnico: La OMS proporciona financiamiento y apoyo técnico a los países para fortalecer sus sistemas de salud. Al salir de la OMS, el país perdería acceso a estos recursos.

4. Aislamiento internacional: La OMS es una organización internacional que cuenta con la participación de casi todos los países del mundo. Al salir de la OMS, el país se aislaría internacionalmente y podría tener dificultades para colaborar con otros países en materia de salud.

5. Impacto en la economía: La salud es un sector fundamental para la economía de cualquier país. La pérdida de acceso a información, recursos y financiamiento podría tener un impacto negativo en la economía del país.

6. Pérdida de credibilidad: La decisión de salir de la OMS podría ser vista como una señal de que el país no está comprometido con la salud pública y la cooperación internacional. Esto afectaría la credibilidad del país en la escena internacional.

7. Impacto en la salud de la población: La pérdida de acceso a información, recursos y financiamiento podría tener un impacto directo en la salud de la población. Los servicios de salud podrían verse afectados, y la población podría tener dificultades para acceder a servicios de salud de calidad.

Es importante que los países prioricen la cooperación internacional y la salud pública para garantizar el bienestar de sus ciudadanos.

Como podemos ver, el seguidismo de Milei, también tiende a polarizar la sociedad, para generar un ambiente de confrontación permanente.

Es imperativo que la sociedad reconozca la relevancia de lo que está ocurriendo, y trabaje de manera conjunta para construir un país más justo y equitativo, donde se prioricen tanto el bienestar humano como el de nuestro planeta.

Nuevamente corre peligro la salud en Argentina. Milei no  mide las consecuencias de las decisiones que toma. No le interesa. Solo le interesan, por un lado, el libre mercado; y por otro, el seguidismo a Trump, y a los poderes económicos; aunque se afecte el bienestar general de nuestro pueblo.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

 Un proyecto de Nación: industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, febrero de 2025

La industria automotriz en jaque bajo el gobierno de Milei

La industria automotriz argentina vive días de creciente incertidumbre. Mientras el gobierno de Javier Milei flexibiliza importaciones y reduce impuestos para la compra de vehículos extranjeros, la producción local se ve amenazada por la falta de previsibilidad económica, la ausencia de un plan industrial claro, y la competencia con el mayor socio del Mercosur: Brasil.

Hace tiempo que la distancia en inversiones entre ambos países viene creciendo, pero ahora la situación se ha vuelto crítica. Mientras allí se anuncian 20.400 millones de dólares para modernizar plantas y avanzar en la producción de híbridos y eléctricos, aquí apenas se superan los 1.700 millones.

Esto significa que por cada dólar que las terminales invierten en Argentina, desembolsan 12 en Brasil. Ante esta abrumadora diferencia, empresarios y trabajadores del sector advierten sobre las consecuencias: menos producción, menor integración de autopartes, y una creciente tendencia a “ensamblar” vehículos con piezas importadas, en lugar de fabricar con valor agregado local.

La gestión de Milei, que al principio prometía eliminar las trabas a la importación para abaratar productos, ha resultado un arma de doble filo para la industria local.

Por un lado, abrió la posibilidad de que entren vehículos de alta gama y nuevas tecnologías sin aranceles, lo cual puede sonar tentador para ciertos consumidores.

Por otro lado, esta apertura se traduce en un duro golpe para las fábricas nacionales que quedan expuestas a competir en condiciones desiguales frente a grandes volúmenes importados, especialmente de Brasil y México, donde la escala de producción y los incentivos tributarios otorgan claras ventajas de precio.

En este contexto, las señales en el plano laboral son alarmantes.

GM anunció planes de retiros voluntarios que podrían afectar a cientos de trabajadores en su planta de General Alvear, Santa Fe. Volkswagen ya prescindió de empleados y estudia “reconvertir” su línea de pick-ups en un proyecto que, en los hechos, se traduciría en un simple ensamblado con bajísima integración local.

El caso de Nissan en Córdoba quizá sea el más paradigmático: las ventas y exportaciones no repuntan, y surgen cada vez más rumores de que la Frontier –fabricada en la histórica Santa Isabel– dejaría de producirse en el país para importarse desde México. O peor aún, que la empresa se vaya de Argentina.

Por supuesto, esta deriva no es cosa de un día. Sin embargo, con Milei todo apunta a una apertura implacable que prioriza el corto plazo y las promesas de “libre competencia” por encima de la fabricación nacional y el empleo.

Mientras tanto, Brasil hace lo opuesto: lanza el plan MoVer para impulsar la movilidad eléctrica e híbrida, y cada estado ofrece exenciones impositivas y otros beneficios a las terminales, a cambio de compromisos de producción y niveles de empleo.

Esa coherencia de largo plazo inclina la balanza a su favor. En Argentina, en cambio, la economía se debate entre la apreciación cambiaria y la falta de dólares, dificultando cualquier proyección a mediano plazo.

El resultado no es solo la amenaza de cierre de plantas, sino también la posibilidad de que, en el mejor de los casos, la fabricación local se limite a un ensamblaje con piezas traídas de afuera.

Esto representaría un golpe letal para el sector autopartista, que vería peligrar su continuidad y la de miles de empleos. Argentina, a este paso, podría terminar como Australia, un país que perdió su industria automotriz por completo.

El Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) que el gobierno libertario presentó con bombos y platillos, prometiendo beneficios impositivos y cambiarios para proyectos de más de 200 millones de dólares, no ha logrado hasta el momento seducir de manera concreta a las grandes terminales

El resultado de estas inconsistencias ya se percibe en las estadísticas: la producción de vehículos en 2024 bajó 17,1% respecto de 2023, y las exportaciones cayeron 3,4%.

Aunque las ventas internas se sostuvieron levemente (gracias a la importación), el grueso de lo comercializado no proviene de las líneas de montaje locales.

El panorama empeora con el anuncio de una nueva reducción de impuestos internos para vehículos de gama alta o media-alta y la eliminación del arancel para motorizaciones híbridas y eléctricas.

Sin una estrategia de fabricación nacional de estos modelos, el impacto positivo de la medida para la industria local se esfuma.La incertidumbre se retroalimenta: las multinacionales dudan antes de comprometer grandes desembolsos y eso ahonda la brecha respecto a Brasil, con consecuencias directas en la pérdida de empleos.

La mayor preocupación es que, aun cuando la industria sobreviva, lo haría con planes cada vez más modestos y con un mínimo de integración de autopartes nacionales.

De continuar esta tendencia, la industria automotriz argentina corre el riesgo de desmantelarse.

No desaparecería de un plumazo –hay compañías como Toyota o Ford que mantienen apuestas de relativo largo plazo–, pero sus proyectos quedarían muy por debajo de lo necesario para seguir generando valor agregado y empleo calificado.

Si nuestro principal socio comercial ya invirtió miles de millones en la producción de vehículos de última generación, mientras en Argentina se ensambla con partes importadas, y con la espada de Damocles de la apertura total pendiendo sobre sus cabezas; la competitividad del sector podría llegar a un punto de no retorno.

En conclusión, el gobierno de Javier Milei pareciera apostar a la importación irrestricta y al sueño de precios más bajos, sin reparar en las secuelas para una industria que históricamente ha sido motor de desarrollo y generación de empleo.

Las señales que llegan desde Santa Isabel, General Alvear y Pacheco anticipan la misma historia: caídas en la producción, retiros voluntarios, despidos y un clima de desazón que no encuentra respuesta en un plan productivo de fondo por parte del gobierno.

Bajo estas condiciones, la industria nacional –tal como la conocemos– enfrenta el riesgo de convertirse en un mero apéndice de las grandes terminales globales; con un futuro que se desvanece con cada nueva medida de liberalización, y sin un horizonte concreto de reactivación sostenible.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario. 

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación: industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, febrero de 2025

El detrás de la batalla cultural  ¿Dólar atrasado o precios adelantados?

El retorno acelerado de un modelo fracasado

En una lógica político-ideológica de odio y crueldad, Milei impulsa una batalla cultural y actitudes que, lindan con la persecución de los opositores y de cualquiera que plantee la menor disidencia frente a la excluyente mirada de “su” realidad. Ejemplos sobran.

Sin desmedro de lo anterior, “su” batalla cultural, también es funcional para desviar los ejes de los análisis que se pueden configurar, y diluir otros debates. Ello, ante la situación de marcada tensión económica que el gobierno atraviesa, derivada de su propia estrategia.

En tal sentido, en un intento por estabilizar variables como el dólar, la tasa de interés y los precios, sostuvo un plan basado en la recesión, que si bien acotó la volatilidad inflacionaria, no logró consolidar el frente externo.

Lo anterior, pone de manifiesto la dificultad para fortalecer el nivel de activos del Banco Central. Aunque nos permitimos preguntarnos si no es  una  consecuencia aceptada que acompaña un actual modelo de financiarización especulativa.

Así las cosas, mantener una paridad cambiaria relativamente baja se ha vuelto complejo, tanto por la insuficiencia de reservas como por la gran cantidad de pesos en circulación.

Tal fragilidad se evidencia en decisiones apresuradas, como la reciente baja de las retenciones en enero. Un tema delicado para la recaudación fiscal en medio de una contracción económica que, ya redujo ingresos tributarios ligados a la demanda interna.

Desde hace décadas, la Argentina oscila entre modelos económicos que, aunque revestidos de discursos novedosos, repiten los mismos errores y conducen a los mismos desenlaces.

