Cuando el poder convierte el insulto en una amenaza

El discurso del odio no termina en las palabras. Desde una perspectiva psicoanalítica, la estigmatización del adversario, la construcción de enemigos y la celebración de la crueldad pueden contribuir a naturalizar la violencia. Cuando quien habla es el Presidente de la Nación, el problema trasciende lo personal y compromete la convivencia democrática.

Del insulto a la deshumanización del adversario

Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, luego de conocerse su sobreseimiento en la causa $LIBRA, vuelven a poner sobre la mesa una cuestión que no puede reducirse a una polémica circunstancial ni a una discusión sobre los modales de un mandatario.

Durante un discurso en la cena de la Fundación Faro, Milei calificó de “hijos de puta” a periodistas que habían investigado el caso y afirmó que quienes considera sus adversarios “se tienen que quemar en la hoguera”. Las expresiones provocaron cuestionamientos de organizaciones periodísticas y de derechos humanos, que advirtieron sobre los riesgos de la estigmatización desde el poder.

La pregunta central no es solamente por qué un Presidente recurre a semejante lenguaje, sino qué efectos puede producir en una sociedad que escucha, reproduce, celebra o justifica esas expresiones.

En una democracia, las diferencias políticas, las investigaciones periodísticas y las críticas al Gobierno forman parte de la vida institucional. Quien ejerce el poder tiene derecho a defenderse, cuestionar informaciones y recurrir a las vías legales correspondientes. Pero existe una diferencia sustancial entre refutar una acusación y convertir a quienes la formulan en enemigos que merecerían ser castigados, expulsados simbólicamente de la comunidad o destruidos.

Cuando el adversario deja de ser reconocido como alguien con quien se discrepa y pasa a ser presentado como una persona indigna de consideración, se debilitan las condiciones necesarias para la convivencia democrática.

Una lectura psicoanalítica: el enemigo como depositario del odio

Desde una perspectiva psicoanalítica, estos discursos pueden analizarse a partir de mecanismos como la proyección, la identificación y la construcción de un enemigo externo sobre el cual se depositan frustraciones, angustias y hostilidades.

La proyección, entendida aquí como una posible clave de lectura y no como un diagnóstico del Presidente, permite pensar cómo un discurso puede ubicar sistemáticamente el origen de todos los males en un otro al que se responsabiliza de las dificultades propias. El adversario deja de ser un interlocutor legítimo y se transforma en la explicación de aquello que amenaza la identidad, las convicciones o el proyecto político del grupo.

En esa lógica, la sociedad queda dividida entre un supuesto campo de los buenos y otro de los malos. La gente de “bien” parece ser, para este gobierno, la que piensa como el líder y adhiere a sus ideas. Quienes disienten son descalificados como “kukas”, “zurdos de mierda”, “corruptos”, “traidores”, “enemigos” o responsables de impedir el destino colectivo, convirtiendo la diferencia de opinión en motivo de agresión y estigmatización.

Esta división simplifica una realidad social compleja y ofrece una respuesta emocional inmediata; si los problemas tienen un culpable claramente identificado, combatirlo puede parecer más sencillo que discutir sus causas económicas, políticas e institucionales.

El insulto cumple entonces una función que va más allá de la descarga emocional. Puede actuar como una herramienta de cohesión grupal, une a quienes comparten la hostilidad hacia un enemigo y refuerza el sentimiento de pertenencia a un grupo que se considera moralmente superior.

No se trata de afirmar que todos los seguidores de un dirigente piensan de la misma manera ni de atribuirles una patología. Se trata de comprender cómo determinados discursos pueden movilizar identificaciones colectivas y hacer que la agresión contra un tercero sea percibida como una forma legítima de defender aquello en lo que se cree.

La violencia simbólica también produce consecuencias reales

Decir que alguien debe “quemarse en la hoguera” no equivale, por sí solo, a impartir una orden literal de ejecución. Esa distinción importa. Pero tampoco alcanza con refugiarse en la idea de que se trata de una metáfora para desentenderse de sus posibles efectos.

Las palabras tienen un contexto, un emisor, un destinatario y una audiencia. No producen automáticamente una conducta violenta, pero pueden contribuir a construir un clima en el que determinadas agresiones comiencen a percibirse como justificadas.

Cuando una figura con enorme visibilidad pública señala a personas concretas, las insulta y utiliza imágenes de castigo extremo, puede exponerlas a una mayor hostilidad. Algunos integrantes de su audiencia podrían interpretar ese mensaje como una autorización moral para hostigar, amenazar o agredir a quienes fueron identificados como enemigos.

No significa que toda persona que aplaude estas expresiones vaya a cometer una agresión. Significa que existe una responsabilidad política y social en la manera en que se construyen los límites de lo aceptable.

La violencia simbólica puede preparar el terreno para la violencia material cuando contribuye a despojar al otro de su condición de semejante, cuando presenta el sufrimiento ajeno como merecido o cuando transforma la crueldad en una demostración de fortaleza.

La historia ofrece suficientes advertencias sobre los peligros de los discursos que primero estigmatizan, después deshumanizan y finalmente presentan el castigo contra determinados grupos como una necesidad colectiva. No toda expresión agresiva conduce a ese desenlace, pero ninguna sociedad debería esperar a que la amenaza se concrete para preguntarse qué está legitimando.