Hoy, el país atraviesa nuevamente un experimento de atraso cambiario sostenido con medidas artificiales que buscan contener la inflación a cualquier costo, incluso si ello implica la destrucción del tejido productivo, la caída de los salarios y el aumento de la desigualdad.

El esquema actual se presenta bajo la premisa de estabilizar la economía mediante un tipo de cambio apreciado, argumentando que los precios están “adelantados” y no que el dólar está atrasado. Sin embargo, los hechos desmienten este relato.

La brecha entre el dólar oficial y el paralelo persiste. Los bienes en el país son más caros que en el exterior, y las señales de sobrevaluación del peso se multiplican.

Los mecanismos utilizados para sostener este modelo ya se han visto en el pasado: liquidación de reservas, incentivos a la liquidación de exportaciones mediante esquemas transitorios, y la búsqueda desesperada de financiamiento externo.

Pero hay una diferencia crucial con experiencias anteriores: la velocidad con la que se están manifestando sus efectos destructivos.

El espejismo del dólar barato

En contextos de apreciación cambiaria, el encarecimiento de los costos en dólares convierte en inviable a gran parte de la producción nacional.

El resultado inmediato es un aumento de las importaciones que desplazan a la industria local, provocando cierres de empresas y pérdidas de empleo.

A este proceso se suma un fenómeno aún más alarmante: la llegada de productos primarios importados a las góndolas, reflejando la imposibilidad de los productores locales para competir incluso en bienes en los que Argentina históricamente ha sido competitiva.

Por su parte, el panorama internacional contempla tendencias proteccionistas, un posible fortalecimiento del dólar, y la incertidumbre sobre los precios de las materias primas.

El argumento de que la estabilidad cambiaria es un ancla antiinflacionaria tendría sustento en el corto plazo, pero sus consecuencias son devastadoras en el mediano. Con el correr de los meses, la pérdida de rentabilidad de la producción local erosiona la capacidad de generar empleo y, en simultáneo, la reducción de los salarios profundiza la caída del consumo.

Es un modelo que, lejos de impulsar el crecimiento, siembra las condiciones de una nueva crisis.

Los antecedentes históricos de la Argentina confirman que esquemas como el actual no pueden sostenerse indefinidamente. En los años setenta, la “tablita” de Martínez de Hoz prometía estabilidad con un tipo de cambio fijo, pero terminó en una brutal crisis de deuda e hiperinflación. En los noventa, la Convertibilidad ofreció un espejismo de estabilidad que colapsó en una de las crisis más profundas de la historia.

El patrón de despojo es el mismo: el financiamiento externo -endeudamiento-, y la liquidación de activos nacionales, sostienen temporalmente un dólar barato mientras la producción se desmorona, y el país se vuelve cada vez más dependiente de la especulación financiera y la extracción de recursos naturales.

Un modelo diseñado para pocos

Mientras la industria pierde competitividad, el sector financiero se beneficia con un negocio extraordinario: el carry trade. Con un dólar estable y tasas de interés en pesos elevadas, los capitales especulativos entran, convierten sus dólares a pesos, los colocan en activos de alto rendimiento, y luego los vuelven a dolarizar con una ganancia garantizada.

Este mecanismo, que en términos simples se conoce como "bicicleta financiera", no solo no genera crecimiento, sino que aumenta la vulnerabilidad del país, ya que en el momento en que estos capitales decidan retirarse, la presión sobre el tipo de cambio sería insostenible.

A la vez, el extractivismo gana terreno. Con un tipo de cambio atrasado y regulaciones flexibles, sectores como la minería, el petróleo y el gas obtienen rentabilidades extraordinarias, aunque sin generar trabajo de calidad ni valor agregado.

Este modelo, basado en la extracción de recursos y la precarización laboral, profundiza la dependencia estructural del país y amplía las brechas de desigualdad.

El impacto en el mundo del trabajo: ajuste, precarización y exclusión

Si la industria  se ve golpeada por la sobrevaluación del peso, el trabajo es el primer gran damnificado.

La combinación de caída del consumo, sustitución de producción local por importaciones, y el estímulo a la especulación financiera; generan un triple efecto sobre los trabajadores: pérdida de empleo, deterioro del poder adquisitivo, y aumento de la informalidad.

En este contexto, el salario real cae de manera acelerada. Los convenios colectivos pierden efectividad, ya que las paritarias no logran recomponer la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

Mientras tanto, el disciplinamiento salarial, impuesto por la recesión y el desempleo, hace que la recuperación de los ingresos se vuelva prácticamente imposible.

El aumento del desempleo, a diferencia de otras experiencias, no se está dando de manera paulatina, sino con una rapidez inusual. En menos de un año, miles de empleos formales se han destruido, y la falta de inversión productiva sugiere que esta tendencia no es un fenómeno coyuntural, sino un problema estructural.

Al mismo tiempo, la precarización laboral avanza en múltiples frentes: la reducción de la capacidad de negociación sindical, la flexibilización de facto de las condiciones de trabajo, y la desprotección de los derechos laborales, configuran un escenario en el que la incertidumbre se vuelve la norma, favoreciendo abusos empresariales.

El colapso es solo cuestión de tiempo

La pregunta no es si este modelo fracasará, sino cuánto tiempo tardará en hacerlo y cuán alto será el costo que dejará a su paso. La historia económica argentina demuestra que los esquemas de apreciación cambiaria, especulación financiera, y endeudamiento externo, tienen un límite.

Cuando las reservas comiencen a escasear y las fuentes de financiamiento se agoten, el país enfrentará una nueva crisis cambiaria que golpeará con mayor dureza a los sectores populares, que ya están pagando el costo del ajuste.

Las señales de agotamiento son evidentes. La estabilidad cambiaria es artificial, depende de mecanismos transitorios que no pueden sostenerse indefinidamente. Cuando estos recursos se agoten, la única salida sería una devaluación abrupta, con el consiguiente impacto inflacionario, y una nueva licuación de salarios.

El escenario no es solamente especulativo, es parte de un patrón de despojo que se ha repetido, una y otra vez, en la historia económica del país.

Lo que distingue a este ciclo de los anteriores es la velocidad de su deterioro. Mientras que en los noventa la crisis tardó una década en gestarse, hoy los efectos del modelo ya se sienten con crudeza en apenas unos meses.

La pérdida de empleos, la caída del consumo y el cierre de industrias anticipan que, el colapso llegará más temprano que tarde, con consecuencias devastadoras para las grandes mayorías.

Conclusión

El modelo económico actual es la reedición acelerada de estrategias que ya han fracasado en el pasado. Con un esquema basado en la especulación financiera, el extractivismo, la primarización de la economía, y el ajuste sobre el mundo del trabajo; se están sentando las bases de una crisis que, cuando estalle, profundizará aún más la desigualdad y la exclusión social.

Las lecciones de la historia son claras: cada vez que se ha intentado sostener una estabilidad artificial mediante la sobrevaluación del tipo de cambio, el resultado ha sido el mismo.

Cuando la falta de dólares haga insostenible el esquema actual, el país enfrentará nuevamente una crisis de magnitudes que, como siempre, recaerá sobre trabajadores y demás sectores más vulnerables.

El problema no es solo que este modelo esté condenado al fracaso, sino que la repetición de estas estrategias demuestra una alarmante incapacidad para construir alternativas que rompan con los ciclos de ajuste, crisis, y redistribución regresiva.

Mientras la economía siga dependiendo de la especulación financiera y del endeudamiento externo, la Argentina seguirá atrapada en un laberinto del que, hasta ahora, no ha logrado salir.

La evolución de los próximos meses -con elecciones en el horizonte, un contexto internacional cambiante, pero manteniendo todavía el gobierno el apoyo de grandes grupos de poder económico- definirá la sostenibilidad de este programa económico (primarizador, extractivista, de prevalencia financiera, e industricida), y las políticas para la continuidad de este régimen conservador-liberal- libertario.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación: industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, febrero de 2025

“Cripto $LIBRA y la irresponsabilidad del responsable”

Decálogo para una crisis de confianza y deterioro

1. Crisis de confianza

La administración de Javier Milei enfrenta una crisis de confianza sin precedentes. A los desafíos económicos estructurales se suma el impacto del escándalo cripto $LIBRA, que ha socavado aún más la credibilidad de su gobierno.

Mientras la promesa de "no devaluaremos" comienza a resquebrajarse, la política económica se sostiene en un frágil andamiaje de especulación financiera, con un Banco Central debilitado y un modelo económico cada vez más cuestionado.

2. Demora en el acuerdo con el FMI: incertidumbre y falta de un plan de respaldo

El Gobierno aún no logra cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), prolongando la incertidumbre sobre la estabilidad financiera del país.

Si bien se han mantenido conversaciones, no hay definiciones concretas sobre las metas fiscales y cambiarias. En este contexto, el escepticismo crece tanto en los mercados como entre los empresarios, quienes advierten sobre la falta de un horizonte económico claro.

3. Agotamiento de reservas y especulación financiera

A pesar de las compras diarias de dólares por parte del Banco Central, el nivel de reservas no se fortalece, sino que se mantiene estancado o en descenso.

En lugar de ser utilizadas para fortalecer la estabilidad macroeconómica, las divisas se destinan a sostener la bicicleta financiera de corto plazo. La política de tasas reales en dólares positivas, impulsada por el ministro Caputo, se convierte en un castillo de naipes que depende enteramente de la credibilidad del Gobierno.

4. El agro y la expectativa de una devaluación

El sector agroexportador, a pesar de la reducción de retenciones, mantiene retenida una parte muy importante de la liquidación de divisas, especulando con una eventual devaluación.

La falta de confianza en la sostenibilidad del tipo de cambio genera un bloqueo en el ingreso de dólares genuinos, afectando la balanza comercial y sumando presión sobre el tipo de cambio.

5. El proteccionismo de Estados Unidos y el aislamiento comercial

El endurecimiento de la política comercial estadounidense, con restricciones a empresas argentinas como Techint y Aluar, evidencia el costo de la alineación incondicional de Milei con Washington.

Mientras el Gobierno apuesta al libre mercado como un dogma, el país se enfrenta a barreras comerciales que reducen las oportunidades de exportación y profundizan el aislamiento económico.

6. El impacto de la posible caída de los precios de los commodities

La resolución del conflicto en Ucrania podría desencadenar una caída en los precios de commodities clave como el trigo y el girasol, afectando la entrada de divisas.

La política económica del Gobierno, que depende en gran medida del ingreso de dólares provenientes del agro, se encuentra en riesgo ante este posible escenario global adverso.

7. Tasas de interés elevadas en EE.UU. y la fuga de capitales

La permanencia de tasas de interés atractivas en EE.UU. restringe la llegada de capitales a economías emergentes como Argentina.

Frente a la solidez del mercado estadounidense y la inestabilidad económica local, los inversores vienen reduciendo su exposición en el país.

Sin una estrategia de atracción de inversiones realista, la salida de capitales se intensificará.

8. El Efecto cripto $LIBRA

El escándalo cripto vinculado con Milei, ha desatado un nuevo nivel de escepticismo sobre la capacidad de Milei para sostener sus compromisos económicos.

En las últimas semanas, Milei ha intentado compensar las dudas con declaraciones y gestos políticos, en lugar de acciones económicas concretas.

El escándalo $LIBRA erosiona aún más la credibilidad de Milei, lo que podría traducirse en una crisis financiera de magnitudes.

9. La fragilidad del modelo (régimen) conservador-liberal-libertario

El mantra de “no devaluaremos” comienza a perder efecto, y los inversores ya cuestionan su capacidad para cumplir con su promesa de mantener la inflación en la zona del 2% mensual sin comprometer la estabilidad cambiaria.

Milei ha basado su estrategia en la confianza ciega en el mercado y en la manipulación de expectativas.

Sin embargo, ante la falta de resultados concretos, la fragilidad del modelo comienza a hacerse evidente.

La sostenibilidad del "carry trade" -bicicleta financiera-, es decir, la apuesta de los inversores por tasas en dólares positivas bajo la promesa de una devaluación controlada, se ve amenazada si la desconfianza sigue en aumento.

10. ¿Al borde del abismo?

La administración de Javier Milei enfrenta una crisis múltiple: incertidumbre en la relación con el FMI, agotamiento de reservas, presión cambiaria y desconfianza creciente de los mercados.

El escándalo cripto $LIBRA ha terminado de exponer la desprolijidad y fragilidad de un modelo económico basado en la especulación financiera y en promesas sin respaldo.

Con un Banco Central al servicio de la bicicleta financiera y sin dólares genuinos para sostener el esquema, la viabilidad del programa económico es cada vez más cuestionada.

Si el Gobierno no adopta medidas urgentes para fortalecer la macroeconomía y recuperar la confianza de los actores económicos, el deterioro que conlleva su modelo podría acelerar una crisis de dimensiones profundas, llevando al país a una tormenta financiera, y comprometiendo la gobernabilidad.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación: industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, febrero de 2025

¿Qué estamos debatiendo y qué deberíamos estar debatiendo en Argentina?

El Paraná no es una hidrovía, es nuestro río: parte estratégica de nuestra soberanía

El 20 de noviembre de 1845, enfrentamos a las principales potencias imperiales-coloniales de la época, en la Vuelta de Obligado. Por eso, en esa fecha conmemoramos el día de la Soberanía Nacional. Si bien la flota anglo-francesa (con cómplices argentinos) logró forzar la entrada al río Paraná, finalmente, sería derrotada en las Batallas de San Lorenzo, y Quebracho (1846).

Fue una lucha en defensa de los intereses nacionales, para que los intereses antinacionales no hicieran con nuestros ríos, nuestros recursos, y nuestra soberanía lo que quisieran.

Sin embargo, a 180 años de aquello, debemos enfrentar otro ataque a los mismos intereses nacionales.

Esta vez, se plasma mediante una oscura licitación, donde aquellos poderes militares imperiales, son reemplazados por los poderes económicos concentrados que nos agreden.

La licitación de la mal llamada “hidrovía”; cuyo correcto nombre es Red Troncal Fluvial -Río Paraná y Río de La Plata- (es decir nuestros ríos), es la nueva forma en la que los gringos nos compran, gracias a los criollos nos venden -en palabras cercanas a las de Jauretche-.

Para medir la relevancia y los intereses en juego, lo primero que hay que saber es que no estamos solamente frente al mayor contrato de la administración pública en la actualidad (un gran negocio de miles de millones de dólares); lo central es un gravísimo problema geopolítico detrás del control del río Paraná.

Por su parte, y como reflejo de la crisis y el deterioro de nuestra dirigencia, se refleja una continuidad en las políticas iniciadas en la década de los 90 (atenuada por los Kirchner, y nuevamente profundizadas por Macri, Fernández, y Milei).

No hay propuestas superadoras al respecto ni para lo central en esta temática, que es la defensa de los intereses nacionales, ante la entrega de un ámbito estratégico. Parecería, más bien, que hay un acompañamiento.

Por eso, es dramático que se visibilice tan poco, algo que afecta a tantos, léase: a nuestra Nación y su pueblo.

Tal como se expuso precedentemente, no estamos ante una mera licitación o solo un gran contrato. Eso es instrumental. Nos atrevemos a decir que, la gravedad de la temática es más grande que la reprochable corrupción que se pudiera verificar.

Lo aclaramos porque, la corrupción suele ser utilizada para limitar, con el foco puesto en una supuesta coima, el drama que conlleva la entrega del patrimonio nacional.

La entrega del Paraná es más grande y más costosa que una coima.

No permitamos que, una vez más, el árbol de la corrupción -real o falsa- tape el bosque de la entrega de nuestro patrimonio soberano.

Sin desmedro de lo anterior, conforme el Dictamen del Procurador de Investigaciones Administrativas (Expte. PIA n° 126/2022), en la licitación se pueden colegir graves irregularidades.

Estas ya habían sido advertidas tanto por cámaras empresariales, como por sindicatos.  Cabiendo, en consecuencia, la nulidad del proceso licitatorio.

En efecto, en el Dictamen del Procurador de Investigaciones Administrativas (Expte. PIA n° 126/2022) se formula una opinión muy dura, por parte de este organismo especializado, para controlar la corrupción por agentes de la administración (hoy gobierno de Milei). Esto, respecto de lo actuado por la actual Agencia Nacional de Puertos y Navegación del Ministerio de Economía de la Nación.

Decimos actual, porque mediante el Decreto N° 3/2025 se disolvió la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, y se creó dicha Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

En efecto, detalla diversas irregularidades o incumplimientos que se habrían configurado en el desarrollo del proceso licitatorio.

En principio, habría un direccionamiento del pliego de bases y condiciones que, tiene el objeto de contratar el servicio modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal.

No se respetaría el principio de juridicidad, y en consecuencia el orden jurídico vigente. Luego se declama en torno a la seguridad jurídica contra los derechos sociales, pero no en cuanto a estas materias.

Además, habría irrazonabilidad, carecería de respeto al principio de igualdad y publicidad, y de una adecuada garantía de concurrencia. Es decir, no estaría la libre competencia tan declamada por el gobierno de Milei.

Habría, asimismo, una desatención de la Ley de Ética Pública. Y en cuanto a la conformación de la comisión evaluadora y la redacción de las cláusulas del pliego, entran en colisión con principios de la contratación pública.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) no encontró en el expediente documentación respaldatoria alguna que acredite fehacientemente la idoneidad de los miembros titulares de la comisión evaluadora ni de los suplentes, circunstancia que entendió que resulta imprescindible, sobre todo, por la transcendencia del procedimiento licitatorio.

La PIA cita que como antecedente que: “El plazo por concesionar puede ser 10 años, tal vez 15, tal vez una prórroga de 5 años, pero no hay ningún fundamento para considerar plazos mayores, solo se generarán más problemas que soluciones, o se consolidarían monopolios sin ventajas para quienes pagan el peaje”.

En cuanto al canon de la concesión el dictamen indica que: no se puede determinar la forma en que la Administración llegó al reconocimiento de la cifra millonaria, para efectuar un único pago en concepto de regularización de deuda pendiente con los acreedores actuales de la Vía Navegable Troncal (VNT), no advirtiéndose un listado de actuales acreedores de la VNT.

Tampoco hay constancias de haberse efectuado un estudio de impacto ambiental y de gestión ambiental. Es sabido que ha este gobierno eso no le preocupa, negando entre otras cosas, el cambio climático.

En las conclusiones, la PIA literalmente expresa que: “del estudio del expediente administrativo surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos del procedimiento. Lo cual, en lógica consecuencia, conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales.”

Agregamos que en temas como este, se ven los nefastos efectos de la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, y su funcionalidad facilitadora, en vista de la entrega del patrimonio nacional y, consecuentemente, nuestra soberanía.