¿Por qué una parte de la sociedad puede avalar estos discursos?

Una cuestión especialmente inquietante es que estos mensajes no necesariamente generan rechazo. En determinados sectores pueden despertar entusiasmo, identificación e incluso satisfacción.

¿Por qué sucede?

En momentos de incertidumbre, malestar económico o desconfianza hacia las instituciones, una parte de la sociedad puede encontrar en un líder confrontativo una figura que expresa una rabia que siente propia. El insulto puede vivirse como una forma de revancha; la humillación del adversario, como una victoria personal; y la ausencia de piedad, como una señal de decisión y fortaleza.

Desde la psicología de las masas, también puede analizarse cómo la identificación con un líder modifica la percepción de sus actos. Una conducta que sería considerada inaceptable en otra persona puede justificarse cuando proviene de alguien con quien se comparte una identidad política. El juicio crítico queda desplazado por la lealtad, mientras que la hostilidad dirigida contra el enemigo se experimenta como una defensa del propio grupo.

En ese proceso aparece una paradoja, quienes reclaman libertad pueden terminar tolerando la intimidación de quienes piensan diferente; quienes exigen justicia pueden celebrar la humillación pública de sus adversarios; quienes denuncian la violencia de otros pueden minimizarla cuando proviene de su propio espacio político.

El problema no consiste en que una sociedad tenga conflictos o pasiones políticas. El conflicto es inherente a la democracia. El problema aparece cuando la pertenencia a un grupo se convierte en una justificación suficiente para suspender los principios éticos que deberían regir para todos.

La responsabilidad de quien habla y de quien escucha

La palabra de un Presidente no tiene el mismo peso que la de cualquier ciudadano. La investidura presidencial implica una responsabilidad particular porque sus expresiones adquieren visibilidad, autoridad simbólica y capacidad de influir sobre el clima de la discusión pública.

Esa responsabilidad no significa que un mandatario deba evitar toda confrontación ni que deba estar exento de críticas. Por el contrario, la posibilidad de cuestionar al poder es una condición esencial de la democracia. Significa que la confrontación debe sostenerse sin convertir a quienes disienten en sujetos merecedores de violencia.

Pero la responsabilidad no termina en quien pronuncia el discurso. También interpela a quienes lo reproducen, lo celebran o lo justifican sin preguntarse por sus consecuencias.

Cuando alguien escucha que determinadas personas merecen ser quemadas en una hoguera y responde con aplausos, risas o aprobación, puede contribuir a desplazar el límite de lo socialmente aceptable. La repetición vuelve familiar aquello que inicialmente podría haber causado rechazo; la familiaridad puede convertirse en tolerancia y la tolerancia, en determinadas circunstancias, en justificación.

Por eso, la pregunta no es únicamente qué quiso decir el mandatario. También debemos preguntarnos qué hacemos nosotros con esas palabras, qué valores ponemos en juego cuando las celebramos y qué clase de sociedad ayudamos a construir al convertir el agravio en una forma habitual de intervención política.

Una democracia no puede naturalizar la crueldad

El régimen conservador-liberal-libertario, que encabeza Milei, puede y debe ser discutido por sus ideas, sus decisiones económicas, sus políticas públicas y sus consecuencias sociales. Esa discusión requiere argumentos, información, organización y participación democrática. No necesita reproducir la misma lógica de deshumanización que se cuestiona.

El psicoanálisis no ofrece una explicación única de los fenómenos políticos ni permite diagnosticar a un dirigente a partir de un discurso. Sí aporta herramientas para reflexionar sobre la agresividad, las identificaciones colectivas, la construcción de enemigos y las formas en que las personas pueden encontrar satisfacción en la humillación de otros.

La cuestión de fondo es ética y política: ¿qué sucede cuando la crueldad deja de ser motivo de vergüenza y comienza a exhibirse como una virtud? ¿Qué ocurre cuando la falta de piedad se presenta como una obligación moral y el castigo del adversario como una forma de justicia?

Una sociedad democrática no se define por la ausencia de conflictos, sino por su capacidad para procesarlos sin negar la dignidad de quienes piensan diferente. La libertad de expresión protege la crítica, la denuncia y la confrontación; no obliga a considerar inocuas todas las palabras ni impide cuestionar la responsabilidad de quien las pronuncia.

No hace falta que una amenaza se convierta en una agresión física para que debamos tomarla en serio. Tampoco hace falta que todos quienes aplauden un discurso violento estén dispuestos a llevarlo a la práctica para reconocer el riesgo de su normalización.

Cuando el poder transforma el insulto en una herramienta de gobierno, el odio en una forma de pertenencia y la crueldad en una señal de fortaleza, el problema deja de ser exclusivamente el comportamiento de un dirigente. Se convierte en una pregunta sobre nuestra responsabilidad colectiva.

Porque ninguna sociedad se vuelve más libre cuando aprende a odiar sin culpa. Y ninguna democracia sale fortalecida cuando la destrucción simbólica del adversario empieza a presentarse como una virtud política.