Más allá de valorizar los pedidos para que los funcionarios brinden explicaciones; seguramente, no alcanzarán. Por el contrario, lo más probable es que no expliquen nada, eludan lo ocurrido, o simplemente se burlen o ataquen a alguien.

Más allá de todo lo anterior, entre otras desastrosas consecuencias para Argentina, señalamos que con esto:

• Se bloquea la salida a nuestro mar

• Se fragmenta y limita la navegación para Argentina, es decir, se entrega soberanía

• Se nos imposibilitaría navegar libremente, todo debería salir por Montevideo

• Se afectaría la autonomía portuaria, al perderse la posibilidad de un puerto soberano de 14 metros

• Se afecta la logística nacional, y se restringe gravemente la posibilidad de comerciar libremente con el mundo

• El Paraná se liberaría para las grandes multinacionales de cereales

• Se da una injustificada concesión por 30 años, prorrogables por 30 más

• Todo esto, además, conllevaría un aumento los costos y pérdidas para nuestro país cercanas al 5 % del PBI

• Se amplían las posibilidades de contrabando, y más pérdidas de ingresos fiscales

• Se limita la navegación en el Atlántico Sur para Argentina.

• Concretamente, nuestro país entregaría a las multinacionales (y socios nacionales) el control y gestión de nuestros ríos y, con ello, el comercio exterior.

• Se beneficiaría al Reino Unido, tanto para la continuidad y el control de la usurpación de las Malvinas, como en su proyección hacia la Antártida. 

Como anticipamos, no estamos ante una mera licitación o solo un gran contrato, estamos ante una situación en la que, se encuentra en juego nuestra soberanía política, y la independencia económica para la defensa de los intereses nacionales.

En el lanzamiento de OND, cuando presentamos el Pacto de Julio para la definitiva independencia con industrialización y justicia social (Declaración OND Nro. 3); sobre estas problemáticas, en los puntos 2 y 3 de dicho Pacto, ya señalábamos como parte de nuestras propuestas:

2.  Sostener la integridad territorial de nuestro país, rechazando la entrega o facilitación de la adquisición de nuestro territorio; especialmente, por parte de grandes empresas transnacionales y sus representantes.

3. Defender el Mar Argentino, nuestros ríos, lagos y lagunas. A tales fines, resulta imprescindible que recuperemos la soberanía de todo nuestro complejo marítimo, fluvial, portuario,  y de la industria naval, y que se implementen políticas de Estado que estructuren  un plan nacional de transporte y logística, que promocione y materialice  la construcción de barcos en astilleros nacionales, nuestra marina mercante nacional, la navegación de nuestros ríos (en particular el Paraná y el Paraguay) con buques y trabajadores argentinos, y la ejecución de las obra estratégica del Canal Magdalena.

Por todo esto y mucho más:

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación: industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, 7 de marzo de 2025

Otro golpe a la Salud Pública

El cierre del Instituto Nacional del Cáncer: una catástrofe para la salud de la población

Un 7 de marzo de 1906, nacía en Santiago del Estero, el Dr. Ramón Carrillo, destacado neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista.

En la década de 1940, fue convocado para crear la Secretaría de Salud Pública de la Nación, actual Ministerio de Salud.

Durante su gestión, se construyeron hospitales, centros sanitarios y hogares para ancianos, estableciendo atención gratuita para toda la población. Implementó el Tren Sanitario y masivas campañas de vacunación, promoviendo la idea de que no puede haber política sanitaria sin política social.

Su legado se refleja en la defensa de los derechos de los profesionales de la salud, un aspecto crucial ante el cierre de programas sanitarios que se vienen realizando en los últimos meses por el régimen conservador-liberal-libertario.

Hoy, en otro aniversario de su natalicio, nos encontramos con otro golpe para la Salud Pública, el cierre del Instituto Nacional del Cáncer, nominado como una “reestructuración” por parte del Ministerio de Salud de la Nación.

La noticia del cierre del Instituto Nacional del Cáncer en Argentina genera una gran preocupación entre la comunidad médica, los pacientes y la sociedad en general.

Este instituto es una referencia nacional en la lucha contra el cáncer, y su cierre tendría consecuencias devastadoras para la salud pública en el país.

El Instituto Nacional del Cáncer es un centro de excelencia en la diagnosis, tratamiento y investigación del cáncer. Su cierre dejaría a miles de pacientes sin tratamiento y seguimiento, generando consecuencias graves para la salud pública en Argentina por la falta de acceso a servicios especializados de alta calidad, llevando a un aumento en la mortalidad y la morbilidad por cáncer en el país. Afectando también la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos para esta enfermedad.

Además, el cierre del instituto podría tener un impacto negativo en la economía, ya que la atención del cáncer es un sector que requiere una gran cantidad de recursos y personal especializado, y los investigadores y científicos que trabajan en el instituto se verían obligados a buscar oportunidades en otros lugares, lo que podría llevar a una fuga de cerebros y a una pérdida de conocimiento y experiencia en el país.

¿Qué se puede hacer? Es importante que se tomen medidas urgentes para evitar el cierre del Instituto Nacional del Cáncer. La sociedad civil, los profesionales de la salud y los políticos deben unirse para encontrar soluciones que permitan mantener abierto este importante centro de salud. Es fundamental que se priorice la salud pública y se garantice el acceso a servicios especializados de alta calidad para todos los argentinos.

Desde OND, nos alineamos con los ideales del Dr. Carrillo, enfatizando que no puede existir una política sanitaria efectiva sin una sólida política social. La salud, como uno de los tres pilares fundamentales de una nación, se encuentra amenazada por el desfinanciamiento y la implementación de políticas inadecuadas. Es crucial reconocer que una salud deteriorada repercute negativamente en el desarrollo social y económico. En este contexto, continuamos promoviendo una industrialización con justicia social, asegurando que el bienestar de la población sea prioritario en la formulación de estrategias que fortalezcan nuestra infraestructura de salud y promuevan la equidad.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación: industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, marzo de 2025

El rol del Estado y las políticas públicas en la embestida anarcocapitalista

“Soy el topo que destruye al Estado desde dentro.

Es como estar infiltrado en las filas enemigas:

la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado...” Milei

Nuestra Argentina vive el impacto de una nueva revolución neoconservadora, esta versión renovada del neoliberalismo que, lleva al extremo una política que quiere poner fin a la cooperación, la solidaridad, la tolerancia ante las diferencias, y la justicia social, como  valores constitutivos de una comunidad

En esta nueva etapa, se manifiestan de una manera extrema: la xenofobia, el desconocimiento de las diferencias, el desprecio a los derechos adquiridos por los colectivos más desprotegidos, la destrucción de los derechos laborales, y el debilitamiento de los actores sociales y de toda forma de organización solidaria.

Se impulsa la entrega irrestricta de nuestro patrimonio y nuestras riquezas naturales, y el avasallamiento de los poderes constitutivos de la vida democrática. Estas características convierten a esta gestión en una manifestación más cercana a una dictadura, a una suerte de neofascismo, que utiliza el formidable poder del Estado para autodestruirlo

Según esta ideología, el Estado Nación debe retirarse de la administración de los bienes públicos y desconocer el deber de garantizar la provisión de bienes esenciales para la vida. El mercado, vía privatizaciones y desregulaciones, se haría cargo de todo bajo la forma de mercancía: la salud, la educación, la provisión del agua potable, la energía y toda forma de vida en el planeta.

En pocas palabras, la supremacía del Mercado como actor fundamental de todos los procesos productivos, la apertura irrestricta a los flujos financieros y comerciales internacionales, configuran un modelo repetido en la historia política de la Argentina, siempre con iguales resultados.

Ante lo inevitable de la protesta social, se conforma un aparato de represión dispuesto a actuar sobre jubilados, docentes y estudiantes, trabajadores, etc. Cuando se extingue el Estado de derecho se manifiesta el Estado gendarme y punitivo.

Las políticas aplicadas que le “concedieron” al Estado un rol subsidiario del mercado, barrieron con la institucionalidad previa; con un retroceso sin precedentes en materia de organización pública.

El actual gobierno y la oposición dialoguista apoyan que el pretendido superávit fiscal se obtenga con salarios y jubilaciones de hambre, de la entrega del patrimonio nacional, a costa de la salud y la educación de los que habitan y trabajan en Argentina, comprometiendo el presente y el futuro de varias generaciones

El proyecto de Milei

Este proyecto, cuyo mascarón de proa es Milei, tiene el centro en la especulación financiera, en la entrega irrestricta de la extracción del petróleo, gas y minerales. En la destrucción de la industria nacional, y el consiguiente desempleo; en el genocidio de jubilados; en salarios de miseria; con niños y adultos que comen una vez al día.

Esta “otra” estafa está detrás de su política de destrucción de la ciencia y la técnica, de la entrega del desarrollo aeroespacial, de la destrucción del desarrollo atómico nacional, de las universidades, de la entrega energética y de las fábricas militares, de las quiebras de las PYMES.

Estamos en un camino a la precarización y desocupación masiva, a la destrucción de los proyectos cooperativos y mutuales, de la ayuda social, del sistema sanitario.

Todo es destrucción. Se quiere borrar todo atisbo de soberanía e independencia económica y justicia social. Al Plan Milei le sobran veinte millones de habitantes.

Resultó que la casta eran los pobres y los jubilados, los universitarios, los docentes, los obreros, el personal sanitario, el del Estado (con contratos precarios de tres meses y retraso salarial cada vez mayor), las “capas medias”, y sigue la lista…

La salud llega al deterioro de no proveer medicamentos a quienes los necesitan y seguramente muchos se estarán muriendo por esa carencia. Se suspenden operaciones de urgencia. Los salarios del personal sanitario llegan a sus niveles más bajos. Se cierran centros como el Hospital Nacional de Salud Mental "Lic. Laura Bonaparte" (CENARESO). Mientras, el Hospital Nacional de Pediatría Garrahan, como otros, se ve obligado a reutilizar material descartable por falta de presupuesto.

En Ciencia y Técnica se destruye el trabajo de años. Se pretende desguazar la aerolínea de bandera y rematar ARSAT, pilar del desarrollo satelital argentino que además de producción misilística, puede permitir la comunicación satelital del interior extenso; que da 2.500 millones de dólares de ganancia anual para, dicen, regalárselo a Elon Musk por un tercio de ese monto.

Se entrega el litio y las tierras raras.  El RIGI da a los monopolios mineros, petroleros y cerealeros todo, sin dejar nada. La bicicleta financiera reina.

Es notable que este gobierno, que quiere auditar a las universidades, no quiera que la Auditoría General de la Nación audite lo que hace en las empresas del Estado, amparado por el ilegal Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/23 y el RIGI, su principal herramienta de entrega.

Las empresas apuntadas son Arsat, Empresa Argentina de Navegación Aérea, Canal 7, Administración General de Puertos, la Casa de la Moneda, Educar, Aerolíneas Argentinas y Fabricaciones Militares. Son aquéllas que el gobierno busca privatizar y, a partir de ahora, pasarán a tener auditorías privadas con contrato directo.

Están en la mira o ya han iniciado su desguace sobre un Sistema de Ciencia y Técnica que ha producido desarrollos como los de la energía atómica, satelital, de vacunas, tecnología (agrícola, sanitaria, industrial, etc.)

El gobierno paraliza el CAREM (reactor atómico “pequeño”, 100% argentino), que es de uso dual: podríamos producir en nuestros astilleros un submarino atómico usando ese reactor. Además, podría ser generador de energía eléctrica o de agua calefaccionada para ciudades del interior y sus aledaños. Clave para poblar nuestra Patagonia y facilitar su ocupación nacional y su defensa territorial.

Y ahora mismo, se incluye al Banco Nación, entidad superavitaria y herramienta de desarrollo Pyme, entre las empresas privatizables

Otra falacia: no es real que exista un “costo argentino” debido a los salarios de los trabajadores de la educación y la investigación y desarrollos científico técnicos. Las universidades nacionales están trabajando con el mismo presupuesto del año 2022, pese a la inflación acumulada en los siguientes años

Los sueldos de los investigadores son menores que en otros países de América Latina. Entre los docentes un ayudante de primera, diplomado, con dedicación exclusiva (no puede tener otro empleo) es pobre según las distintas escalas del INDEC. Sin embargo, esta universidad pública es la que genera el 80% de las investigaciones científicas.

Hay cuestiones que aglutinan a vastos sectores de la población: la educación en general y la universidad en particular -públicas y gratuitas-, las jubilaciones, el acceso a una alimentación adecuada, el problema de la vivienda y la tierra para el que la trabaja, la atención sanitaria de calidad, su accesibilidad económica, geográfica y cultural; el trabajo digno.

No se puede desarrollar una política de ciencia, investigación y tecnología sin un proyecto de país independiente, de desarrollo humano integral; sin considerar el control nacional de las palancas claves como la energía, la industria pesada y su equilibrio con la liviana, que produce los elementos que sostienen a lo principal de las fuerzas productivas de un país, que es el ser humano que maneja máquinas y aparatos de distinta complejidad. Y no se puede desarrollar un país independiente sin una cultura y un arte propios.

Para llevar a cabo este programa de entrega, se utiliza al mismo aparato del Estado y la Administración. A través de un Ministerio llamado de Reforma y Modernización, a cargo de un personaje que nos trae una triste memoria por su pasaje en gobiernos neoliberales.

Se han venido interviniendo y desarticulando áreas sustantivas del Estado. Así, no se trata sólo de disminuir la plantilla de trabajadores, aduciendo para pretendidos “ñoquis”; se genera una secuela de pérdida de saberes adquiridos con estudio y experiencia. Todo esto ha generado no sólo desempleo y desprotección, sino también condiciones de trabajo asfixiantes.

La intervención arbitraria del Ejecutivo también atenta contra todos los principios del derecho y las relaciones laborales, a través de topes a la negociación salarial y la parálisis de los mecanismos paritarios que garantizan la igualdad de oportunidades, la salud y ambiente laboral, y el cumplimiento de las normas pactadas en los Convenios Colectivos de Trabajo del Sector Público

El denominado superávit fiscal logrado por Milei se ha alcanzado también con la persecución a los empleados públicos, el cierre de organismos importantes, y la paralización total de la inversión pública en infraestructura.

Se abandonaron proyectos críticos que, inclusive, estaban en un 75% de ejecución; incumpliendo con compromisos pactados con organismos financiadores como el BID y el Banco Mundial. Las consecuencias de estas políticas se están viviendo en zonas de emergencia, donde es casi imposible llegar por la destrucción de las rutas.

Algunas áreas implicadas

La creación de la Agencia de Transformación del Empleo Público bajo la órbita del Ministerio de Economía, además de decidir sobre el destino de estas áreas, sienta las bases de los mecanismos de desmantelamiento y privatización de las mismas.

La destrucción de áreas sensibles del Ministerio de Salud, como las direcciones de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, Vacunación y Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis, no solo están dejando a cientos de compañeras y compañeros en la calle, sino también exponiendo a la población a gravísimas consecuencias.

En la Subsecretaría de Ambiente, se ejecutó sólo un 22 % de su presupuesto, lo que implica la anulación de todas las actividades de intervención en el manejo del fuego y catástrofes ambientales, desmantelando a la vez todos los mecanismos de alerta temprana y prevención

En la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), su actual conducción eliminó de las prestaciones a más de 200.000 personas de manera arbitraria

Se eliminaron de programas de vivienda, tales como Fonavi, Procrear, Lotes con Servicios y Casa Propia, varios de ellos con aportes de organismos multilaterales acordados y no ejecutados

La Secretaría de Derechos Humanos ha desmantelado todas las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, a partir de los despidos de los abogados y abogadas que prestaban servicios en el área. A los que aún permanecen, se les redujo el salario en un 60%.

Podríamos seguir enumerando áreas sustantivas de política pública que han sido aniquiladas bajo el imperio de reducir el déficit fiscal.

Han sido víctimas de estas decisiones los sectores más vulnerables de la población, también lo son los colectivos que se ven privados de: acceso a la educación pública en todos sus niveles, con pérdida de calidad en las prestaciones de salud, y por las políticas de educación.

Esto, ya es una carga a futuro para toda la sociedad. Se destruyen proyectos y áreas que será muy difícil recuperar. La pretendida “libertad“ es sólo una manifestación del “darwinismo social de mercado”, la supervivencia de los “más aptos”. Léase los más poderosos y sus esbirros.

Las reales causas de estas políticas residen, tal como se realizara en la década de los ´90, en la obtención de divisas a través de la venta de estos activos para contribuir a sostener la política financiera de este gobierno, en el que se habilitan negocios para los fondos de inversión y el gran capital internacional; mandantes y principales beneficiados por la misma.

El modelo de Milei no busca destruir el Estado totalmente. Quiere destruir sus competencias y accionar en materia social (salud, educación, trabajo, ciencia y tecnología, etc.). Se dirige a eliminar sus potencialidades como poder democrático regulador, frente a los abusos del libre mercado.

Sin embargo, utiliza y fortalece el aparato del Estado en lo que le es funcional para llevar adelante sus reaccionarias transformaciones. En su modelo, le es útil, y por eso le interesa configurar un tipo de Estado, prioritariamente, como gendarme y punitivo.

Y como broche de oro: la estafa cripto como acción de gobierno…

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación: industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, 13 de marzo de 2025              

Comunicado de repudio y exigencia de renuncia de la ministra Patricia Bullrich

Ofensiva Nacional Democrática (OND) expresa su más enérgico repudio y condena a la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad bajo las órdenes del gobierno de Javier Milei durante la jornada de protesta del día de ayer. La violencia desatada contra jubilados, trabajadores, estudiantes e hinchas de fútbol que se manifestaban pacíficamente frente al Congreso Nacional constituye un gravísimo ataque a los derechos democráticos y las libertades fundamentales de nuestro pueblo.

El despliegue de efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de la Ciudad y el Servicio Penitenciario, dirigido por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, no tuvo otro objetivo que sembrar el miedo y criminalizar la protesta social. La represión indiscriminada con gases lacrimógenos, balas de goma y golpes a manifestantes desarmados, incluyendo adultos mayores, trabajadores y comunicadores, evidencia el carácter autoritario de este gobierno y su decisión de eliminar cualquier expresión de descontento popular mediante el uso de la fuerza bruta.

Los hechos hablan por sí solos: decenas de heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, quien lucha por su vida tras recibir el impacto de un cartucho de gas en la cabeza, y Beatriz Blanco, jubilada de 87 años, brutalmente golpeada por la policía. A esto se suman más de 150 detenciones arbitrarias, incluyendo referentes sindicales, en una clara maniobra de persecución política.

Resulta inaceptable que, en democracia, el gobierno utilice a las fuerzas de seguridad para reprimir con semejante saña a quienes exigen condiciones de vida dignas. La ciudadanía se movilizó para reclamar aumentos en las jubilaciones, acceso a medicamentos y la restitución de derechos previsionales eliminados por la gestión de Milei. Ante estas demandas legítimas, la única respuesta del Estado fue la violencia y la represión.

Exigimos la inmediata renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, principal responsable de este despliegue represivo, y el cese de la criminalización de la protesta social. Asimismo, exigimos la liberación de todas las personas detenidas en el marco de esta manifestación y la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.

Desde Ofensiva Nacional Democrática (OND) hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas, así como a la sociedad en su conjunto, a redoblar los esfuerzos en defensa de la democracia y los derechos conquistados. No permitiremos que la represión se instale como norma en nuestro país. La lucha por la justicia social y la dignidad de nuestro pueblo no será silenciada a palos ni con balas.

¡Basta de represión! ¡Fuera Bullrich! ¡Defendamos nuestros derechos con unidad y organización!

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación: industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, marzo de 2025

La paradoja de Tocqueville en la Argentina contemporánea:

desigualdad, resignación y conflictividad laboral en descenso

Introducción

La “paradoja de Tocqueville”, tal como la analiza Diego Tatián, describe un fenómeno aparentemente contraintuitivo: cuando la desigualdad social se hace abismal, la reacción de la mayoría no es el aumento de la protesta, sino la aceptación de una jerarquía que se asume casi natural.

En el caso argentino, esta perspectiva adquiere un sentido renovado al observar que, en 2024, los niveles de conflictividad laboral descendieron a su mínimo histórico en dos décadas, a pesar de que la situación socioeconómica de amplios sectores de la población se ha visto severamente deteriorada.

Desde la perspectiva de las relaciones laborales, la caída de la conflictividad gremial y sindical podría reforzar la tesis de Tocqueville: la normalización de la desigualdad extrema desactiva el deseo de igualdad y, por consiguiente, la movilización colectiva.

Desigualdad y condiciones materiales de existencia

La Argentina de 2024 exhibe indicadores laborales y de ingresos que confirman una marcada intensificación de las brechas sociales.

Por un lado, la relación entre salarios y línea de pobreza resulta elocuente: el salario promedio de un trabajador estable rondó los 1.178.925,33 pesos en noviembre, mientras que una familia de cuatro miembros requirió 1.024.435 pesos para no ser considerada pobre en diciembre.

Así, para muchos asalariados, la expectativa real se reduce a superar apenas el umbral de la pobreza, sin plantearse un horizonte de mayor equidad distributiva.

En paralelo, informes del INDEC y diversos estudios revelan que la participación salarial en el Producto Bruto cayó al nivel más bajo de los últimos diecisiete años, al tiempo que el índice GINI de 2024 refleja una notoria concentración del ingreso.

Esta deriva impacta de forma aguda en la clase media: si bien históricamente protagonizó protestas cuando vio amenazados sus derechos, la persistencia de la crisis económica en la última década y la defraudación política han menguado su capacidad de reacción colectiva.

Tal como señala el sociólogo Artemio López, los sucesivos ajustes y la caída del poder adquisitivo han consolidado una resignación que disuelve paulatinamente el deseo de igualdad.

En este sentido, la sociedad adoptaría con mayor facilidad la idea de que los niveles de desigualdad son, en los hechos, inevitables.

Conflictividad laboral: la paradoja en acción

En medio de este deterioro de las condiciones de vida, sorprende comprobar que 2024 presenta la conflictividad laboral más baja en casi dos décadas.

Según un reciente relevamiento de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, durante el segundo semestre del año se registraron, en promedio, solo 14 conflictos con paro por mes, especialmente motivados por reclamos salariales, pagos adeudados o despidos. Incluso los sectores tradicionalmente combativos, como el transporte o la industria manufacturera, mostraron niveles mínimos de conflictividad.

Lejos de ser una señal de estabilidad positiva, esta reducción de las protestas confirmaría la “paradoja de Tocqueville” en el terreno laboral: cuanto mayor es la brecha socioeconómica, menor es la propensión de los trabajadores a la acción colectiva.

Ante un panorama de precarización creciente y riesgo de perder el empleo, muchos optan por salvaguardar sus fuentes de ingreso en lugar de exponerlas en una confrontación sindical.

La dirigencia gremial, por su parte, tiende a priorizar la negociación focalizada en evitar despidos masivos, antes que plantear disputas de alcance más amplio.

Así, la normalización de la desigualdad lleva a que cada vez menos personas crean posible -o deseable- alterar el orden existente, reforzando la resignación y el repliegue individual frente a la injusticia estructural.

Violencia latente y el “deseo de castigo”

De forma paralela al retroceso del conflicto laboral, diversas corrientes intelectuales advierten sobre el auge de discursos punitivos y lo que Tatián denomina “deseo de castigo”.

Frente a la frustración generada por la desigualdad y la falta de expectativas, se busca un culpable “visible” en grupos vulnerables o minoritarios, a quienes se exige penalización máxima.

Este mecanismo provee una aparente descarga emocional, pero refuerza a la vez la aceptación pasiva de un modelo que reproduce las jerarquías sociales y consolida la resignación colectiva.

Reflexiones finales

La Argentina atraviesa un momento en que la desigualdad se consolida, y los datos objetivos de salarios, empleo y distribución lo evidencian con claridad.

Aun así, la conflictividad laboral registra mínimos históricos, validando la paradoja señalada por Tocqueville: la inequidad extrema no necesariamente desemboca en revueltas, sino que con frecuencia deriva en pasividad o resignación.

Bajo esta aparente “tranquilidad” subyace una violencia que se proyecta sobre diferentes colectivos y un progresivo abandono de la imaginación política, que ya no concibe la igualdad como un proyecto posible.

En consecuencia, la meta de cualquier programa político o sindical debiera ser reactivar ese anhelo de justicia social hoy debilitado, y sostener la convicción de que “la naturaleza de las cosas” puede transformarse por medio de la participación y la organización colectiva.

Recuperar el deseo de igualdad se presenta como un desafío de enorme envergadura, que implica recomponer la confianza ciudadana en su capacidad de modificar el orden establecido. Solo así será posible contradecir la profecía pesimista y volver a creer que la desigualdad puede y debe combatirse.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

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Un proyecto de Nación: industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, marzo de 2025

Sobre la marcha del 19 de marzo de 2025

Desde Ofensiva Nacional Democrática (OND) adherimos y convocamos a participar masivamente en la marcha del próximo miércoles 19 de marzo frente al Congreso Nacional. Nos sumamos activamente a la movilización impulsada por los jubilados y jubiladas, quienes semana tras semana, reclaman por sus derechos, y condiciones dignas de vida.

Tras los recientes hechos de violencia institucional contra nuestros adultos mayores y quienes acompañaron en su reclamo, reafirmamos que hoy más que nunca la lucha no solo es por la defensa de los derechos previsionales, sino también por la recuperación plena de nuestra democracia, severamente afectada por prácticas autoritarias e ilegales.

Es fundamental expresar en las calles nuestro compromiso ciudadano frente al deterioro institucional del país. Las instituciones deben volver a servir al pueblo y no a intereses particulares que atentan contra los derechos básicos de la ciudadanía.

Convocamos a trabajadores y trabajadoras, estudiantes, docentes, jubilados, jubiladas, y a toda la sociedad en su conjunto a unirnos en una sola voz para decir basta a la violencia, al hambre, al abandono de nuestros mayores y a la crisis institucional que atravesamos.

¡EN DEFENSA DE NUESTROS JUBILADOS Y JUBILADAS! ¡EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA!

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación: industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, 24 de marzo de 2025

Memoria, verdad y justicia

Hoy recordamos el doloroso golpe militar de 1976, que marcó el comienzo de una época de oscuridad y terror en nuestra patria. La dictadura militar impuso un régimen de violencia, represión y silencio, que buscaba aniquilar cualquier forma de disidencia y oposición.

Pero hoy, después de décadas de lucha y resistencia, nos encontramos con un gobierno elegido democráticamente que, paradójicamente, niega la realidad y promueve un discurso de odio. Este discurso genera odio vertical, que busca dividir y enfrentar a los ciudadanos, y fomenta un régimen conservador-liberal-libertario que beneficia a unos pocos a costa de la mayoría.

Este régimen nos ha llevado a una situación de desigualdad e injusticia sin precedentes. La concentración de la riqueza y el poder en manos de unos pocos ha generado una crisis social y económica que afecta a millones de personas.

Pero no estamos aquí para lamentarnos o rendirnos. Estamos aquí para proponer una alternativa a este régimen. Una alternativa que se basa en la industrialización con justicia social.

Queremos una economía que se base en la producción y el trabajo, no en la especulación y la renta. Queremos una sociedad en la que todos tengan acceso a los servicios básicos, como la educación, la salud y la vivienda. Queremos una democracia en la que todos tengan voz y voto, no solo unos pocos.

La industrialización con justicia social es la clave para superar la crisis actual y construir un futuro mejor para todos. Es la clave para generar empleo y riqueza, para reducir la desigualdad y la pobreza, y para construir una sociedad más justa y equitativa.

Así que hoy, en este día de memoria, verdad y justicia, nos comprometemos a luchar por esta alternativa. Nos comprometemos a trabajar juntos para construir un futuro mejor para todos, un futuro en el que la justicia social y la industrialización sean las bases de nuestra economía y nuestra sociedad.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

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Impulsamos otro proyecto de país.

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Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, marzo de 2025

Ataque a las Obras Sociales sindicales: una síntesis de contextos e intereses que debilitan cada vez más al sistema nacional del seguro de salud

Desde la llegada del gobierno de Milei, ya con el dictado del inconstitucional DNU 70/2023, se vienen realizando diversos abusos contra el sistema de salud de nuestro país y sus beneficiarios.

1. En cuanto a la vulneración del sistema de obras sociales sindicales; a modo de síntesis destacamos:

• Se habilitó por el DNU 70/2023, y normas dictadas con base en el mismo, una particular incorporación al Sistema Nacional del Seguro de Salud, de las empresas privadas de salud (Prepagas) que así lo requieran.

• Se impuso una “especial” competencia entre las obras sociales sindicales y las empresas de medicina prepaga -libre mercado al estilo de la escuela austríaca-estadounidense-.

• Se dispuso, para los trabajadores, que elijan “libremente” el destino de sus aportes y contribuciones establecidos por la Ley 23.660. Aclaramos que, esta no es la lógica ni la normativa del Sistema Nacional de Salud. Hay un estilo dirigista, paradójicamente, promercado.

• Por una “especial” Resolución 1/2025 de la Unidad de Gabinete de Asesores del 30/01/2025, se resolvió la derivación directa, desde esa fecha, a las empresas de medicina prepaga, de los aportes y contribuciones de la Ley 23.660.

Por esta disposición, si el trabajador figura en un padrón de una entidad de medicina prepaga inscripta en el nuevo Registro de Agentes del Seguro de Salud, que tiene un contrato prestacional con una obra social sindical; automáticamente, deja de ser beneficiario de esta última y pasa a ser beneficiario de la entidad privada (con su consecuente transferencia de fondos).

Lo anterior, asimismo, configura:

• Una expropiación de recursos a las obras sociales sindicales.

• Violenta el sistema de libre elección de agentes de seguro de salud.

Entre otras vulneraciones de derecho, favorece claramente a las empresas de medicina prepaga.    

Y es dable hacer notar que, estaríamos frente a una resolución dictada por un funcionario incompetente.

-       Si bien se arguye que, supuestamente se mejorarían las prestaciones, estamos convencidos que, en realidad, todo esto esconde un ataque a las obras sociales sindicales, a los sindicatos, y la apertura-generación de un “nicho de negocios” para empresas privadas de salud.

-       Como “complemento” de esta misma línea de acción, se liberó el valor de la cuota mensual que podrán cobrar las empresas de medicina prepaga a sus adherentes voluntarios.

2. Excusas y estrategias para una mayor rentabilidad de las prepagas:

-       Con el pretexto de “una supuesta competencia”, se les quitaron afiliados a las obras sociales.

-       A su vez, se encarecieron las prepagas.

-       Por otro lado, estos aumentos desproporcionados, y llamativamente “similares” de las cuotas mensuales, implementados de las empresas de medicina prepaga, llevó a que muchos desistieran de la posibilidad de acceder a una empresa privada para su cobertura de salud.

-       Así las cosas, y ya como negocio privado, no van a poder incorporarse los trabajadores que no puedan pagar los mayores costos del nuevo sistema.

-       En síntesis, la política pública de Milei favorece a las prepagas para que se queden con los trabajadores que más ganan, dejando que el resto se las arregle como pueda. Algo, por cierto, ya verificado en diversos ámbitos, como parte relevante de las políticas del gobierno de Milei.

-       Con estas políticas, se busca que: los trabajadores, cada vez más empobrecidos (todavía registrados) sean atendidos por las también, cada vez más empobrecidas, obras sociales sindicales; y que los trabajadores informales (cuentapropistas y “emprendedores”), sean atendidos (cuando no puedan pagarse una prepaga) por el hospital público.

-       El hospital público, a su vez, se encuentra y estará, cada vez más colapsado por: la mayor demanda, el consecuente el encarecimiento de los medicamentos y prácticas, y la carencia de recursos (ajuste que reduce presupuesto).

3. No hay casualidades: el contexto general contribuye al deterioro salarial; este, al deterioro permanente de las obras sociales sindicales; y todo afecta la capacidad de acción gremial

Se corrobora que:

-       La política económica gubernamental, incide en que la mayoría de los salarios pierdan poder adquisitivo y, consecuentemente, se reducen los ingresos de las obras sociales sindicales por aportes y contribuciones.

-       Pese a ello, es dable destacar que, al mismo tiempo, las obras sociales sindicales continúan otorgando a sus beneficiarios las prestaciones médico-asistenciales obligatorias establecidas por el Programa Médico Obligatorio (PMO), etc.

-       A la vez, la política gubernamental de la llamada “motosierra” reduce el presupuesto para los hospitales públicos nacionales.

-       Paralelamente, ante el recorte de partidas para las provincias, se ven reducidos los presupuestos para los centros de salud públicos provinciales.

4. Nuevas regulaciones, o cómo perseguir obras sociales sindicales

-       Desde la Superintendencia de Servicios de Salud se implementaron “auditorías integrales” a varias obras sociales sindicales para justificar la intervención de varias de ellas

-       Estas y otras medidas fueron decretadas por el Milei, violentando el derecho de defensa de las obras sociales. 

-       En ninguno de los casos se instrumentó el sumario previo para que las entidades pudieran defenderse.

-       En muchos casos, las obras sociales sindicales desconocen cómo se están tramitando los expedientes que las involucran.

-       Los supuestos incumplimientos que habrían detectado estas auditorías no alcanzarían para justificar una intervención, conforme la normativa vigente.

-       Por Resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) 102/2025 también se creó un Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes de Salud.

-       Es la propia SSSalud quien realiza los informes preliminares a fin de determinar si la obra social debe ingresar en la condición de situación de crisis.

-       La misma SSSalud aprueba o rechaza el plan de contingencia que se les exige a las obras sociales sindicales al ser declaradas en esta situación.

-       Unilateralmente, la SSSalud, determina si se cumplió o no el plan de contingencia, y resuelve si se da inicio al proceso de baja y liquidación.

Todo lo anterior nos lleva a colegir una estrategia sistemática, in crescendo, de hostigamiento, y debilitamiento patrimonial y operativo, en perjuicio de las obras sociales sindicales.

Esto, no es sino el prefacio de una estrategia mayor contra las organizaciones sindicales, en el marco de un modelo inviable que, necesita debilitar, neutralizar, o destruir, toda posibilidad de organización y solidaridad colectivas.

Por ello, es imperioso que tomemos conciencia, y nos organicemos para frenar estos procederes, defendiendo las obras sociales sindicales, los sindicatos, y la libertad sindical; afectada aquí y en muchos otros ámbitos.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación: industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, 2 de abril de 2025

2 DE ABRIL. DÍA DEL VETERANO,

EXCOMBATIENTES Y CAÍDOS DE LAS ISLAS MALVINAS

En el marco de los 43 años de iniciada la Guerra de Malvinas, como desde hace más de dos siglos, la Argentina y los argentinos, ratificamos el reclamo por el ejercicio de la plena soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. 

En este día, se rinde un sentido homenaje a todos los veteranos, excombatientes y a aquellos que perdieron la vida durante el conflicto de la Guerra de Malvinas. 

Pero hoy, en el acto homenaje, el presidente de este régimen conservador-liberal-libertario, Javier Milei; sin la presencia de los veteranos de guerra, realizó un discurso defendiendo su política destructiva del Estado, manifestando que la Argentina debe ser potencia mundial para que los habitantes de las Islas Malvinas elijan ser argentinos; contradiciendo el constante reclamo de años sobre la soberanía territorial de las Islas.

La Guerra de las Malvinas no debe ser utilizada como herramienta política para justificar intereses particulares o para generar división y confrontación.

En lugar de eso, es fundamental abordar el tema con una perspectiva diplomática y buscar soluciones pacíficas y negociadas. La recuperación de los territorios en disputa debe ser abordada a través del diálogo y la cooperación internacional, respetando la soberanía y la integridad territorial.

Es hora de dejar atrás la confrontación, externa o interna, y buscar un camino de paz y entendimiento.

La memoria de los caídos en la Guerra de las Malvinas debe ser honrada trabajando por un futuro más pacífico y próspero para todos.

Desde OND, promovemos la industrialización con justicia social defendiendo los intereses nacionales, y promoviendo un modelo de país basado en la soberanía y la independencia.

Las Malvinas fueron son y serán Argentinas. Por historia, por derecho y no porque le tengamos que agradar a nadie para recuperarlas. Recordemos con orgullo a nuestros veteranos, y no nos olvidemos fácilmente de los traidores. La Patria existe.

 LA SOBERANÍA ARGENTINA SE DEFIENDE 

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación: industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, abril de 2025

La fase 3 de Milei conlleva más condicionamientos al futuro soberano de la Argentina

 La Argentina, gobernada por el régimen conservador-liberal-libertario representado por Milei, profundiza en su tragedia con esta nueva etapa de su economía financierizada (fase 3 al decir del gobierno). Se agudiza así, la afectación de su independencia.

Con una política cambiaria disfrazada de libre flotación, un equilibrio fiscal aparente, una inflación persistente y en ascenso, una renovada y mayor dependencia, por la cada vez mayor deuda externa; se fortalece el escenario de colonialidad que, nos desangra como Nación soberana.

A esto se suma un discurso político que, lejos de aportar claridad, se aleja de los datos objetivos. El accionar de Milei, Caputo y demás integrantes de este gobierno, genera controversias no solo técnicas sino, especialmente, políticas.

La inflación en Argentina se ha disparado tras la fuerte devaluación de diciembre de 2023.

A pesar de los intentos oficiales por justificarla como una “corrección necesaria”, el resultado es una licuación masiva de salarios, jubilaciones, y ahorros en pesos.

¿Por qué sucede esto? Hay causas estructurales. Pero estas políticas no las atacan. No se sostienen en el tiempo sino con exclusión y represión.

Con el IPC anunciado para marzo con un marcado aumento de los alimentos (5,9%); y con la “flotación libre del tipo de cambio” que, genera una devaluación inmediata; la inflación vuelve a ser un problema que el gobierno disfraza.

Un esfuerzo de más de un año, que no es sino un castigo a los sectores populares; ¿para qué?

Si bien el gobierno engaña con esa supuesta “flotación libre del tipo de cambio”, no se trata sino de una nueva “flotación sucia”.

En los hechos mantiene controles, restricciones, e intervenciones del Banco Central. Se trata de:

1.     Una supuesta “libertad cambiaria” que convive con múltiples regulaciones (que sí aplica cuando le conviene a sus intereses), que distorsionan los precios relativos.

2.     Señales de una economía fragmentada sostenida en referencias y recursos ficticios.

3.     Pérdida de competitividad y productividad.

4.     Una inflación que licúa cualquier ganancia derivada de la devaluación inicial.

5.     En la práctica, un esfuerzo inútil del pueblo, que sigue sin ver mejoras en sus condiciones de vida y de trabajo.

6.     Y… un equilibrio fiscal mentiroso.

El gobierno presenta el actual superávit fiscal como un logro central, sin embargo, lo sostiene mediante un/a brutal:

1.     Licuación de partidas: ajuste sobre jubilaciones, obra pública y salarios estatales.

2.     Postergación de pagos: acumulación de deudas con proveedores, provincias y organismos públicos.

3.     Incremento del endeudamiento (avisando ya Milei que habrá más ajuste fiscal).

Hay falta de sustentabilidad por doquier.

No hay mejora estructural de ingresos ni en el crecimiento, solo recortes que concentran cada vez más la riqueza.

Aunque Milei había prometido cortar con el endeudamiento, se observa un retorno acelerado, con colocaciones de bonos de carácter temerario. Solo genera nueva deuda, reproduce el ciclo especulativo que alimenta su gobierno, y todo en beneficio de los especuladores financieros. No hay errores en cuanto se enriquece a estos sectores.

La estrategia de Caputo, similar a la aplicada durante el gobierno de Macri, por el mismo Caputo; apunta a financiar el déficit cuasi-fiscal del Banco Central con:

1.     Instrumentos para postergar pagos a importadores y contener la presión cambiaria.

2.     Profundización de la dependencia financiera y, riesgo creciente.

3.     No resolución de las causas de los desequilibrios.

Milei, a pesar de haber criticado fuertemente al Fondo Monetario Internacional (FMI) en su campaña, ha acordado con él. Lo hizo a partir de un DNU, en que se autorizó a sí mismo a endeudar más aún al país. Y los oficialismos del Congreso Nacional lo dejaron pasar.

Busca sostener un programa económico inviable: por desindustrializador y destructor del trabajo dependiente y tutelado. Así las cosas, el nuevo tramo acordado con el FMI, nos condiciona a un ajuste fiscal más severo; impulsando asimismo, reformas más precarizadoras de las realizadas hasta ahora; tanto laborales como del sistema jubilatorio.

Todo este endeudamiento no nos dejará nada en términos de inversión productiva: ni en infraestructura, ni en materia de desarrollo industrial y puestos de trabajo. Solo un endeudamiento impagable para la Argentina. Consecuentemente, menos soberanía, menos independencia y menos justicia social.

Estamos ante discursos ficticios. Tanto de Milei como de Caputo. Hipotecan  el presente y el futuro de la economía y la sociedad Argentina.

En esta línea de destrucción, sostienen un relato que intenta mostrar, mediante falacias, una engañosa situación de “éxito económico”, como:

·       "La inflación está bajando" (cuando en realidad sigue siendo alta y erosiona el poder adquisitivo de las y los trabajadores).

·       "Un equilibrio fiscal" (logrado sin reconocer los recortes extremos, sus nefastos efectos, ni su insustentabilidad).

·       "El mercado nos respalda" (cuando los bonos operan con altísimo riesgo país y bajo volumen).

El relato de Milei choca con la realidad cotidiana de la población, que enfrenta subas descontroladas en alimentos, tarifas y alquileres, en un contexto de recesión. Sin embargo, subsisten los extremos negacionistas de estas y otras situaciones.

La actual gestión económica del régimen conservador-liberal-libertario de Milei, se basa en una narrativa ideológica acorde a los intereses de minorías privilegiadas; que  entendemos como integrantes o configuradoras de una formación histórica hegemónica antinacional.

El modelo vigente marcha a convertirse en otra etapa de ajuste fallido de la historia económica argentina, por sus efectos y resultados antinacionales y antipopulares. Las políticas implementadas por Milei tienden a agravar la crisis social.

Frente a esto, desde OND, contraponemos a esta farsa con un proyecto de  “Industrialización con Justicia Social” que represente y articule una estrategia alternativa, un cambio ético  y superador, para un crecimiento económico sostenible e integrador que contribuya a la felicidad que nuestro pueblo argentino viene perdiendo cada día más. 

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación: industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, abril de 2025

La soberanía no se negocia, la dignidad no se arrodilla

Las declaraciones de Kristalina Georgieva no sorprenden, pero indignan. Desde su atril en el FMI, volvió a hacer lo que mejor sabe: dictar. Esta vez, no sólo impone recetas económicas que vacían bolsillos y multiplican el hambre, ahora también pretende señalar con el dedo quién debe gobernar nuestro país.

El Fondo no opina: presiona. No recomienda: ordena. Y siempre lo hace en la misma dirección: ajuste, entrega, castigo. Esta injerencia electoral es inaceptable. ¿Desde cuándo un organismo financiero se arroga el derecho de intervenir en decisiones que sólo competen al pueblo argentino?

Javier Milei le dio al FMI más poder del que nunca tuvo. Lo convirtió en su ministro de Economía de facto. Cedió la independencia política a cambio de obediencia técnica. Y ahora, desde Washington, se intenta legitimar este modelo de ajuste brutal y subordinación con el aval de una voz extranjera.

Pero no somos una colonia. No necesitamos avales ni bendiciones ajenas para decidir nuestro futuro. El voto argentino es libre, soberano y profundamente ganado. No vamos a permitir que se lo quiera usar como garantía de un nuevo experimento de exclusión.

La historia nos enseñó a resistir. Nos enseñó que ningún país se construye desde la sumisión. Que ningún pueblo se salva obedeciendo órdenes dictadas desde fuera. Que siempre hay que elegir: o se está con el Fondo, o se está con la Patria.

Y nosotros ya elegimos.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación: industrialización con justicia social.

Grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND)

Argentina, 1 de mayo de 2025

 El salario como trinchera: frente a la revancha clasista, defendamos la dignidad del trabajo

Este 1° de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, nos encuentra atravesando un momento crítico. Bajo el régimen conservador-liberal-libertario del gobierno de Javier Milei, asistimos a una ofensiva sin precedentes del poder económico contra los derechos laborales y sociales conquistados por generaciones de luchadores y luchadoras.

Esta ofensiva no es coyuntural. Es parte de una revancha clasista, impulsada por los sectores más concentrados de la economía, que buscan imponer una transformación estructural irreversible, subordinando el trabajo al capital y debilitando las bases mismas de la justicia social.

El salario mínimo, lejos de cumplir su función como piso de dignidad, se encuentra completamente desdibujado. Su poder adquisitivo se ha desplomado, acumulando una pérdida que supera ampliamente el 50% respecto a 2015. Esta caída es resultado de una política deliberada que busca desarticular el poder de negociación del trabajo, erosionar la función protectora del Estado y acorralar a las organizaciones sindicales.

Al mismo tiempo, la desigualdad se profundiza. Según el último informe del CELAG, la mitad de la población tiene ingresos per cápita por debajo de $383.000, y sólo un 20% accede a más de $750.000. Nos encaminamos hacia un modelo de país donde la mayoría tiene poquísimo y una minoría lo tiene todo.

Por otro lado, el gobierno subestima la inflación al emplear un método obsoleto de 2004. Esta inadecuada medición, donde el IPC de 2024 debió ser un 15% más al publicado, junto con paritarias limitadas por el gobierno, ha erosionado el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, afectando gravemente al consumo interno y a la población.

Frente a este proyecto de país, levantamos nuestra voz. Rechazamos la precarización como destino. Reivindicamos el derecho a un salario digno como base de toda vida en libertad. Y defendemos la centralidad del trabajo como principio organizador de una sociedad democrática, solidaria y justa.

Este 1° de mayo no es una efeméride más. Es un llamado a la acción, a la unidad, a la conciencia. Porque el ataque al salario no es solo económico: es un ataque a la dignidad del pueblo trabajador. Frente a quienes quieren borrar la historia de conquistas, nuestra respuesta será memoria, organización y lucha.

Estamos convencidos de un proyecto alternativo

frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación: industrialización con justicia social.